Winners, propiedad de la macroempresa surcoreana SA-E, fue autorizada por el Gobierno para funcionar como servicio esencial de fabricación de ropa al inicio de la epidemia. La compañía, que trabaja para Gap, Banana Republic, Old Navy y Walmart, resultó ser el escenario de una paliza y del despido de tres mujeres sindicalistas. Las 331 empresas que componen la industria maquilera no dejaron de trabajar, aunque solo 66 recibieron el permiso estatal para hacerlo.
La líder sindical dice que cerró los ojos. Se aferró con sus manos a una reja de metal del área de producción de la fábrica. Sintió los tirones de cabello y los puñetazos en su rostro. Dos compañeras fueron golpeadas y amenazadas de muerte por protegerla. Ella resistió varios minutos. Hasta que sintió el dolor de una mordida quemándole la mano izquierda.
Tres trabajadoras la golpearon. La llevaron a la oficina de recursos humanos de su fábrica, ante la mirada de muchas empleadas. Así lo atestigua un video que un empleado grabó con su celular. Según la sindicalista, la llevaban para obligarla a firmar su renuncia. El 7 de septiembre de 2020, Odilia Caal puso fin a la fuerza a su contrato con la maquila textil Winners, tras 14 años de trabajo.
Tres semanas después de la golpiza, relata su historia en la mesa de un café del centro histórico de Ciudad de Guatemala. La sindicalista de metro y medio de estatura y fuertes brazos dirige su mirada a la fuerte lluvia que cae afuera. Algunas lágrimas se asoman en sus ojos negros, pero se contiene. “No he llorado, ni voy a llorar” dice Caal, de 32 años, ahora ex empleada de Winners y fundadora de Sitrawinners, un pequeño sindicato que agoniza.
Winners fabrica prendas para las marcas GAP, Banana Republic, Old Navy y para los grandes almacenes Walmart, en Canadá, Estados Unidos y México. Es una de las seis fábricas que el gigante textil surcoreano SAE-A tiene tiene en Guatemala, el primer país al que llegó fuera del continente asiatico, en 2003.
La relación diplomática con Corea del Sur comenzó en 1962. Pero fue hasta 1974 que el país asiático abrió en el país su primera sede de Centroamérica. Según la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio (CGCC), hay unos 10,000 residentes surcoreanos. Alrededor de 150 empresas se dedican a la industria textil, lo que representa el 40% del sector.
La maquila surcoreana Winners está en un complejo de bodegas privadas de máxima seguridad en el municipio de Mixco, a 13 kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala. Desde 2005, no paga aranceles, impuestos de importación ni IVA por los productos que ingresan al país como materia prima para sus actividades, un beneficio que aplica a todas las maquilas en el país.
Casi veinte años después, Winners fue una de las compañías autorizadas como industria esencial durante el confinamiento por la Covid-19. Para ese momento, Odilia Caal dice que ya era muy incómoda para la empresa. En marzo, trabajaba para la reinstalación de siete compañeros despedidos en 2018 de manera injusta.
En Centroamérica, SA-E también tiene maquilas en Costa Rica y Nicaragua. En este último país, hay un precedente de presunto acoso y despido de tres sindicalistas por parte de la empresa que llegó a los tribunales y concluyó con la reincorporación de dos de ellos.
Los siete trabajadores de Winners en Guatemala también ganaron el juicio, con apoyo de organizaciones y de Caal. Lograron regresar a sus puestos. Esto, dice la sindicalista, molestó a la empresa, que advirtió al resto de trabajadores que si judicialmente se ordenaban más reinstalaciones, iban a cerrar y todos perderían sus trabajos. Esto provocó, según Caal, la paliza que recibió.
Caal denunció ante la Fiscalía. Asegura que Winners utilizó a integrantes del otro sindicato mayoritario para golpearla y obligarla a irse. La violencia contra la sindicalista es comprobable en los videos que algunos trabajadores grabaron aquel 7 de septiembre y que le compartieron a Caal. No es posible verificar que las tres mujeres fueran obligadas por la empresa a golpearla porque Winners evitó dar declaraciones.
