Foto: César Valdez
Ciudad de México | Desinformémonos. Sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia estatal, así como integrantes de distintos movimientos sociales e investigadores y académicos, exigieron el pasado 20 de febrero el acceso libre a los documentos y expedientes del Archivo General de la Nación (AGN) y su inclusión en las políticas estatales de verdad y de justicia en el país.
“Estos acervos, que documentan la represión política, estrategias de contrainsurgencia y casos particulares de violaciones a derechos humanos, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, deben insertarse en políticas estatales de verdad y justicia a través de las cuales sea posible analizar la sedimentación represiva y violenta del Estado en el presente», explicó la historiadora Aleida García Aguirre.
De acuerdo con García Aguirre, dichas políticas estatales permitirían conocer si hubo funcionarios que ascendieron profesionalmente o permanecieron dentro de las instituciones estatales gracias a su participación en las estrategias de represión, entre otros datos arrojados por los documentos contenidos en el AGN.
Los participantes en la protesta aseguraron que continuarán en busca de la verdad y la justicia y con la exigencia de que se abran los expedientes y “liberen todos los cuestionamientos que se les han hecho para poder acceder a la verdad”, indicó Lourdes Uranga, exintegrante del Frente Urbano Zapatista.
Por su parte, Antonio Guzmán, miembro del Colectivo Memoria en Movimiento IPN 1967-1971, señaló que “a un año y medio de esta nueva administración, los archivos sufren un ocultamiento extraño que no queda claro”. “Lo que nos preocupa es que esta política continúe, que estas razones que nos tratan de dar de que los archivos tienen ciertos ajustes o ciertos arreglos puedan llevar a la posibilidad de ocultar mucha información que existe. Los archivos deben estar abiertos sin modificaciones ni control de nadie”, agregó.
Durante la manifestación, los familiares y sobrevivientes compartieron historias de la represión, persecución política, violencia y hostigamiento cometidos por el Estado.
