Foto: El hotel familiar tras el incendio. (Presentes)

En la noche del domingo 5 de mayo, Justo Fernando Barrientos, un inquilino de una pensión del barrio de Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires, abrió la puerta de la habitación contigua a la suya, donde dormían cuatro mujeres, y les arrojó un explosivo casero. “Cuando salieron de la habitación prendidas fuego, él les pegó y las empujó adentro al fuego de vuelta”, contaría a la Agencia Presentes uno de los testigos.

Pamela Cobas, madre de 52 años, falleció horas después debido a la gravedad de su estado. Su pareja Mercedes Roxana Figueroa, de la misma edad, fue internada con el 90 por ciento del cuerpo abrasado y aguantó con vida dos días más. Tras una semana de agonía, el domingo 12 también falleció Andrea Amarante, que presentaba quemaduras en el 75 por ciento de su organismo.

Solo queda viva Sofía Castro Riglos, de 49 años, que sigue internada con lesiones en el rostro y que declaró el miércoles ante el juez que investiga el homicidio agravado de las tres mujeres, Edmundo Rabbione, magistrado subrogante del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n.º 14.

“Engendros”, “tortas” y “gorda sucia” eran los insultos que profería contra las víctimas el homicida, Barrientos, de 67 años, que fue hallado por la policía en uno de los baños de la pensión con una sierra con la que se había autolesionado.

Había muchas discusiones entre el feminicida y las mujeres, en especial con Pamela y Mercedes, que vivían desde hacía años en la pensión y habían acogido de manera temporal a sus amigas.

“Él ya las había amenazado una vez. Fue en la última Navidad”, recordó Diego Hernán Britez, un vendedor ambulante que también se alojaba en la posada, en diálogo con Presentes, un medio especializado en temas de género y diversidad sexual. “Dijo que las iba a matar a las dos y mirá lo que pasó ahora”.

El sigilo del Gobierno que preside Javier Milei sobre el triple crimen no ha sido una sorpresa. Sus iniciativas legislativas hablan por él

El caso de Andrea es aún más lacerante si se tiene en cuenta que fue sobreviviente de la masacre de Cromañón, una tragedia en la que murieron 194 personas a raíz de un incendio que se desató el 30 de diciembre de 2004 en una discoteca de Buenos Aires, durante un espectáculo de rock.

La mujer nunca fue incluida en el padrón de víctimas que en 2005 creó el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni fue reconocida en el programa de asistencia integral para los damnificados de la tragedia constituido dos años después. Estaba en situación de calle hasta que fue acogida por sus compañeras.

El gobierno de Milei calla sobre el lesbicidio

Con todos estos antecedentes, el caso pasó desapercibido en los medios de comunicación locales, como denunciaron varias organizaciones LGTBI+. Tuvo que morirse Andrea para que el triple lesbicidio empezara a causar cierto revuelo en los programas informativos.

El sigilo del Gobierno que preside Javier Milei sobre el triple crimen no ha sido una sorpresa. Sus iniciativas hablan por él: prohibió el lenguaje inclusivo en la administración pública, disolvió el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad creado por su predecesor, Alberto Fernández (2019-2023), y desmanteló las políticas públicas impulsadas desde ese organismo.

Esta semana no le quedó más remedio que referirse al ataque de las cuatro mujeres. “A mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo”, planteó el lunes el portavoz del presidente, Manuel Adorni, ante la consulta de una periodista. “Me parece muy injusto solo hablar de este episodio, cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo”.

“Hay una autorización para que se desaten las expresiones más brutales de odio expreso contra las personas de la disidencia sexual y contra las feministas”, profundiza Dora Barrancos

No contento con sus declaraciones, el funcionario salió horas después a dar lecciones de gramática a una diputada de izquierda, Romina del Plá, que había cuestionado su intento de invisibilizar el crimen de odio de Barracas, al señalar que la palabra ‘lesbicidio’ no estaba registrada en el diccionario de la Real Academia Española, aunque la academia de la lengua reconocería después la validez de este neologismo.

Expresiones de odio de la extrema derecha argentina contra la comunidad LGTBIQ

“Lo que está habiendo es una autorización del discurso de odio desde la máxima magistratura, y de su grupo más íntimo de colaboradores y colaboradoras, en esta relación tan articulada que tienen planetariamente las extremas derechas”, apunta en una entrevista con El Salto la investigadora, socióloga e historiadora feminista Dora Barrancos.

La novedad que presentan desde el comienzo de siglo las ultraderechas “es que han convertido en programática la lucha contra la ideología de género, la homofobia, la lesbofobia, o la transfobia”, razona quien fue asesora ad honorem en materia de género del expresidente Alberto Fernández.

“Antes estos espíritus reaccionarios actuaban de manera individual. Eran voces aturdidas, medio apagadas, y no tenían posibilidad de abrirse un cauce, dada también la enorme transformación sufrida por nuestra sociedad cultural, social y jurídicamente. Desde que ese magma ha devenido en poder, hay una autorización para que se desaten las expresiones más brutales de odio expreso contra las personas de la disidencia sexual y contra las feministas”, profundiza Barrancos.

Es una contradicción flagrante: el mismo Estado que Milei considera una organización criminal “es usado para que proliferen voces antagónicas a los derechos humanos fundamentales”, apunta la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), cuyo directorio integró entre 2010 y 2019.

Mientras Barrientos permanece detenido por el crimen de las tres mujeres, el juez debe determinar, una vez descartada su inimputabilidad, si aplica el agravante contemplado en el art. 80 del Código Penal, por el que los crímenes se considerarían agravados por odio al género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.