Durante más de un mes, El Intercambio solicitó entrevistas vía telefónica con los administradores de Winners para contrastar las acusaciones. La jefa de recursos humanos, Alicia Sajché, ofreció dar respuestas. En una de las llamadas, declaró: “La lengua no tiene hueso” (una manera coloquial de decir que las personas mienten). Yo hablaré con el gerente y les diré cuándo pueden venir”.
La jefa de recursos humanos no respondió más. Ni el gerente administrativo, Daniel Kim. Ni SA-E, a la que se envió un correo electrónico al servicio de consultas. Tampoco la Municipalidad de Mixco —que recibe donaciones de la empresa—reaccionó a la solicitud de contacto directo con la maquila.
Como último recurso, el 12 de noviembre, El Intercambio visitó la sede de Winners. Al ser preguntado por el caso de Odilia Caal, el gerente de la empresa dijo que estaba en horario de trabajo y que no podía responder. Pidió a personal de la fábrica que invitara a salir a los periodistas del lugar. Estos solicitaron un número de teléfono y dijeron que evaluarían en el futuro dar una respuesta.
SUBTITULO: Las 66 autorizadas
El 16 de marzo, el Gobierno de Guatemala anunció el cierre del país durante seis meses por la pandemia de la Covid-19. Al día siguiente, el presidente delegó en el ministro de Economía la decisión de qué empresas operarían como servicios esenciales. Solo once días después, el Presidente modificó las medidas y el ministerio dejó de dar permisos para operar. En teoría, ya solo autorizaba transporte. Una forma alternativa de permitir el funcionamiento.
La autorización favoreció a 7487 empresas. Entre éstas, 66 maquilas recibieron permisos como industria esencial. El Gobierno nunca dio los nombres —aunque se solicitaron mediante ley de acceso a la información y a través del departamento de comunicación del ministerio—, pero fueron obtenidos por El Intercambio a través del grupo parlamentario Semilla.
Una cosa fue la burocracia de los permisos y otra, la realidad. La totalidad de las 331 maquilas que operan en Guatemala permanecieron activas. Así lo admite la patronal textil ocho meses después. “Todas operaron. No cerró ninguna. Se mantuvo el trabajo para los empleados”, explicó Alejandro Ceballos, director de la patronal textil Vestex.
Las denuncias sobre posibles contagios en maquilas llegaron al Ministerio de Trabajo y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Estas entidades comenzaron a realizar inspecciones en la tercera semana de abril para determinar si se cumplían medidas de distanciamiento y sanitarias. En la segunda semana de mayo, trascendieron los primeros casos de contagios en maquilas. Algunos alcaldes y diputados pidieron el cierre de estas fábricas.
Cinco trabajadoras de Winners aseguran que el trabajo en la maquila continuó sin detenerse durante los meses donde se reportaron más contagios. Esto sucedió en las fábricas de un país cuya patronal textil calcula que el 46% de sus empleadas son mujeres. Winners no dice lo contrario porque eligió no dar declaraciones. Lo cierto es que de más de 15,000 denuncias presentadas en el Ministerio de Trabajo hasta julio, 4 fueron contra Winners por presuntos contagios. Nunca trascendieron los casos.
Vestex recibió una solicitud el 15 de mayo del Consejo Nacional de Organización Textiles, la patronal textil de Estados Unidos, para que no cerrara las maquilas. Y se la trasladó al ministerio de Economía. Como consecuencia, varias empresas se dedicaron a fabricar 80 millones de mascarillas, pero fueron negociaciones privadas.
Ceballos reconoce hoy que hubo contagios por no haber cerrado. En las dos primeras semanas de mayo se reportaron 250 casos en dos maquilas: Texpia II, propiedad de SA-E, y KP. Las cifras reales nunca trascendieron. “Eso fue el lado malo”, opina.
