Foto: Universidad Intercultural de Chiapas

La Unidad Académica de Las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) en la región tojolabal, ha sostenido un proceso de defensa de los ideales y fundamentos de la misma enmarcados en la obligación del Estado mexicano de garantizar que las y los jóvenes de pueblos indígenas accedan a la educación profesional con pertinencia cultural y contextual. Sin embargo, las autoridades universitarias se han empeñado en contradecir sus principios fundacionales, han protegido a docentes denunciados por prácticas de discriminación contra miembros de las comunidades indígenas, a docentes denunciados por narcomenudeo en el interior de la propia universidad en su sede central de San Cristóbal de Las Casas y ha desconocido sistemáticamente los acuerdos suscritos por ellos mismos con miembros de la comunidad universitaria (comunidades, estudiantes y docentes, en el caso de Las Margaritas).

Siguiendo esta misma línea, desde que tomó posesión en agosto de 2015, el actual rector Miguel Ángel Yáñez Mijangos ha llevado a cabo acciones para desmoronar los ideales y fundamentos de la UNICH, y ejercer un control de la universidad. Para lograrlo, despide a docentes que no se alinean a su mandato y acosa laboralmente a quienes se oponen a sus prácticas autoritarias.

La comunidad universitaria de la Unidad Académica de Las Margaritas, uno de los cinco planteles de la UNICH, ha rechazado prácticas y tratos que violentan tanto los principios rectores de la UNICH como los derechos de los pueblos indígenas, por eso se le ha reducido el presupuesto, eliminado viajes de estudios, el pago de asesorías de tesis, mantenimiento del inmueble, material mínimo de papelería.

El pasado 27 de agosto de 2014, la comunidad universitaria de Las Margaritas demandó y acordó con el entonces rector Oswaldo Chacón Rojas el despido inmediato del grupo de profesores, Mercedes Nayelli Pérez López, Brenda Maricela Hernández Escandón, Rodolfo Alejandro Torres Guillén, Karla Lisette Salazar Domínguez, Alejandro de Jesús Fonseca, Manuel de Jesús Alfaro García y Javier Alejandro Aguilar Hernández encabezados por Antonio de Jesús Nájera Castellanos, quienes incurrieron en prácticas discriminatorias hacia miembros de la comunidad universitaria de Las Margaritas, y el pueblo tojolabal en su conjunto. Este acuerdo ha sido incumplido por la pasada y la actual administración, haciendo caso omiso de la sugerencia emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de que se les cambie de adscripción para evitar posibles conflictos entre la comunidad universitaria, a pesar de ello a varios se les mantuvo en calidad de «aviadores» durante dos años, percibiendo ingresos mensuales sin laborar en la universidad y respaldados por el SUTUNICH, sindicato oficialista, actualmente se les intenta reinstalar en la Unidad de Las Margaritas.

La comunidad universitaria de Las Margaritas ha denunciado y se ha opuesto a las imposiciones y arbitrariedades del SUTUNICH, respaldadas por del rector Miguel Ángel Yáñez. Se detallan a continuación los hechos más recientes que explican el agravamiento del conflicto en la comunidad universitaria:

El acoso de las autoridades llevado al extremo, incriminando a docentes que no se han alineado a los grupos de poder de la UNICH.

La remoción del cargo de coordinadora a Yaneth del Rosario Cruz Gómez, obligándola a renunciar a cambio de la cancelación de las órdenes de aprehensión giradas en su contra y de otros tres docentes más de la unidad de las Margaritas.

La imposición de Vicente Cruz Gómez, como coordinador de la Unidad de Las Margaritas, quien no cuenta con el perfil académico mínimo necesario para ocupar dicho puesto. Y quien desde su llegada ha desestabilizado paulatinamente la vida académica de la sede.

La no recontratación de Alejandra Monette Álvarez Castillo, María Isabel Maldonado Hernández, Sara Leticia Duque Sosa, Carmelino Méndez Jiménez, Oliver Rodríguez Gómez, María Trinidad Pérez Aguilar, Pedro Hernández Jiménez, Oscar Fernando Rojas Avendaño, Pedro Hernández Luna, Jorge Alejandro García Domínguez, María Rosalba Santiz Aguilar y Valentin Arguello Rodríguez, quienes representan a más del 50% de de la plantilla docente propuesta y avalada por la comunidad univesitaria.

Frente a estos acontecimiento, nos delata la crisis institucional que se vive al interior de la propia Universidad Intercultural de Chiapas, que lesiona el interés y sueños de muchos de los hermanos y hermanas procedentes de diversas comunidades indígenas que llegan a realizar sus estudios de nivel licenciatura; contradice tajantemente sus fundamentos de creación, en donde se señala el respeto, el diálogo y la tolerancia de la diversidad cultural.

