Fotos: Teia dos Povos
“En estos tiempos, lo importante es que ya no hay ilusiones y la pedagogía de la insurgencia está formando una nueva generación de jóvenes indígenas guiados por los rezadores y rezadoras”, señalan miembros de Teia dos Povos que acompañan las recuperaciones de tierras (retomadas) de los Kaiowá y Guarani, en la región de Douradina, Mato Grosso do Sul, donde el agronegocio está en guerra con los pueblos originarios.
La Teia dos Povos se define como una articulación de comunidades, territorios, pueblos y organizaciones políticas, rurales y urbanas, integrada por pueblos ribereños, pueblos originarios, quilombolas, sin tierra, sin techo y pequeños agricultores en núcleos de base con el objetivo de formular caminos de emancipación colectiva. Se trata de una Alianza Negra, Indígena y Popular.
“Estamos en la frontera oeste, en Mato Grosso do Sul, cerquita del ombligo del mundo, como dicen los Kaiowá. Nacimos en el corazón de las casas de reza; en las retomadas de territorios ancestrales, los tekoha; en el fuego de las luchas de pueblos que habitan el cono sur del estado y elevan sus mbaraka y takuapu, instrumentos sagrados”, añaden los interlocutores que no dan sus nombres por razones de seguridad, ya que habitan una región donde los hacendados y la policía atacan sistemáticamente a quienes apoyan a las comunidades.
¿Por qué las comunidades Kaiowá y Guaraní están realizando retomadas en Douradina, cerca de Dourados? ¿Qué los llevó a esa decisión?
Las retomadas ocurren de modo más sistemático desde finales de los años 70 e inicio de los 80, después de la formación de la Aty Guasu, la gran asamblea de los pueblos, una organización de consejos de base que es el principal organismo de decisión colectiva. Vivíamos la dictadura empresarial-militar (1964-1985), responsable por el asesinato de más de ocho mil indígenas según la Comisión Nacional de la Verdad (CNV).
La dictadura profundizó la destrucción de largas porciones de selva y del bioma en Mato Grosso do Sul, en especial en el cono sur –donde se localiza parte del territorio ancestral Kaiowá y Guarani– para abrir camino a los monocultivos de soja y maíz transgénico. Sin embargo, el proceso de desterritorialización es más antiguo y viene desde la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, pasando por la concesión de 5 millones de hectáreas de tierras a la Compañía Matte Larangeira, que esclavizó a los indígenas en las plantaciones de hierba mate.
En las décadas de 1910 y 1920 fueron creadas ocho Reservas Indígenas por el extinto Servicio de Protección al Indio (SPI) para confinar a los Kaiowá y Guarani y permitir el avance de la colonización. Esto se intensifica en la década de 1940 con la política de migración de colonos del sur del país para la región, donde se establecieron en haciendas ganaderas. Solamente en 1988, con la Constitución Federal, se reconocen los derechos indígenas a su territorio.
La promesa de demarcación de las tierras indígenas nunca se cumplió y fueron utilizadas como moneda de cambio por los distintos gobiernos según sus intereses vinculados al extractivismo. El neodesarrollismo del gobierno del Partido de los Trabajadores es una farsa porque profundizó la represión y el paramilitarismo alineados con megaproyectos y expansión de monocultivos, ganadería, minería y las demás formas de extractivismo en las tierras indígenas. En Mato Grosso do Sul, los 2000 fueron el boom de la caña de azúcar, seguido por la soja y el maíz transgénico. Es uno de los estados con mayores niveles de intoxicación por agrotóxicos y de violencia en contra los pueblos indígenas.
Muchos pueblos intensificaron las retomadas y autodemarcaciones, como los Pataxó y Tupinambá en Bahia, los Munduruku en Pará, los Kaingang y Mbya Guarani en el sur y São Paulo, los Anacé en Ceará, los Kaiowá y Guarani en Mato Grosso do Sul. Porque la parálisis total de las demarcaciones rompe con promesas del gobierno federal y mantiene a los pueblos rehenes de una espera interminable mientras la agudización de la violencia latifundista profundiza la concentración de tierras. Los pueblos están ante la necesidad de fortalecer las acciones y organizaciones autónomas para recuperar tierras.
