Foto: Cuartoscuro
Según la Embajada de Estados Unidos en México, la Iniciativa Mérida “representa un capítulo histórico de cooperación y reconocimiento de las responsabilidades” de ambas naciones para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas. El hecho, es que, a juzgar por los datos, ese Iniciativa ha fallado en Guanajuato.
“Es por continuidad”, me dijo una vez una representante de la Embajada Estadounidense en México, a la pregunta expresa sobre qué convenía en la transición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato que, en febrero de 2019, se convirtió en el papel en un organismo autónomo. Ello en referencia a la continuidad de Carlos Zamarripa.
Lo primero que hay que decir, es que, en 2008 México y Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida, que según el gobierno norteamericano busca construir “una nueva arquitectura para la cooperación bilateral en materia de seguridad, ha proporcionado apoyo tangible a las instituciones mexicanas de seguridad y judiciales y ha impulsado los esfuerzos de los Estados Unidos para detener el tráfico de armas, dinero y demanda de drogas”.
Hasta agosto de 2018, después de 10 años de implementación, esta Iniciativa había entregado al Gobierno de México “1.6 mil millones de dólares en equipos relacionados con la seguridad, capacitación, y apoyo para el desarrollo de sus capacidades” a partir de cuatro objetivos: afectar la capacidad organizativa del crimen organizado, institucionalizar la capacidad para mantener el estado de derecho, crear la estructura fronteriza del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resilientes. Todo ello ha fallado en Guanajuato.
En Guanajuato la obtención del premio TRI-ARC de la Comisión para la Acreditación de Agencias de Seguridad Pública (CALEA) que obtuvo en 2017 la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se hizo en el marco de la Iniciativa Mérida, por haber logrado “acreditación simultánea de su agencia estatal de seguridad pública, su centro de comunicaciones de seguridad pública y su academia de policía”.
La Agencia para la Administración y el Control de las Drogas (DEA) de Estados Unidos en su informe de 2018, identifica 6 organizaciones criminales de carácter trasnacional mexicanas con presencia en su país: el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, los Zetas y los Beltrán Leyva.
Por otro lado, según el doctor Víctor Manuel Sánchez de Causa en Común “hay cinco organizaciones criminales que hoy se disputan el control de territorio de Guanajuato, el Cártel Jalisco Nueva Generación que es la organización dominante en la entidad, las células remanentes de los Zetas, los tradicionales Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo, así como una organización de corte local que se hace llamar el Cártel Santa Rosa de Lima”.
Es decir, no sólo no se ha reducido su presencia en Estados Unidos y México no ha logrado detenerles, sino que estos grupos se han fortalecido en la zona del bajío.
Según Sánchez, el CJNG aumentó su presencia de 9 en 2013, a 36 municipios en 2015.
Presencia del CJNG en Guanajuato. Fuente: Víctor Manuel Sánchez
En cambio, el cártel local Santa Rosa de Lima, tiene presencia en 9 municipios. Sánchez afirma que este grupo surge de una escisión de los Zetas; si asociamos su origen con sus primeras apariciones públicas, apenas surge en 2014. Es decir, en 5 años domina la quinta parte de la entidad.
Presencia del CSRL en Guanajuato. Fuente: Víctor Manuel Sánchez
A juzgar por el aumento de asesinatos, homicidios dolosos y el crecimiento de los cárteles, sencillamente los objetivos de la Iniciativa Mérida no se han cumplido.
¿Esa es la continuidad que busca el Gobierno Norteamericano?