A partir de agosto, el sector maquilero de ropa de Guatemala fue el más competitivo del norte de Centroamérica, según Ceballos, porque atendió contratos que los países vecinos no pudieron atender. Por dos razones: El Salvador no consideró industria esencial a la maquila y Honduras priorizó la vestimenta sanitaria y las mascarillas.
Con el permiso para las 66 maquilas, el ministro Antonio Malouf , quien antes fue presidente de una textilera llamada Los Volcanes, benefició a empresas del sector de donde provenía.
El 27 de julio del 2020, directivos de SA-E entregaron por lo menos 5,000 bolsas de alimentos en los municipios de Guatemala donde tiene fábricas: San Miguel Petapa, Mixco y Villa Nueva. En su blog, la compañía promocionó esta entrega. Después, el 27 de julio, el director de Winners entregó al alcalde de Mixco, Neto Bran, otras 2,000 bolsas. La empresa y el político publicitaron el acto en sus redes. De la fábrica que no SA-E dijo nada fue de Texpia 2, ubicada en Villanueva, que cerró parcialmente tras detectar por lo menos 29 contagios.
SUBTITULO: El porqué del sindicato
Cuando Odilia Caal comenzó en 2007 a trabajar en la maquila, recién había cumplido 18 años y tenía dos hijos, de 1 y 2 años. Cuenta que entonces era tímida, callada y tenía miedo de perder su empleo. Hoy se muestra como una mujer ruda, que no admite que llora y trabaja desde fuera por recuperar su trabajo y para mejorar las condiciones de sus afiliados y de otros compañeros.
Este cambio sustancial tuvo su origen en febrero 2016, tras 9 años en la empresa. Las venas de las piernas de Caal se inflamaron por estar parada todo el día para revisar que las prendas no tuvieran ningún error. Logró que la cambiaran de puesto, pero también le redujeron el salario de Q2,600 (US$330) a Q2,300 (US$290). No confiaba en el sindicato de la empresa para que le apoyara.
La enfermera de la empresa le dio el número de un abogado, que le ayudó a crear Sitrawinners, su sindicato. Caal logró que una vecina de la fábrica prestara una habitación para la primera reunión, a cambio de que le compraran a ella la comida para la reunión. “Todas fueron muy valientes -—dice mientras ríe con satisfacción— salían una por una de la fábrica y entraban a la casa como si fueran a robar un banco” cuenta Caal, mientras lanza una carcajada.
La última semana de abril de 2016, Caal regresó al trabajo tras concluir la suspensión. Al llegar, la llamaron a la oficina de administración y le dijeron que estaba despedida. Pero ella llevaba la acreditación de secretaria general del nuevo sindicato por lo que, legalmente, no podía ser expulsada de Winners.
Al frente de su sindicato, Caal buscó reuniones con el gerente general para defender los derechos del resto de trabajadores. También se opuso a que subieran las metas diarias de producción que son el mínimo de trabajo que un empleado debe realizar al día. Igual luchó para que no se descontaran del sueldo las horas que los trabajadores usan para ir a citas médicas al seguro social. En los meses previos a la pandemia, la sindicalista acompañó casos de despidos injustificados. Hasta que le pegaron la golpiza.
SUBTITULO: Las mujeres que acudieron a Caal
En las luchas de Caal siempre ha estado Lubia Salazar, de 41 años. Tiene 10 años de trabajar en la empresa y es su mano derecha en el sindicato. El lunes 16 de marzo de 2020, al regresar a casa, se encontró con la noticia del cierre del país.“En la televisión dijeron que sólo iban a funcionar empresas de comida, medicinas. Entonces, decidí no ir al otro día”, dice a principios de septiembre.
