Fotos: Gerardo Magallón

Santiago de Chile. 26 de noviembre. Una nueva huelga general volvió a paralizar el país, al tiempo que desde temprana hora comenzaron a inundarse las calles de los diferentes sectores de la población que reclaman, más allá de un pacto partidario, una Asamblea Constituyente que modifique en su totalidad la Constitución neoliberal pinochetista, que condicionó la profunda injusticia social en Chile durante las últimas cuatro décadas.

En el día 39 de la revuelta popular, lejos de disminuir la protesta social, se ha incrementado, al igual que la represión del Estado a cargo de los carabineros, aquí conocidos como ¨pacos¨, a quienes va dirigida la mayor parte de los insultos durante las manifestaciones.

La ahora llamada Plaza de la Dignidad, antes conocida como Plaza Italia, es desde la mañana centro de reunión de trabajadores de la construcción, la salud, la educación, el transporte, las comunas y un largo etcétera que avanza sobre la Alameda hacia el palacio presidencial de La Moneda, que se encuentra ciertamente resguardada por las fuerzas especiales de la policía.

La manifestación es festiva. Los automovilistas hacen sonar sus claxon en señal de apoyo, mientras el ruido de los silbatos inunda las calles. La gente baile al ritmo de las cacerolas, mientras cientos de personas voluntarias reparten agua y comida gratuita. Es la fiesta de la solidaridad en un país en el que se acuñó, quizás como en ningún otro, el culto al individualismo. La gente recuerda el ambiente que se vivió en Chile antes y durante el gobierno socialista de Salvador Allende.

Los pensionados son infaltables en las movilizaciones, al igual que los jóvenes de secundaria, quienes el 18 de octubre pasado le recordaron a este país que este modelo los excluye.

Por la Alameda no hay un pedazo de pared sin pintas. Tampoco banquetas, pues con mazos han sido destruidas para sacar de ahí las piedras para el combate. Resorteras profesionales son ahora lo que se vende en las esquinas, al igual que máscaras antigases. Contingentes de voluntarios reparten agua, bicarbonato y tapabocas a lo largo de toda la marcha. Unos se enfrentan a los carabineros y otros los cubren.

Las calles hablan su propio idioma, mientras Gonzalo Blumel, ministro del Interior, invitó a los integrantes de la Unidad Social (principal agrupación de fuerzas sociales) a iniciar un diálogo, pues a casi mes y medio del estallido les ha quedado claro que al parecer no es con la clase política con quien pueden pactar.

Pero el gobierno reprime mientras llama al diálogo. Esta semana el presidente Sebastian Piñera envió a al Congreso un proyecto de ley que permitiría el uso de las fuerzas armadas para salvaguardar infraestructura de servicios básicos, lo que justificaría el uso del ejército sin decretar Estado de emergencia.

Por su parte, el director ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, entregó formalmente a Piñera el informe sobre lo observado por el organismo en Chile y que denuncia «graves violaciones de derechos humanos» por parte de los carabineros.

En el documento se establece que «miembros de la policía nacional de Chile cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención», luego de las masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre.

Human Rights Watch también apuntó que «factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos».

El informe de HRW incluye «evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión».