La Caravana Humanitaria por la Vida y la Permanencia en el Territorio navegó por el río San Juan (Chocó) la segunda semana del mes de octubre, visitando algunas de las comunidades negras e indígenas del Medio y Litoral San Juan. Durante su recorrido evidenció las condiciones de vida, así como la grave crisis humanitaria que atraviesa esta subregión del departamento del Chocó.

Las condiciones de extremo empobrecimiento en las que viven las comunidades y el escalamiento del conflicto armado desde agosto de este año fueron elementos que impactaron a las distintas organizaciones sociales, de Derechos Humanos y medios de comunicación que participaron de la Caravana.

Desde hace varios meses este territorio ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército colombiano, los paramilitares de las AGC, la insurgencia del ELN y más recientemente las disidencias de la FARC. “Las denuncias recibidas relacionadas con el desplazamiento interno y confinamiento evidencian que estas situaciones son consecuencia directa de los enfrentamientos entre los actores, así como la militarización de los territorios”, asegura la comisión de Derechos Humanos en el informe final de la Caravana.

Sumado a esto, las comunidades denunciaron que el Estado colombiano nunca ha garantizado el acceso a derechos básicos fundamentales como salud, educación, cultura o deporte. Al contrario, su presencia en la región se ha limitado al despliegue de las fuerzas militares, como ocurrió en el 2018 con la creación de la base militar No. 26 en el corregimiento de Noanamá; esta se ubicó sin que existiera una consulta previa, libre e informada en este territorio colectivo de comunidades negras.

Según las comunidades, los integrantes del Ejército han hostigado y retenido a los pobladores, además de que estarían trabajando mancomunadamente con los grupos paramilitares presentes en el territorio, como también se ha denunciado en otros lugares del país.

Este desinterés por parte de otras instituciones del Estado fue evidenciado por la Caravana Humanitaria, pues ni la Defensoría del Pueblo, ni la Procuraduría, ni la Gobernación, ni las Alcaldías de los municipios, asistieron a las acciones programadas durante el recorrido. Solo la Alcaldía de Istmina acudió durante pocas horas a la jornada del 15 de octubre en Noanamá.

A este panorama se suma el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional con el capitulo étnico del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc, así como el incumplimiento de las obligaciones legales que tiene contraídas en diferentes Tratados Internacionales. Un ejemplo es la Ley 70 de 1993 que reconoce derechos específicos para las Comunidades Negras.

Las reivindicaciones y propuestas de las comunidades

Quienes habitan este territorio comunicaron a la Caravana algunas de sus exigencias:

Por un lado,exigieron a la fuerza pública y al resto de los actores armados que no las involucren en el conflicto, y les piden la no suplantación de un grupo armado contrario, lo cual agudiza el conflicto y crea confusión en la población al momento de diferenciar a los actores. Además, exigen el respeto de las Zonas Humanitarias y Comunidades de Paz que se derivan de las iniciativas de la comunidad.

Por otro lado, exigieron al Gobierno Nacional el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana Cuba, que se retiren las bases militares que se encuentran ubicadas junto a las poblaciones, especíalmente la de Noanamá, y que se levanten las restricciones de movimientos a los pobladores.

Las comunidades ribereñas además hicieron énfasis en la importancia de que se les reconozca como un actor comunitario étnico no armado, respetando la integridad de sus miembros, así como la autonomía de sus territorios ancestrales y de sus vidas, y el reconocimiento de las Juntas de los Consejos Comunitarios como máxima autoridad en los territorios, en el marco del Gobierno Propio.

Por último, también exigieron a las entidades gubernamentales de orden local y regional la implementación de medidas efectivas de prevención del desplazamiento y rutas de acción para la población que ya ha sido desplazada de forma forzosa, así como la que ha quedado confinada.

Las comunidades no solo le hablaron a las instituciones y actores armados, sino que también hicieron un llamamiento a la sociedad civil a “para que se sumen a próximas actividades, que incluyan la veeduría respecto al cumplimiento de los derechos humanos y mejorar las condiciones materiales de vida de una población sometida a condiciones de extrema pobreza ante la dejación del Estado en su obligación de atender estas necesidades básicas y universales”, manifestaron en el informe final.

Este material se comparte con autorización de Colombia Informa