Salazar aparenta más años de los que tiene y no ríe apenas. Encoge los hombros y levanta las manos, como un gesto de exculpación por lo que pasó después. Recibió un mensaje de la empresa: o se presentaba a laborar al siguiente día o le descontaban parte de su salario. En Guatemala, el salario mínimo para la industria de maquila es de Q2,581 por mes (US$331). Es decir que si a Lubia faltaba un día le descontaban Q84 (US$11).
La pandemia llevó a Winners y al sindicato Sitrawinners a posiciones más enfrentadas aún. Salazar y Caal presionaron a la empresa para que proporcionará buses para el traslado del personal y ésta accedió. Pero ambas denuncian que luego vinieron más conflictos: aumento de volumen de trabajo, falta de control sanitario, posibles contagios y los enfrentamientos con la empresa por la reinstalación de los compañeros expulsados dos años antes, por los que meses después Caal firmó su renuncia.
Tres semanas después de la agresión, Lubia Salazar está acompañada de otras compañeras. Es un mañana soleada. Contrasta con la mirada opaca de Lubia. Ella observa cómo Ericka Méndez, de 30 años, la mira buscando su aprobación para hablar. La joven se toma de las manos. Se muestra nerviosa. Jamás ha contado su caso fuera del círculo de sus compañeras de trabajo. Por eso se cambia el apellido.
Embarazada de seis meses, el 23 de marzo le informaron que el horario cambiaría: debía ingresar a las 6 de la mañana para salir a las 2 de la tarde. Así tendría dos horas para regresar a su vivienda. Modificó su rutina, pero dice que también aumentó el volumen de trabajo en el horario normal, por no poder hacer horas extra.
El trabajo de Méndez consistía en revisar ropa antes de empacarla. Ella tenía una meta de 2,225 piezas al día. Si cumplía a diario, recibía al final de mes Q210 (US$27) como bono de productividad. Si fallaba tres días, se quedaba sin el bono completo. Pidió cambio de puesto y su solicitud fue denegada.
Ella trabajó tres semanas más, pero un día tuvo mareos y náuseas. No llegó a la meta. Le faltaron 20 prendas por revisar y empacar. Dice que su supervisor la reportó. “Perdí el 30% de mi bono ¡por 20 piezas!”, dice Ericka apretando los ojos y girando la cabeza.
Caal ve a Méndez y asiente. Aprueba cada palabra que dice su compañera. Justo eran uno de los casos que ella intentaba defender. Por ser secretaria general del sindicato tenía línea directa con los administradores de la empresa. Tenía muchas reuniones para exponerles las quejas de los empleados. Tras cuatro años de lucha sindical y una pandemia, acumuló muchos conflictos con la empresa, admite.
La intervención de Caal sirvió para que, en la primera semana de mayo, Ericka fuera suspendida por su estado de salud. Aunque le tomaron esos días a cuenta de vacaciones. Dos semanas después le informaron que su contrato había sido suspendido. Winners suspendió 177 contratos, según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo. SAE-A, la gran empresa dueña de Winners y de 5 maquilas más en el país, suspendió en total a 3147 empleados durante la pandemia.
Ericka Méndez ingresó en el programa gubernamental Fondo de Protección al Empleo, uno de los cuatro programas de rescate a empresas por la Covid-19. Fue dotado con Q1,850 millones (US$237 millones). El Gobierno se comprometió a pagar Q75 diarios (US$9.64) a cada trabajador al que las empresas no pudieran pagar el salario durante la crisis.
Odilia Caal también intentó que el bono de productividad aumentara. Dice que había algunas áreas de la empresa exclusivas de hombres donde este llegaba a los Q550 (US$68). “En la fábrica hay mucho machismo. Si un hombre hubiera sido quien no llega a la meta por 2o piezas, el supervisor no informa”, sentencia la sindicalista.
SUBTITULO: La golpiza de la sindicalista
Caal se preocupó por las condiciones de trabajo de sus dos compañeras y de varias más. También de la reinstalación de los siete compañeros que habían ganado judicialmente su restitución tras dos años expulsados. Tres regresaron el jueves 3 de septiembre. El resto no estaba convencido de las condiciones sanitarias de la maquila. Aquel día, algunas compañeras le alertaron de que la estaban esperando los integrantes del otro sindicato. Pero los tres trabajadores recuperaron su empleo sin incidentes.
