Foto: Cultivo de aguacates en la provincia de Granada. (Stijn Nieuwendijk)

Es el alimento de moda. No falta en bagels, tostas y tartares de los gastrobares más cool y las cartas más exquisitas, y sus propiedades son ensalzadas como uno de los vegetales que no puede faltar en toda cocina. El problema es que su cultivo no es precisamente inocuo o sostenible en lugares donde no se ha cultivado históricamente y donde no se dan las condiciones para su cultivo sin intervención humana. Dicho de otro modo, si hablamos de la cuenca mediterránea: sin añadirle agua extra en zonas donde este recurso no abunda. Y necesita mucha: 350,50 litros para producir un fruto con un peso medio de 350 gramos.

El aguacate, el fruto de la Persea americana, originaria de una Mesoamérica mucho más húmeda y lluviosa que la costa andaluza, está en el punto de mira de organizaciones sociales y ecologistas debido a su rápida expansión en la llamada Costa Tropical, como la promociona la Junta de Andalucía, un área situada entre la Axarquía malagueña y la costa granadina. “El lugar donde se produce este fenómenos es una zona que se dice que tiene un clima subtropical, pero en todo caso es subtropical mediterráneo, pues el subtropical no solo tiene una temperatura relativamente benigna, sino que supone mucha cantidad de lluvia, tal como sucede en países productores como México o Perú donde el cultivo crece de manera mucho más natural”.

En 2017, una investigación alertaba de que entre el 30 y el 40% de las casi 13.000 hectáreas de aguacate existentes en la Axarquía eran ilegales

Quien relata el problema lo conoce bien, pues Rafael Yus, portavoz del Gabinete de Estudios de la Naturaleza (Gena)-Ecologistas en Acción Axarquía, así como de la federación malagueña de la confederación ecologista, lleva años denunciándolo. Expresado por la misma persona pero de forma más clara: “Si se necesitan 1.000 litros al año, aquí solo caen 500 y el resto hay que ponerlos con regadío”.

De la burbuja inmobiliaria al agua andaluza

Se estima que la superficie dedicada al cultivo de aguacate ha aumentado un 30% en España desde 2018, según los datos recogidos en el informe El verdadero precio de los alimentos. La cara oculta de la agroindustria en la península ibérica, presentado este miércoles. Se trata de la segunda edición de un documento que recoge los principales problemas del sector a nivel ecosocial y que en esta ocasión contiene un nuevo capítulo: “La provincia de Málaga y Granada: extractivismo agrario para el cultivo de frutas tropicales”.

En la Axarquía la estimación que hacen desde Ecologistas en Acción, en base a declaraciones de la Junta de Andalucía, es que la superficie de aguacate en regadío ronda las 15.000 hectáreas, lo que incluye tanto los riegos legales como los ilegales. Si en 2017, una investigación de este colectivo ecologista alertaba de que entre el 30 y el 40% de las casi 13.000 hectáreas de aguacate existentes en la Axarquía eran ilegales, al estar por encima de los 140 metros sobre el nivel del mar que permite el Plan Guaro de regadíos, ligado al embalse de La Viñuela, hoy esa cifra habría crecido aún más.

“Desde el punto de vista hidrológico nos encontramos ante un panorama imposible e insostenible, pues esto se produce en una zona deficitaria de agua de entrada”, denuncia Yus

Ese incremento se había dado incluso en la sequía de los últimos años. Como explica Yus, el agua de los regadíos fuera de la ley se obtiene mediante la multiplicación de los pozos ilegales y el bombeo de agua hacia las laderas de Sierra Nevada por encima de los 140 metros cuadrados que permite el Plan Guaro. 

El incremento del precio del aguacate, que alcanzó máximos de 2,75 euros/kilo en origen en la campaña 2020/21, está detrás del abandono de cultivos más tradicionales y de secano, como el olivo y la viña. Estos fueron rápidamente cambiados por el nuevo oro verde, un proceso que comenzó en la crisis financiera del 2008, cuando muchas tierras y cultivos de secano de la Axarquía fueron revalorizadas para cultivos como aguacates y mango, dados los altos precios y la demanda tanto en España como en Europa.

“Desde el punto de vista hidrológico nos encontramos ante un panorama imposible e insostenible, pues esto se produce en una zona deficitaria de agua de entrada”, denuncia Yus, quien añade que esta apuesta por el aguacate y el mango “arrasa con todo tipo de vegetación y produce terrazas que dejan aludes sin proteger y fácilmente erosionables, con lo que la huella hídrica se suma la pérdida de suelo”. 

