«Hay persecuciones y ataques a mujeres que defienden el derecho a una vida libre de violencia o que defienden a pesos políticos. Ellas han enfrentado amenazas de muerte, seguimiento, hostigamiento. Y lo lamentable es que el gobierno de Oaxaca, lejos de coadyuvar a la justicia y a la no impunidad, lo que hace es permitir y tolerar este tipo de agresiones y generar un proceso de estigmatización y desgaste en las mesas de medidas cautelares»: Yesica Sánchez Maya, defensora, feminista e integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca.
Ella es Martha Figueroa, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, organización civil que desde hace 26 años atiende, con una metodología feminista, casos de violencia contra mujeres. En el marco del Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, cometa que «al gobierno o a ciertos intereses no les gusta nuestra participación». Es por ello, dice, que las defensoras del país son amenazadas, perseguidas, criminalizadas, incluso asesinadas.
Desde 2009, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, con sede en Coahuila, acompaña a las familias de personas desaparecidas. A la fecha, ha documentado más de 500 casos de desaparición perpetrados entre 2007 y 2015. María Elena Arriaga, integrante del Centro, dice: «Las defensoras vivimos junto con las familias los riesgos que puede traer la denuncia».
Ollincalli, con sede en Tijuana, Baja California, se dedica a la defensa de los derechos humanos laborales. Margarita Ávalos, en representación de esta organización, participa en el Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. «Estamos siendo críticas al sistema y eso es un obstáculo para nuestro trabajo ya que los empresarios, al igual que el gobierno, buscan las maneras de obstaculizar nuestro trabajo», denuncia la defensora.
En sus 26 años de existencia, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, de Morelos, ha destacado por su labor de defensa de los derechos de las mujeres, la niñez, los derechos laborales, y en contra de la desaparición forzada de personas y la tortura. Juliana García Quintanilla, integrante de esta organización, sostiene que, como consecuencia de su labor, han sido blanco de agresiones, descalificaciones y divisionismo por parte de los gobiernos. «Nos señalan como un grupo que limita las actividades del gobierno», se queja.
Agresiones, difamación, hostigamiento y persecución por parte de grupos religiosos, cobijados por el gobierno de Yucatán. A esto se enfrentan quienes integran Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, asociación civil con sede en Mérida, dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente al acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo. Sandra Peniche, integrante de esta organización, participa en el Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
Karen López Quintana, de la organización Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, defiende los derechos humanos de las poblaciones con VIH Sida y LGBTI, y de las personas que ejercen el trabajo sexual. «Las defensoras nos enfrentamos a obstáculos que nos impiden el acceso a una salud integral y al trabajo», relata. La discriminación, la violencia y la estigmatización, son algunos de estos obstáculos.
En Jalisco, grupos de derecha emprenden campañas de desprestigio contra defensoras de derechos humanos. Ellas son, además, vigiladas y estigmatizadas por la autoridad. «Ser defensora o defensor de derechos humanos en México, en un contexto de violencia, es complicado. Pero cuando se es mujer defensora los riesgos aumentan», afirma Guadalupe Ramos Ponce, abogada, feminista, académica y parte del Cladem.