El lunes 7 de septiembre, despertó a las 5:05, como marcaba su alarma. A las 6:21, ingresó a su trabajo. Le quedaban 9 minutos para empezar la jornada. Comenzó a separar ropa por tallas, para después doblarla y empacarla. Dice que a las 7 de la mañana, las máquinas se apagaron. A ella le pareció raro, pero continúo con lo suyo. Asegura que se le acercaron tres hombres y una mujer. Los cuatro eran integrantes del otro sindicato: “Comenzaron con insultos y a reprocharme que, por mi culpa, la empresa iba a cerrar y despedir más empleados”.
Lubia Salazar, que estaba en otro sector de la fábrica, fue advertida de lo que sucedía. Para ese momento ya eran más de 10 empleados quienes gritaban. El escándalo fue tal que el personal administrativo salió de las oficinas para saber qué pasaba, aseguran las dos sindicalistas.
Caal cuenta que recibió el primer golpe. Intentó defenderse, pero llegaron más mujeres que la agredieron y empujaron hacia fuera de la fábrica. En ese momento trató de intervenir el gerente de la empresa, Daniel Kim, quien pidió que por favor se calmaran, pero uno de los hombres le espetó: “No se meta porque no es su problema”. Kim regresó a su oficina.
Esta reconstrucción sería comprobable si Winners hubiera dado una entrevista y también acceso a las cámaras de videovigilancia que hay en el interior de la fábrica. Esta es la versión de Caal y Salazar, porque ni Kim no ningún directivo accedió a ser entrevistado después.
Caal sólo se cubrió el rostro. Lubia Salazar intentó intervenir, pero ella y otra compañera también fueron golpeadas. Fue entonces cuando Caal se aferró a la reja y recibió las mordidas que hicieron que se soltara. Después, la llevaron hacia una de las oficinas administrativas, donde asegura que la encerraron por dos horas.
“La empresa fue cómplice. Me decían que si no renunciaba me iban a matar. Yo pedía que me dejaran ir. Pero no lo permitían. Al final, personas del otro sindicato me hicieron firmar unos papeles que no leí, pero dijeron que era mi renuncia”, explica Caal con resignación mientras acusa a Alicia Sajché, jefa de recursos humanos de la empresa, de forzar su renuncia.
Salazar y su otra compañera salieron a buscar ayuda. Encontraron una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y le explicaron lo que pasaba. Cuando llegaron los agentes, Caal salió con la ropa echa trizas y con varios golpes visibles. Ese fue el último día que Odilia Caal piso la fábrica. Lo mismo ocurrió con sus dos compañeras, quienes también recibieron amenazas de muerte. Las tres denunciaron el caso en la fiscalía.
Caal fue al médico por un fuerte dolor en el pulmón derecho derivado de los golpes que recibió una semana antes. Según su testimonio, la empresa se comunicó con ella para ofrecerle un automóvil, Q40,000 (US$5140) y su indemnización por 14 años trabajados, si retiraba la denuncia que presentó contra la empresa. Dice que la empresa le prometió una reunión para resolver todas las dudas, pero jamás se llevó a cabo.
Los ojos café de Odilia Caal se humedecen y lanza una pregunta: “¿Saben por qué no acepto?”. Y se responde a sí misma: “Porque tengo tres hijos que quiero que sepan que tienen derechos. Que nadie puede pisotearlos y pensar que tienen un precio”, dice con una sonrisa de satisfacción.
Fotografía: Oliver de Ros / El Intercambio
Coordinación editorial: Elsa Cabria / El Intercambio
Diseño: Pablo J. Alvárez / El Intercambio
Coordinación y datos: Ximena Villagrán / El Intercambio