“De esas 3.000 hectáreas plantadas en el Campo de Gibraltar, al menos 1.000 son totalmente ilegales”, denuncia Juan Corrales

La biodiversidad de la zona también sufre serios impactos, puesto que “al retenerse todo el agua para el regadío se produce un déficit de agua en los ecosistemas fluviales de toda la comarca”, sostiene.

Pero lejos de ser un problema de la Axarquía y la Costa granadina, estos cultivos se están expandiendo por otras áreas andaluzas. Como relata Juan Corrales, de Verdemar – Ecologistas en Acción Campo de Gibraltar, “todo lo que ha descrito Rafael  se está trasladando a Cádiz”, principalmente al valle del Guariano, en el límite de las provincias de Málaga con el Campo de Gibraltar gaditano, donde ya hay 3.000 hectáreas plantadas. “De esas 3.000 al menos 1.000 son totalmente ilegales, con las necesidades hídricas que ello tiene”, indica.

El 1 de septiembre la organización a la que pertenece Corrales denunció ante la Junta de Andalucía la existencia de un millar de pozos ilegales en torno al río Guadiaro y sus afluentes, principalmente para la extracción de agua para cultivos como el aguacate y el mango. “El río Genal hace tres años que no desemboca en el Guadiaro por falta de agua”, lamenta el portavoz.

Un modelo agroindustrial hiperintensivo que daña al agricultor

Para Ecologistas en Acción, el modelo agrario hiperintensivo del cultivo de los frutos tropicales en estas áreas tiene graves impactos socioambientales, en particular el agotamiento de los recursos hídricos y la degradación y erosión de los suelos, así como la destrucción de un modelo agrario basado en explotaciones familiares cada vez más dependientes o supeditadas a la influencia de la entrada de fondos de inversión en la agricultura. 

Los datos recogidos en el informe indican que el modelo agroindustrial en alza “fomenta las desigualdades económicas en las regiones productoras y no favorece la creación de empleo”, señalan desde el colectivo. Estos suponen que las rentas medias de las zonas agrarias señaladas son de las más bajas de España: la renta más baja es de 7.972 euros por persona y año en el municipio de Moclinejo, en la Axarquía, y de 7.625 euros/año en la costa granadina, en el municipio de Albuñol.

Elena Alter: “El actual modelo agroindustrial ha llegado a un límite de colapso y está explotando y destruyendo las bases para su propio sustento, que son los suelos fértiles, los recursos hídricos y los servicios ecosistémicos”

Tampoco parece crear empleo. “Se estima que se contrata a una persona por cada cinco hectáreas de aguacates al año. En cambio, el cultivo de hortalizas a campo abierto emplea a unas 15 personas por cada cinco hectáreas”, denuncian, señalando que este modelo agroindustrial crea menos puestos de trabajo y concentra los beneficios económicos, sin apenas beneficiar a la economía local.

Desde la organización, no obstante, matizan que “este informe no va dirigido en contra de los agricultores o la agricultura”, como declara Elena Alter, del área de Agroecología de Ecologistas en Acción. “Lo que denunciamos en esta campaña es que el actual modelo agroindustrial ha llegado a un límite de colapso y está explotando y destruyendo las bases para su propio sustento, que son los suelos fértiles, los recursos hídricos y los servicios ecosistémicos, que en su conjunto son imprescindibles para el funcionamiento de la agricultura”.

La transición hacia un modelo agroecológico, “más sano, sostenible y justo”, en palabras de Alter, es el objetivo de Ecologistas en Acción, que pone sobre la mesa una batería de medidas para frenar la expansión de cultivos insostenibles como los que denuncia. “En primer lugar se tiene que detener el expansionismo del regadío, y de hecho debería hacer un decrecimiento”, señala Rafael Yus, concretando que deben permitirse solo aquellos regadíos legalizados. Yus incide en que su organización no está en contra del cultivo del aguacate siempre que los cultivos se enmarquen dentro de la ley de las capacidades hídricas de la zona.

La proliferación de técnicas que limiten el gasto de agua debe ser otra de las prioridades de las administraciones para los colectivos ecologistas de la zona, promocionando los injertos de bajo consumo de agua y los sistemas de riego eficiente. “El riego por goteo no lo es, pues si es superficial el 40% del agua se evapora en verano antes de filtrarse al suelo. Hay que cambiarlo por riego por goteo subterráneo”, aclara.

Por último, Yus denuncia el malogrado estado de los cursos hídricos de la zona. “Son sistemas naturales que tienen sus derechos. Se tiene que cumplir no solo la directiva europea y el caudal ecológico, sino que hay que asegurar que ese caudal sirva realmente para el restablecimiento de los ecosistemas. Bajo el embalse de La Viñuela el caudal ecológico no hace su función, pues el agua se filtra al acuífero que hoy están bombeando los regantes”.

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