La fuerte tradición caudillista que impera en América Latina desde los tiempos de Simón Bolívar ha conducido a una permanente tensión entre el espacio civil y el ámbito militar en la historia reciente latinoamericana. Es conocido que el siglo XX fue especialmente virulento en ese sentido, con golpes de Estado constantes que dieron paso a procesos dictatoriales impulsados por líderes militares de diverso signo y procedencia.

El siglo XXI ha visto, afortunadamente para la salud democrática de la región, cómo se ha reducido notablemente la cantidad de intentos de toma del poder político por vía armada. Sin embargo, tentativas fallidas como las sucedidas en Venezuela en 2002, Honduras en 2009, Ecuador en 2010 o Bolivia en 2019 nos invita a concluir con que aún existen ciertos reductos dentro del estamento militar que confían en esta fórmula de toma del poder político.

En pocas horas, la gran mayoría de los presidentes y cancilleres de la región se manifestaran en defensa de la democracia y del orden constitucional boliviano

El último intento de subvertir el orden constitucional por vía militar en la región se produjo este miércoles 26 de junio en Bolivia, con “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército”, en palabras del presidente Luis Arce en la red X —anteriormente Twitter—. Estas unidades estaban dirigidas por el general Juan José Zúñiga, comandante general del Ejército boliviano destituido tras una confrontación directa con el expresidente Evo Morales, donde criticó la injerencia del exmandatario boliviano y reivindicó el papel del ejército como “el brazo armado del pueblo”.

Los sucesos del miércoles 26 de junio generaron un clima de alta tensión, con el intento por parte de los militares de acceder por la fuerza al Palacio Quemado, sede de la presidencia boliviana, provocando una imagen que pasará a la historia latinoamericana cuando el presidente Arce ordenó frente a frente al general Zúñiga a que abandonaran sus intenciones y detuvieran su operación. La impresión transmitida por los militares implicados fue de una organización sin objetivos definidos y articulada de una forma improvisada y sin un respaldo de los distintos poderes —político, empresarial o mediático— que configuran la sociedad boliviana.

La experiencia histórica muestra que para que un golpe de Estado triunfe, y más en en el marco de las democracias latinoamericanas del siglo XXI, es necesario que se cumplan una serie de condiciones previas que en ningún caso parecían estar presentes en el movimiento del general Zúñiga. En primer lugar, esta facción del ejército no contaba con apoyo popular de ningún tipo. Bolivia es un país con una cultura democrática robusta, que cuenta con una base popular heterogénea y una estructura política muy descentralizada. Estos factores sociopolíticos, junto con otros, dificultan un potencial éxito de intentonas golpistas en un país que lucha por dejar atrás su tradición militarista, muy presente durante el siglo XX. En este caso, los propios dirigentes bolivianos instigaron a la sociedad civil a movilizarse en defensa del orden constitucional y la democracia, desembocando en tensiones entre manifestantes y el ejército en algunos enclaves urbanos que se saldaron felizmente sin víctimas mortales.

Por otro lado, para que se materialice el éxito de un golpe de Estado militar resulta clave contar con un cierto apoyo internacional. Durante el periodo de las dictaduras de finales del siglo XX, países ya inmersos en procesos dictatoriales apoyaban —con el beneplácito de Estados Unidos en el marco de su Plan Cóndor— la instauración de regímenes militares en distintos países de la región. Hoy, sin embargo, América Latina y el Caribe es una región que, si bien está sufriendo un proceso de erosión democrática, cuenta con algunas de las democracias más consolidadas del mundo. En suma, las propias instituciones regionales como CELAC, UNASUR o la OEA establecen como principio rector la defensa de la democracia. Esta creencia compartida implicó que, en pocas horas, la gran mayoría de los presidentes y cancilleres de la región se manifestaran en defensa de la democracia y del orden constitucional boliviano, condenando la indefinida operación militar liderada por Zúñiga.

Especial mención merece el comunicado de Luis Almagro, presidente de la OEA, involucrado en el intento de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro entre los años 2017 y 2019, y que también reconoció su participación en el intento de golpe de Estado en Bolivia en 2019 contra Evo Morales. Más allá del doble rasero y la incoherencia discursiva, es de celebrar el regreso de la OEA y de Luis Almagro en particular a la senda de la defensa de la democracia y a la firme condena de los intentos violentos de toma de poder político. Por otro lado, Jeanine Áñez, beneficiaria del contubernio político ocurrido en 2019 alzándose con la presidencia interina condenó, esta vez sí, el movimiento militar encabezado por Zúñiga. De esta manera, el conjunto de la comunidad internacional y los diferentes actores políticos bolivianos expresaron su firme disposición de defender al presidente Arce y la democracia boliviana.

La experiencia de este intento de golpe fallido en Bolivia debe servir como advertencia de los riesgos vinculados a una creciente presencia militar en la vida política de las sociedades latinoamericanas

Además de la ausencia de apoyo popular e internacional, este movimiento liderado por Zúñiga parecía contar con una participación minoritaria del sector militar y policial. En este caso, las investigaciones concluirán cuál era el grado de implicación de los distintos estamentos militares, pero la sensación transmitida es que no se trató de un movimiento orquestado ni mayoritario dentro del conjunto de las Fuerzas Armadas.

En cualquier caso, la región latinoamericana se encuentra en un proceso de progresiva militarización de su vida pública —como respuesta a la demanda ciudadana en materia de seguridad—, que implica que el ejército ocupe de forma paulatina puestos de responsabilidad en los procesos de decisión política. De este modo, la experiencia de este intento de golpe fallido en Bolivia debe servir como advertencia de los riesgos vinculados a una creciente presencia militar en la vida política de las sociedades latinoamericanas.

Bolivia es un país que está sufriendo una desaceleración de su economía tras más de una década de crecimiento continuado. Las diferencias campo-ciudad, la “emergencia indígena” o las tensiones políticas internas en el movimiento MAS entre el presidente Arce y el expresidente Morales aparecen como elementos desestabilizadores que dificultan la gobernabilidad del país. En suma, Bolivia se está convirtiendo en un enclave geopolítico estratégico por sus grandes reservas de litio, material clave en la producción de dispositivos tecnológicos, convirtiéndose en un componente altamente demandado en el mercado internacional, lo que puede afectar de algún modo a la soberanía del país.

Algunos analistas han vinculado el motivo del golpe a esta causa, mientras que el propio general Zúñiga ha acusado al presidente Arce de haber articulado todo este movimiento para aumentar su popularidad. En fin, las investigaciones concluirán cuál es el origen y motivaciones del golpe, que en principio tuvo como voluntad, en palabras de su instigador, de modificar el gabinete de gobierno, para posteriormente señalar que se trataba de una muestra de descontento por la situación política del país. El saldo que deja este suceso invita a la preocupación por la escalada de tensión política que se viene produciendo en la región, sin embargo, es de celebrar la contundente y unánime respuesta democrática tanto del pueblo boliviano como del conjunto de la comunidad internacional.

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