La brutalidad policíaca desplegada contra los Normalistas de Ayotzinapa el pasado miércoles 11 de Noviembre en la carretera Chilpancingo – Tixtla, “constata el patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que impera en Mexico, especialmente doloroso en Guerrero”, concluyó Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos del montaña tras haber recabado información sobre lo sucedido.

En un informe difundido este jueves, exigen al Estado mexicano “procesar y sancionar a los Policías estatales, ministeriales y federales responsables de los actos de brutalidad policíaca cometida, así como a las autoridades federales que omitieron y consintieron las graves violaciones perpetradas”.

El saldo de esa tarde fue preocupante: 20 estudiantes heridos, 8 de ellos gravemente. Y 13 estudiantes detenidos por la policía estatal que fueron entregados a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero, “en donde se certificaron sus lesiones y fueron puestos en libertad”.

Se detallan también los “tratos inhumanos, crueles y degradantes” que fueron denunciados por los estudiantes en cuanto pudieron reagruparse de las atenciones. A saberse: “En la batea de una de las patrullas, un policía apodado “El diablo” se acercó a dos normalistas detenidos para quemarles la espalda con cigarros, a otro trató de asfixiarlo con una bufanda, mientras que los demás fueron golpeados en la cabeza. Simultáneamente otros elementos de la policía estatal y ministerial, retuvieron a cinco normalistas a quienes les quitaron el pantalón y comenzaron a decirles cosas obscenas, amenazándolos con torturarlos una vez que fueran trasladados a la Fiscalía”.

Los que fueron desnudados y amenazados escaparon por los cerros.

Tlachinollan exige también que el Estado debe “garantizar la atención integral, médica y psicológica de los estudiantes lesionados”. Según detalla el reporte, entre los ocho estudiantes hospitalizados, se encuentra Uriel, sobreviviente de la represión de Iguala del 26 y 27 de Setiembre de 2014.

El informe no precisa, sin embargo, exactamente cuántas horas estuvieron los muchachos en manos de los efectivos policiales sin ser derivados a ningún centro de detención,

La represión a los estudiantes se dio en tres etapas:

– un primer momento en que unas 20 patrullas de la Policía Estatal comenzaron a perseguir la caravana de 8 autobuses en que viajaban 150 normalistas, alcanzando a los dos que iban más atrás. “Los policías estatales golpearon los vidrios con sus toletes y lanzaron gas lacrimógeno al interior de los autobuses en marcha, lo que los obligó a detenerse. Inmediatamente después los policías rodearon los autobuses para bajar por la fuerza a los normalistas quienes fueron brutalmente golpeados por los policías estatales a patadas, golpes de puño y toletes”. Varios estudiantes fueron lastimados entonces, 20 de ellos fueron “sometidos sobre el pavimento”, al menos 5 fueron detenidos y el resto, al ver la brutalidad, se refugiaron en los cerros cercanos.

– un segundo momento en que el resto de los autobuses intenta auxiliar a sus compañeros atacados, pero al verse impotentes retoman la marcha. Dos autobuses más son entonces interceptados con el mismo modus operandi: golpe, gases, detención. Siete de los estudiantes de uno de estos autobuses fueron encerrados dentro del mismo por alrededor de veinte minutos, una vez que el aire estaba inundado de gas lacrimógeno. Trece normalistas de estos autobuses son detenidos.

– un tercer momento en que los autobuses del frente de la caravana son atacados e interceptados por policías federales, estatales “y por elementos del Ejército que venían desde Tixtla con dirección a Chilpancingo”. Los estudiantes de estos camiones se dispersan por los cerros.

“Estos crímenes y actos de brutalidad policíaca cometidos contra los normalistas forman parte de la persecución y agresión sistemática contra la normal de Ayotzinapa”, versa el informe, a la vez que entiende que “la descalificación, la campaña de desprestigio y el odio que se fomenta desde la esfera del poder público”, vulnerando desde el propio estado la seguridad de los estudiantes, hecho que “representa el fracaso de los mecanismos de control y transparencia al interior del gobierno estatal y federal”.

Tlachinollan reclama el alto a la brutalidad policíaca en el estado de Guerrero, exige al gobierno que detenga esa ola de criminalización y hostigamiento hacia los estudiantes y que en cambio, garantice la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los hechos y los defensores que los acompañan en el proceso.

El informe completo cuenta con los datos de los 13 estudiantes detenidos y los 8 hospitalizados: