La toma de decisiones sobre el Proyecto Hidrovía Amazónica (PHA) –cuyas audiencias públicas se vienen realizando esta semana en el marco de la evaluación de su Estudio de Impacto Ambiental-, está poniendo a prueba la capacidad técnica e institucional del Estado peruano para la toma de decisiones.
Este proyecto, concesionado en el 2017 a la concesionaria COHIDRO por 20 años para mejorar la navegabilidad en 2687 km de los ríos Amazonas, Ucayali, Huallaga y Marañón, así como alentar la importación y exportación de productos con Brasil, fue declarado de necesidad nacional en el año 2008, sin que para entonces existieran estudios completos sobre su viabilidad económica, ambiental y social.
Ya los Términos de Referencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), incluidos en el contrato entre el Estado y COHIDRO, tuvieron vacíos importantes, tales como la falta de definición de métodos para la evaluación cuantitativa de impactos, la falta de definición de las áreas de influencia, de análisis de los efectos del proyecto en la morfología y la dinámica de los ríos a lo largo del tiempo, métodos de evaluación de alternativas, efectos del proyecto en los ecosistemas -incluyendo zonas inundables, fauna acuática y áreas protegidas-, los efectos acumulativos, sinérgicos, salud y seguridad alimentaria de las comunidades locales.
A pesar de ello, el SENACE indicó que el EIA cumplía con los Términos de Referencia y lo admitió para evaluación en mayo, aun sin haberse concluido el Estudio Definitivo de Ingeniería, el cual debería aportar información esencial para evaluar los impactos del proyecto. Es decir, el EIA carece de información técnica de fundamental importancia para analizar los impactos del proyecto y definir medidas de manejo ambiental y social.
Por otro lado, el Perú no tiene un marco legal para el dragado, el manejo ni disposición de material dragado. Según los cálculos incompletos y poco claros del EIA, durante los 20 años de vida de la hidrovía se dragarían por lo menos unos 34 millones de metros cúbicos de sedimentos de los cuatro ríos que alcanza el proyecto, los que serían vertidos nuevamente en estos. En consecuencia, la falta de información técnica en el EIA implica una gran incertidumbre sobre los efectos del proyecto en la riqueza y diversidad de peces, ecosistemas, áreas protegidas y comunidades que dependen de los ríos amazónicos para sobrevivir.
Preocupa además que el EIA propone invertir apenas entre S/ 38 mil y S/ 62 mil soles anuales para la protección de recursos hidrobiológicos, los que serían afectados en gran medida por el proyecto. Esto equivale solo a unos $120 dólares mensuales para cada una de las trece zonas de dragado. En cuanto a los beneficios sociales, el PHA propone solamente 164 puestos de trabajo, de los cuales apenas 39 puestos en 20 años son para la mano de obra local.
En suma, hay ausencia de un marco legal y de una base de conocimientos para tomar una decisión informada sobre los impactos potenciales del PHA. Debemos alentar el desarrollo, pero no permitir la improvisación y ni dejar para después los estudios y evaluaciones necesarios para tomar una decisión informada. Esto puede tener graves consecuencias para todos los peruanos.
*Mercedes Lu es PhD y miembro de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW).
Publicado originalmente en InfrAmazonia
