El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que forma parte de la Secretaría de Defensa, debe pedir autorización a los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones para hacer que la empresa de software con sede en Milán de nombre Hacking Team, espíe las comunicaciones de una persona.

Según los datos obtenidos por la revista Contralínea, utilizando un pedido de acceso a la información pública, entre 2010 y 2012 el Cisen había solicitó 249 intervenciones, mientras que a partir de esa fecha el número de espionajes oficiales trepó a los 1825, durante 2015. Es decir, se multiplicó por 7.

Según refiere el reportero Mauricio Romero en la mentada revista, en la respuesta del órgano de contralor judicial se indicó que “la intervención de comunicaciones sólo es precedente en alguno de los supuestos contemplados en al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional”. Es decir, “amenazas a la seguridad nacional”

Sin embargo, esa dependencia de gobierno no es la única que paga por el espionaje de comunicaciones. Según filtró el grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto y denunció públicamente la Red en Defensa de los derechos Digitales los clientes mexicanos del Hacking Team son: el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México, Gobierno del Estado de Durango, de Querétaro, de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría de Justicia del EdoMex, el gobierno del Estado de Campeche, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el gobierno de Baja California, el de Tamaulipas y el de Yucatán.

Esa lista de clientes es la muestra de un espionaje que no tiene control judicial y para las que no tienen facultad constitucionales ni legales para hacer, apuntaron desde la Red de Defensa de d° digitales. Este modelo de espionaje, sin respaldo constitucional o legales y sin control judicial, tiene su correlato en los lineamientos que, a comienzos de este año, publicó el Instituto Federal de Telecomunicaciones al respecto de cómo se guiará para entregar información personal y privada sobre las comunicaciones de las personas a los poderes públicos.

En este caso, los poderes públicos no necesitarán autorización judicial para obtener información sobre los usuarios, sea esta geolocalización en tiempo real, es decir, donde se encuentra una persona que tenga un celular en cualquier momento; o también los contenidos de las comunicaciones que mantengamos y de los que las compañías deberán mantener respaldo durante dos años (24 meses).

Mientras que al usuario no se le notificará cuando sea espiado ni cuando sus contenidos sean accesados por “alguna” dependencia del Estado: pensado para las agencias de seguridad y justicia, éstas pueden delegar su facultad de escucha a otros poderes públicos e incluso, a empresas privadas, ya que nada en lo difundido se lo impide.

Volverán nulos por completo el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.