En de Mato Grosso do Sul, las nuevas retomadas empezaron en julio. Fueron cinco retomadas coordinadas y los terratenientes articularon ataques inmediatos también coordinados que provocaron heridos. El cuadro de violencia empeoró a lo largo de los días porque los terratenientes montaron un campamento a 50 metros de la retomada y desde ahí hay hostigamientos constantes.
Las retomadas reivindican un territorio ancestral de 12.196 hectáreas, ya reconocido por el Estado brasileño pero paralizado por el ritual burocrático hace más de diez años.
Las resistencias se ampliaron por un posicionamiento digno de los Kaiowá y Guarani en contra cualquier forma de negociación de la tierra, y se mantienen firmes aunque en un clima de guerra permanente. Las mujeres son una fuerza muy importante de este proceso de retomada, en especial las nhandesy, rezadoras y guardianas de los conocimientos ancestrales, que mantienen viva la llama y la fuerza del pueblo para esta gran revuelta indígena. Es importante decir que las retomadas no recuperan solamente la tierra, sino todo un conjunto de modos de vivir y relaciones que son establecidas en el territorio entre diferentes seres. Las retomadas son una manera de recuperar la vida en toda su complejidad, acorde con los modos de existir orientados por los antiguos en el ava reko, modo de ser Kaiowá y Guarani.
La acción represiva conjunta entre terratenientes, sicarios, seguridad privada y policías es un modus operandi desde las primeras retomadas, que responde a las demandas de la acumulación capitalista para los territorios, que son un objetivo de los inversores y las grandes empresas que operan las cadenas de extracción y saqueo.
En las recientes retomadas en Douradina pasa algo semejante, con participación directa de la Fuerza Nacional –policía especial creada en el primero gobierno Lula -, que en realidad cumple una clara función contra-insurgente. Fueron enviados a Mato Grosso do Sul por el gobierno federal para, supuestamente, mediar en el “conflicto” por 90 días. Las denuncias de los indígenas demostraron alianzas entre terratenientes y la Fuerza Nacional minutos antes de los ataques del día 3 de agosto, lo que resultó incluso en el cambio de comandancia en la región.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas se sumó al pedido de ampliación del efectivo de la Fuerza Nacional, resultando en la militarización total del territorio de Dourados y Douradina, provocando un estado de excepción no declarado y diversas persecuciones contra indígenas y sus apoyos. En la región también tieen presencia el Movimiento Invasión Zero, vinculado al Frente Parlamentario Invasión Zero y políticos bolsonaristas que actúan como agromilicias y financian los campamentos armados.
En el apoyo a los indígenas están los colectivos y liderazgos de territorios Kaiowá y Guarani que aunaron fuerzas con las retomadas de Douradina. La asamblea de las mujeres Kaiowá y Guarani y la asamblea de la juventud cumplieron un rol imprescindible. También encontraron solidaridad de los movimientos sociales (por ejemplo, el MST, que también sufrió ataques en un campamento en Dourados días después de los indígenas), colectivos autónomos, medios independentes, sindicatos, movimiento estudiantil, el CIMI (Consejo Indigenista Misionario), grupos de agroecología, antropólogos, abogados populares, psicólogos y médicos populares, profesores, organizaciones de derechos humanos y otros.
¿Cómo ven la actitud del Ministerio de Pueblos Indígenas (Sonia Guajajara), o sea del gobierno Lula? ¿Por qué los pueblos se oponen a la negociación?
Asumió un rol de conciliación y mediación entre intereses del gobierno –por lo tanto de los terratenientes – y los intereses de los pueblos, no tiene intención de garantizar el cumplimento ni de los derechos indígenas ni de sus demandas políticas. Por lo tanto, actúan por medio de pequeñas concesiones sin alterar o poner límites reales a la configuración del latifundio y del extractivismo. El propio ministerio, en el caso de las retomadas de Douradina, enfocó su propuesta desde los “gabinetes de crisis” en la militarización del territorio con la Guardia Nacional como medida de urgencia.
