Las familias de Santa Rosita indican que llevan alrededor de nueve años viviendo en la comunidad. Aseguran que en agosto de 2015 sufrieron un desastre natural, sin embargo, quedaron en el olvido.
En El Estor, Izabal, más de 30 familias Q’eqchi’ de la comunidad de Santa Rosita ubicada a unos ocho kilómetros de la salida de Rio Dulce recibieron por quinta ocasión un anuncio de desalojo por parte de las autoridades.
Los pobladores han pedido al gobierno de Bernardo Arévalo que garantice la seguridad de las familias y que atienda con urgencia las demandas solicitadas por las comunidades.
Las familias indican que llevan alrededor de nueve años viviendo en la comunidad. Aseguran que en agosto de 2015 sufrieron un desastre natural en sierra Santa Cruz de donde eran originarios.
En esa ocasión perdieron sus cultivos y viviendas, situación que los obligó a desplazarse hacia otro lugar.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) declaró como inhabitable la comunidad luego de dos meses del desastre.
Según las familias, el Estado se comprometió en buscar una finca para las cuatro comunidades y construcción de sus casas, sin embargo, después de tres meses, el mismo Estado ordenó a la comunidad buscar una finca con documentos legales y realizar la respectiva compra.
Los pobladores aseguran que fue una estrategia para no cumplir con lo que se comprometieron
“Éramos cuatro comunidades de la sierra Santa Cruz las que sufrimos pérdidas de cultivos de maíz, frijol e incluso nuestras propias viviendas por el desastre natural en 2015. Fuimos albergados tres meses en una comunidad que se llama El Bongo y tres semanas en el gimnasio municipal en donde no recibimos atención y por eso decidimos dividirnos y buscar las fincas como lo indicó el Estado, pero ahora giran órdenes de captura, persecución y desalojos”, señaló uno de los afectados.
Reciben amenaza de desalojo
Según los comunitarios la información del desalojo la recibieron a través de personas particulares y no de instituciones. Los pobladores confirmaron que el desalojo está previsto para el 26 de junio próximo, cuando también desalojarán a otra comunidad que fue parte del desastre natural.
Gabriel Pacham, autoridad ancestral de El Estor, condenó las amenazas y pidió al gobierno de Arévalo que garantice la seguridad de las familias y que atienda con urgencia las demandas de las comunidades.
“Es injusto que se sigan cometiendo estos actos violentos, muchos niños y mujeres sufren de problemas de salud. Hoy vemos el resultado de un desalojo donde las familias quedaron abandonadas y los niños sin oportunidad de educación”, comentó Pacham.
Los comunitarios detallan que las familias de la comunidad de Buena Vista están a la orilla de la carretera de la comunidad de Santa Rosita para evitar el desalojo.
El 22 de mayo aproximadamente 500 policías fueron movilizados para desalojar a 48 familias Q’eqchi’ de la comunidad de Buena Vista ubicada en el interior de la finca Tz’inté. En el operativo policial y judicial estuvo presente Luis Fernando Arriaza Migoya, quien afirma ser el supuesto dueño de la finca que se ubicada en el municipio de El Estor, Izabal.
Ahora se encuentran olvidadas por el Estado.
Comunidades se organizan
Mientras que la comunidad de Santa Rosita se organiza para esperar el desalojo otras localidades se pronuncian para acuerpar a las familias ya que en algunas comunidades las órdenes de detención aumentan.
“No dejaremos solos a nuestros hermanos, estamos luchando para el bien de nuestros hijos, no somos criminales, somos agricultores que dependemos de nuestras cosechas”, comentaron dirigentes campesinos que omiten sus nombres por temor a represalias.
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