“La gravedad es que si no tienen un cauce autorizante y legitimador, ese tipo de personalidades tan macabras y tan estereotipadamente patriarcales en sus convicciones y acciones violentas quedan en un cono de sombra, aunque no significa que no puedan actuar”, refiere Barrancos sobre el feminicida.

En 2023 se contabilizaron en Argentina 133 crímenes de odio en los que la orientación sexual o la expresión de género fueron utilizados de pretexto para los ataques. Este número es superior al de años precedentes, según constata el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, gestionado las Defensorías del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y de la Nación junto a la Federación Argentina LGBT.

Las estadísticas de 2024 recogerán el ataque en marzo a una militante de la agrupación de derechos humanos HIJOS (acrónimo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), Sabrina Bölke. La joven fue golpeada, torturada y abusada en su propia casa por dos individuos que amenazaron con matarla y escribieron en la pared de su habitación la sigla VLLC (Viva la libertad, carajo), la consigna con la que Milei cierra sus discursos.

El triple crimen de Barracas fue precedido por una cuestionada entrevista radial al biógrafo y amigo del presidente Nicolás Márquez, denunciado por violencia familiar y por abuso sexual a su propia hija —delito del que fue sobreseído— , que generó conmoción por el desparpajo con el que abundó en comentarios homofóbicos y discriminatorios.

“Estamos en una encrucijada frente a una disrupción severísima hasta del sentido común cotidiano, en una circunstancia que parece salida del esoterismo, en sus formas y en sus incoherencias lingüísticas”, reflexiona la historiadora. “Hay una malla ideológica alimentada por la intolerancia, lo que llamamos culturalmente fascismo, aunque no tiene todas las propiedades, por eso tenemos que inventar alguna categoría. Desde luego, no es liberal”.

Odio transnacional

Las corrientes de ultraderecha que desde el poder inoculan narrativas reaccionarias con las que se transmiten estereotipos negativos han tenido como principales ejemplos a Donald Trump (2017-2021) en Estados Unidos y Jair Bolsonaro (2019-2023) en Brasil.

En este último país, en 2019, salió a la luz la existencia de un “gabinete de odio” instalado en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia, donde un equipo de funcionarios públicos liderados por uno de los hijos del entonces presidente se encargaba de difundir noticias falsas en medios de comunicación y redes sociales.

Ya en plena campaña electoral de cara a los comicios que ganaría el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se sucedieron tres crímenes políticos.

En julio, un guardia municipal tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Marcelo Arruda, fue asesinado a tiros en su propia fiesta de cumpleaños por un agente penitenciario, Jorge José Guaranho, que irrumpió en la fiesta que se celebraba en Foz do Iguaçu —ciudad fronteriza con Argentina y Paraguay— al grito de “¡Aquí somos de Bolsonaro!”.

En septiembre, en la recta final de las elecciones, Rafael Silva de Oliveira, de 24 años, asesinó a puñaladas a un compañero de trabajo, Benedito Cardoso dos Santos, de 44, y luego intentó decapitarlo con un hacha en una zona rural del municipio de Confresa, en el estado de Mato Grosso (noreste).

A los pocos días, otro hombre de 39 años llamado Antonio Lima fue asesinado a puñaladas en un bar en el estado de Ceará (noreste) por identificarse como votante de Lula.

A la retórica negacionista, ensayada por Bolsonaro una y otra vez para desvincularse de estos crímenes, se suma la estigmatización de determinados colectivos. En su segunda carrera hacia la presidencia, Trump se refirió el mes pasado como “animales” y “no humanos” a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en su país.

Los riesgos de la violencia política en Estados Unidos se evidenciaron en enero de 2021 cuando manifestantes partidarios de Trump asaltaron el Capitolio estadounidense en el momento en que el Congreso estaba a punto de ratificar la victoria del entonces presidente electo Joe Biden.

Porvenir efímero

A sus 84 años, Barrancos cree que el aparente derrocamiento de lo público será pasajero, y que tiene hasta posibilidades de autofagocitarse, por ser demasiado delirante como para que perdure.

“Si hay algo que Argentina tiene son pasajes dolorosos tremendos y salidas airosas y revenidas en un sentido de recuperación de una idea que es transistórica, y es que la justicia social es un bien extraordinario”, asume.

Bajo su mirada, Milei tiene un delirio faraónico por el que ha cedido el Gobierno a los grupos concentrados de poder. Son estos tentáculos económicos los que alientan los dos grandes proyectos del Ejecutivo: un decreto de necesidad y urgencia que desregula amplios sectores de la economía, y la Ley Bases. Esta normativa, discutida ahora en el Senado, da pie a la privatización de empresas públicas, delega en el presidente facultades legislativas y promueve un cuestionado régimen de inversiones para las grandes empresas, además de incluir una regresiva reforma laboral e impositiva.

La historiadora observa indicios de que la sociedad está cada vez más crispada, como demuestran las dos huelgas generales que ha enfrentado la actual gestión en sus cinco meses de mandato y la gran movilización que hubo en abril en defensa de la universidad pública, la marcha más multitudinaria que hubo en los últimos años.

“Milei hace que gobierna, pero en realidad reina en una situación distópica, exacerbadamente mesiánica. Hay que decirle que está desnudo. Eppur si muove. Está moviendose y las aguas estarán cada vez más agitadas en la medida en que se quiera avanzar con estos dislates”, concluye Barrancos.

Asambleas de identidades lesbianas y feministas de todo el país se movilizan este viernes, en el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, para visibilizar el crimen de odio de Barracas. La convocatoria se ha extendido a las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia, en una señal de que el clamor de justicia por el ataque a las cuatro mujeres argentinas ha traspasado fronteras.

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