La criminalización de las protestas y de los pensamientos diferentes, solo ha puesto en peligro el papel de los docentes que han demostrado compromiso con este modelo educativo; tan solo basta mencionar como un ejemplo, que el compromiso que tenemos como profesores se ha sobrepuesto más allá de la remuneración que percibimos, hay casos de compañeros y compañeras docentes con grados de estudios de maestría y doctorado que percibimos tan solo $3000.00 (tres mil pesos) quincenales, laborando 20 horas semanales en la universidad, sumándole las actividades de vinculación comunitaria, que consiste en acompañar a nuestros estudiantes a realizar sus trabajos de campo sin viáticos; asesorías de tesis y acompañamientos de servicio social sin alguna percepción extra.

Con el acontecimiento más reciente, el despido de 12 profesores y profesoras, advierte el golpe final de un modelo educativo que ha sido resignificado en la práctica de los docentes, estudiantes con la participación de nuestras comunidades y organizaciones sociales. La llegada de Vicente Cruz Gómez, como él mismo lo ha señalado vino a obedecer órdenes para silenciar la protesta que desde la unidad de Las Margaritas ha hecho público, porque lamentablemente semestre tras semestre ha persistido los problemas de recontratación de los docentes y la asignación del presupuesto para la infraestructura de la unidad; tan solo recordar que se cuenta con tres edificios y todas ellas logrados por protestas y manifestaciones, la última que se llevó a cabo en febrero se logró tan solo la pintada del edificio inconcluso aún y la construcción de una cafetería.

Vicente Cruz Gómez y fiel servidor del gobierno, traidor de su pueblo tojolabal, llegó a la coordinación académica gracias a su aporte de mil votos en favor del partido verde en las pasadas elecciones locales; un personaje poco conocido en la política, muy reconocido por generar divisiones en las comunidades y organizaciones, es un polvorín que en cualquier momento puede incendiarse si no se presta atención efectiva en estos conflictos, ya que en su historia personal carga en sí el conflicto con la CIOAC- HISTÓRICA.

La actual crisis de las universidades públicas, obedece a que las autoridades gubernamentales, se han olvidado del significado y la importancia de estas mismas, porque en vez de nombrar académico de alto nivel (que hay muchos en el país y en nuestra región) para estas responsabilidades, han hecho de nuestras universidades sucursales gubernamentales para el pago de favores políticos.

He sido demandado penalmente por pensar diferente, por luchar y exigir un presupuesto digno a nuestra UNICH, por denunciar públicamente los actos de discriminación y de racismo que prevalece y se premia al interior de la propia Universidad Intercultural de Chiapas. En respuesta a esta represión, hoy más que nunca nos dan la razón de fortalecernos, cada día somos más, son más las comunidades indígenas que suman a nuestra lucha, son más las organizaciones de la sociedad civil que nos están acompañando, mucha gente que no puede estar equivocado.

Mantendremos nuestra lucha activa, aún en el eventual levantamiento del paro magisterial de la CNTE, porque lo nuestros, desde la unich es irrenunciable.

Por lo anterior, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, autoridades comunitarias que integramos el Consejo Ciudadano Universitario, levantamos nuestra voz para:

Exigir al Gobernador Manuel Velasco Coello:

1. Muestre compromiso efectivo con el proyecto de educación intercultural y el derecho de los pueblos indígenas a la educación y a la consulta, sustentados en el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

2. Destituya al rector Miguel Ángel Yáñez Mijangos, responsable del conflicto agravado en los últimos meses al interior de la comunidad universitaria, quien además de no tener una trayectoria ni compromiso real con la educación intercultural, ha mostrado incapacidad y falta de voluntad para responder al acumulado de problemáticas que debilitan el proyecto educativo y social de la UNICH.

3. Destituya inmediatamente a Vicente Cruz Gómez del cargo de Coordinador de la Unidad Académica Las Margaritas.

4. Instruya a las autoridades de la UNICH para que se respete la plantilla docente presentada y avalada por la comunidad universitaria y se recontráte de manera inmediata a los doce profesores que fueron notificados de su no permanencia en dicha unidad sin justificación académica alguna.

5. Que se cumplan las minutas firmadas desde agosto de 2014 a la fecha por autoridades estatales, universitarias y comunitarias, representantes estudiantiles, de organizaciones sociales y docentes, en las que se acordó la no reinstalación de Antonio de Jesús Najera Castellanos, Mercedes Nayelli Pérez López, Brenda Maricela Hernández Escandón, Rodolfo Alejandro Torres Guillén, Karla Lisette Salazar Domínguez, Alejandro de Jesús Fonseca, Manuel de Jesús Alfaro García, Javier Alejandro Aguilar Hernández y Flor de María Gordillo López, en la unidad de Las Margaritas.

6. De cumplimiento cabal a los acuerdos firmados en la minuta del 25 de febrero de 2016 por autoridades universitarias, comunitarias, estudiantes y profesores.