Ciudad de México | Desinformémonos. “El Estado español tiene una importante agenda de inversiones en Mesoamérica, ya sea a través de empresas privadas que impulsan megaproyectos en la región, participando en entidades como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) o a través de la cooperación para el desarrollo. Según un informe del Observatorio de Multinacionales de América Latina, las multinacionales españolas están entre las 500 mayores trasnacionales del mundo, cuyo impacto influye en las violaciones a los derechos humanos en nuestros países”, asegura Marusia López Cruz, Co-cordinadora del Área de Poder y Protección de la organización Asociadas por lo Justo (Just Associates JASS).
La activista mexicana afirma que «el secuestro de los Estados por poderes fácticos y la “guerra no declarada” que se vive en México y otros países como Honduras, permite que empresas de telecomunicaciones, turísticas, eólicas, energéticas entre otras, tengan mayor facilidad de concretar sus proyectos «sin importar los impactos que se generen».
“Países como México y Honduras presentan cifras y situaciones que se equiparan con lugares en conflicto declarado, el problema es que las propias autoridades y muchos medios de comunicación no visibilizan lo que realmente sucede, lo focalizan o restringen sólo a unas zonas cuando la realidad es otra. Hay inversiones de empresas españolas muy fuertes que están afectando a la población y principalmente a las mujeres, como es el caso del Banco Centroamericano, en el que España tiene un asiento en el máximo órgano directivo. Dicho banco era uno de los inversores en el proyecto de Agua Zarca contra el cual estaba luchando la defensora de Honduras Berta Cáceres, cuya defensa derivó en su asesinato”, afirma la López Cruz.
Marusia López asegura que México, Honduras y Guatemala, “países poco democráticos”, son los países en los que las empresas españolas y de otras partes del mundo deciden realizar sus inversiones, pues es más fácil que esos gobiernos velen por sus intereses.
En el caso de Guatemala la defensora afirma que “existen dos proyectos hidroeléctricos que han derivado en violaciones a los derechos humanos. En México, desde el año 2007, junto con los pueblos ikjoots y binnizá, de la región istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la defensora Bettina Cruz acompaña la defensa de su territorio, frente a los intereses de las empresas trasnacionales Mareña Renovables, Gas Natural Fenosa, Demex (Renovalia Energy), Enel e Iberdrola en ocupar sus tierras ejidales y comunales para instalar generadores de energía eólica. Dicha pretensión ha generado agresiones y criminalización contra la defensora Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio”, continúa la defensora.
El 17 y 18 de octubre se realizó un Madrid y Barcelona un Seminario Internacional sobre protección a defensoras de derechos humanos y la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad de la ONU convocado por organizaciones como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Calala, Brigadas Internacionales de Paz, Asociadas por lo Justo y Front Line Defenders.
“Afortunadamente grupos progresistas han decidido poner la problemática sobre la mesa. En estos días sostuvimos reuniones con parlamentarios y parlamentarias de la Diputación de Madrid, el Parlament de Catalunya y del Congreso de Diputados-as, el Ayuntamiento de Madrid, la Agencia de Cooperación Catalana, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Consejo de la Abogacía y organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, Entrepueblos, Comisiones Obreras, Mundubat, Paz y Solidaridad, AIETI, etc. con quienes manifestamos nuestra preocupación ante los impactos de la agenda de inversiones del Estado español en Mesoamérica y denunciamos que el tema de la construcción de la paz y las mujeres no es sólo un asunto de los lugares que tienen guerra declarada o de los que tienen conflictos reconocidos formalmente sino que las violaciones a los derechos humanos como consecuencia de sus inversiones han incrementado la violencia en los llamados países democráticos”.
Marusia López, integrante de la IM-Defensoras, reitera que a pesar de que el Estado español invierte recursos en el fortalecimiento institucional de los Estados de la región a través de proyectos como Eurojusticia, desde el que en 2013 se destinaron 32 millones de euros para un proyecto que promoviera una justicia rápida y accesible en Honduras, casos como el asesinato de Berta Cáceres continúan impunes.
La delegación de defensoras de México, Colombia y Honduras presente en el Seminario Internacional manifestó su especial preocupación por “cómo se usa la violencia contra las mujeres como mecanismo de represión política, control social y desmovilización”, ante lo que solicitó una mayor observancia por parte del Congreso Español hacia el cumplimiento del gobierno de ese país con las directrices de la Unión Europea en materia derechos humanos y el papel de las empresas.