El ministerio no tiene casi ninguna atribución concreta para la principal reivindicación de los indígenas, o sea, la demarcación de sus tierras ancestrales. En general lo que percibimos es que el ministerio trata de hacer articulaciones inter-ministeriales e institucionales, así como diálogos entre unidades federativas, incluso en Mato Grosso do Sul con el gobierno del estado que es un representante del agronegocio, elegido en coalición con el PT. Personas que lo integran que vienen del movimiento indígena nacional – la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil -, tienen que cumplir una extensa agenda burocrática y sin vínculos con el territorio y sus necesidades cotidianas. Por eso terminan por perderse en la política de arriba, se encandilan con los modos de arriba y ahí se pierde mucho.
Entonces, lo que tenemos efectivamente es un ministerio y un gobierno que buscan negociaciones entre indígenas y terratenientes con el objetivo de la pacificación, lo que para nosotros y los pueblos no es bueno. Están intentando negociar la madre tierra, y nuestra madre y nuestra dignidad no se venden. El gobierno Lula intentó proponer la venta de tierras para compensar la no demarcación, y el movimiento indígena a nivel regional y nacional ya dijo que no.
El presidente hizo esta propuesta en un gran evento con los políticos del latifundio en uno de los más grandes frigoríficos de América Latina, mientras prometía aumentar la exportación de carne para China. Al mismo tiempo que los latifundistas quieren “paz en el campo” – y lo están buscando mediante las armas -, el gobierno y sus instituciones también discursean sobre esta paz ilusoria. Pero el pueblo ya está decidido y no va a negociar el territorio ancestral. Estas ilusiones son muestras de las lógicas estadocéntricas que cree en algún tipo de conciliación posible entre dos mundos que están en guerra.
Al parecer a mayor parte del movimiento indígena (APIB) está cerca de romper abiertamente con el gobierno. ¿Es así?
La APIB ya anunció su ruptura con el gobierno y este proceso se profundiza ahora en el contexto del nuevo juicio de la ley de Marco Temporal[1], llamado de “audiencia de conciliación”. Esta amenaza jurídico-política se concretó por medio de una ley en el Congreso Nacional, dominado por los terratenientes. El gobierno propuso vetos parciales pero permitiendo el extractivismo en tierras indígenas. Ni el veto parcial fue acepto y así volvió al Supremo.
El movimiento indígena anunció su retirada de la mesa si el gobierno no derriba inmediatamente los efectos de la ley de Marco Temporal, lo que no está pasando. De esta manera, puede ser que, al regresar la negociación, ya no exista presencia indígena en el juicio que va deliberar sobre el futuro de todas las tierras indígenas del país.
Todavía es temprano para decir que va pasar, pero no se trata de concesiones, sino de un proceso político estratégico de los indígenas que lo hacen sin ilusiones y sin esperar absolutamente nada del Estado, como reafirman constantemente en las retomadas. Ya no es posible mantener las tensiones y contradicciones bajo la carpeta. Las nuevas retomadas demuestran en la práctica el profundo significado de esta ruptura.
¿Qué sigue luego de la ruptura o el alejamiento del gobierno?
La lucha sigue. El movimiento indígena no va a retroceder. Es un momento de avance general de retomadas alrededor del país y con fuerza especial en las rezas y caminos de los Kaiowá y Guarani. Pero también pensamos que la lucha por territorio, tierra y autonomía nunca cesó, con ruptura o sin ruptura formal: la APIB, de hecho, no es gobierno ni responde por una relación formalmente establecida con el Estado.
Las retomadas existen desde que el primer colonizador expulsó gente de su tierra. En estos tiempos, lo importante es que ya no hay ilusiones y la pedagogía de la insurgencia está formando una nueva generación de jóvenes indígenas guiados por los rezadores y rezadoras. En tiempos de catástrofes, recuperar la tierra de la destrucción desenfrenada de los monocultivos abre espacio para que retornen los brotes de rebeldía, del maíz blanco y las selvas incendiadas, mientras se agotan las vías institucionales. Los pueblos abren los caminos en las encrucijadas para la inevitable primavera anti-colonial que ya empieza a florecer sus primeros brotes de liberación.
[1] Establece que los pueblos y comunidades indígenas solo tienen derecho a reclamar las tierras que ocupaban cuando se promulgó la Constitución Federal de 1988, y por lo tanto no reconoce la cantidad de veces que fueron desplazados de sus territorios de manera forzada.
