La reclusión de Ildefonso Zamora, indígena tlahuica, se ha prolongado por tres meses. Aunque el defensor de los bosques enfrenta un proceso jurídico plagado de irregularidades, faltas al debido proceso y violaciones a los derechos humanos, las autoridades del Estado de México lo mantienen preso.

Ildefonso Zamora, quien desde hace 18 años ha enfrentado a los talamontes, fue detenido arbitrariamente el 20 de noviembre de 2015 sin una orden de aprehensión. El Ministerio Público de Tenancingo lo acusa de robo. Ninguna autoridad le notificó que desde 2012 existía una averiguación en su contra.

Es por ello, que Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Greenpeace exigen a Eruviel Ávila, gobernador de la entidad, la inmediata liberación del líder indígena. A Alejandro Gómez Sánchez, procurador General de Justicia del Estado de México, lo instan, en tanto, a desistirse de los falsos cargos fabricados al defensor ambiental.

A decir de ambas organizaciones, resulta imposible que el defensor ambiental haya cometido el robo que se imputa, puesto que él se encontraba en otro lugar el día en que, se supone, ocurrieron los hechos delictivos.

En un comunicado el Centro Prodh y Greenpeace manifiestan que “el caso de Don Ildefonso Zamora es [más bien] un ejemplo más de la criminalización de los activistas ambientales y defensores de derechos humanos, quienes no solo hacen frente al crimen organizado sino también a los aparatos del Estado que son utilizados para reprimir sus labores”.

A Ildefonso, su labor de defensa de los bosques San Juan Atzingo le ha costado más que la libertad. En 2015, su hijo Misael fue detenido arbitrariamente por militares; ocho años antes, su hijo Aldo Zamora fue asesinado por los talamontes, crimen que se mantiene en la impunidad.