El COVID-19 es una amenaza mundial, cuyos efectos completos aun desconocemos. Lo que si sabemos es que muchos pueblos indígenas y comunidades locales enfrentan en este momento, y seguirán enfrentando, desafíos más allá de los que todos estamos experimentando. En el Forest Peoples Programme estamos preocupados particularmente por aquellos pueblos y comunidades indígenas que viven en lugares remotos, alejados de los entornos urbanos, a menudo con una prestación de servicios médicos y de salud muy rudimentaria. Si este virus llega a las comunidades remotas, o cuando esto suceda, sus impactos serán sin duda alguna extremadamente severos.
Al mismo tiempo, observamos cómo los gobiernos están utilizando esta pandemia como una excusa para encubrir la desregulación de las industrias que ocasionan graves daños, la intensificación de la extracción de recursos y la eliminación de las regulaciones medioambientales. Esto ofrece impunidad para aquellos actores ilegales y sin escrúpulos, y, por ejemplo como vimos durante la crisis del ébola en Libera, puede permitir la expansión de las empresas perjudiciales, el aumento de la deforestación y la consiguiente represión de los pueblos dependientes de los bosques.
Respuesta a las amenazas externas
Aunque la enfermedad en sí tiene serias implicaciones para la salud y el bienestar de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las consecuencias generadas por los bloqueos, el aislamiento y la cuarentena, y por aquellos gobiernos y empresas inescrupulosas que aprovechan el hecho de que la atención del mundo se encuentra en otro lugar, también conllevan repercusiones indirectas serias sobre estos pueblos.
En algunas regiones, los pueblos indígenas están siendo falsamente acusados de la propagación de la enfermedad. En efecto, esta situación la hemos observado en nuestros socios de la región de San Martín, en Perú, en donde el líder Quechua que contrajo el coronavirus mientras realizaba un trabajo de incidencia en los Países Bajos fue acusado de traer la enfermedad a la región amazónica, a pesar de haber entrado en cuarentena voluntaria desde su retorno a casa. Como consecuencia, se ha presentado una ola de respuestas racistas en contra de la comunidad indígena.
Colombia ha sido por mucho tiempo uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. En la actualidad, los grupos armados están aprovechando las medidas de cuarentena para atacar a los líderes sociales que están confinados en sus hogares. Las amenazas de muerte han aumentado. Los gobiernos locales están centrando toda su atención en la pandemia, y, dado que los escoltas de la Unidad de Nacional de Protección (UNP) tienen que autoaislarse, se ha producido un fuerte aumento en el número de defensores de derechos humanos asesinados desde que comenzó el encierro hace tres semanas. Colombia cuenta con más de siete millones de desplazados internos, muchos de los cuales son indígenas, afrodescendientes o de comunidades campesinas. El hecho de vivir en casas temporales, improvisadas o inseguras, a menudo sin agua corriente, aumenta las posibilidades de que se expongan al coronavirus.
No se trata únicamente de actores ilegales que se encuentran explotando la situación. En marzo, el Gobierno de Indonesia propuso un nuevo proyecto de ley de desregulación con enmiendas a casi 80 leyes, que levantará las actuales restricciones a las empresas mineras. Al ofrecer de manera efectiva la impunidad a las empresas que no cumplen sus compromisos ambientales, esta desregulación presenta enormes amenazas tanto para el medio ambiente como para las comunidades cuyos derechos sobre la tierra, la libre determinación y la propia existencia se verán amenazados por la expansión descontrolada de la minería.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha introducido una «política de discreción en la aplicación de la ley», que suspende temporalmente la implementación de los reglamentos ambientales y las multas durante la pandemia. La política es una respuesta al cabildeo y la incidencia de las industrias del petróleo y el gas, entre otras, y les permite efectivamente aumentar la contaminación del agua y el aire sin tener que monitorear estos impactos, ni ser responsables por sus consecuencias, «siempre y cuando afirmen que esos fallos son de alguna manera ‘causados’ por la pandemia del virus«.
La agencia ambiental de Brasil también ha reducido los esfuerzos para hacer cumplir las regulaciones ambientales, alegando que su personal de control encargado de la aplicación de estas correría el riesgo de contraer el virus o de propagarlo a las comunidades remotas. Esta medida coincide con un aumento del 70 por ciento en la deforestación en comparación con 2019, seguida por los devastadores incendios en la Amazonía, lo que deja a los espectadores preocupados de que los madereros y los acaparadores de tierras puedan aprovechar la vigilancia poco estricta que se realiza en el bosque.
Los pueblos indígenas y las comunidades locales cierran sus fronteras
Los pueblos y las comunidades indígenas están respondiendo. “Acceso bloqueado. COVID-19” dice un letrero a la entrada del territorio indígena del pueblo Manoa-Pium, en el norte de Brasil. Manoa-Pium es una de más de 100 comunidades indígenas del estado de Roraima que ha cerrado sus fronteras para evitar la propagación del coronavirus.
Desde el Amazonas hasta el Ártico, los grupos indígenas están actuando para protegerse a sí mismos. Hemos visto informes de esto particularmente en las Américas, lo que quizás no sea sorprendente dados los devastadores impactos históricos de la introducción de nuevas enfermedades en las comunidades nativas americanas. Un médico que trabaja con la tribu más grande de la Amazonía brasileña fue sometido a una prueba para el COVID-19. El resultado fue positivo, lo cual generó temores de que se pudiera propagar rápidamente entre las comunidades remotas, muchas de las cuales tienen un el sistema inmune debilitado por otras las enfermedades y la desnutrición. Existen temores similares en Australia, donde alrededor de la mitad de todos los adultos indígenas tienen condiciones crónicas, como enfermedades cardíacas y renales, y donde “Quédate en el país, cuida de la familia” se ha convertido en un llamado a la acción comunitaria.
La Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, ha bloqueado todo acceso al bosque, tanto para los turistas como para los ecuatorianos, y ha exigido que todas las empresas (de los sectores petrolero, minero y maderero) mantengan alejado a su personal. Los indígenas ecuatorianos huyeron a sus territorios cuando el coronavirus llegó al país, apresurándose a llegar a sus familias antes de que se cerraran las fronteras de sus tierras. Otros, de mala gana, decidieron mantenerse alejados por miedo a llevar la enfermedad a sus comunidades. Si el coronavirus llega a los territorios, explicó el presidente de CONFENIAE, Marlon Vargas, esto resultaría en «un exterminio de la población indígena de la cuenca del Amazonas».
En Canadá, varias comunidades indígenas, entre ellas los Cree, los Mohawk Kahnawake, los Innu y los Inuits, han cerrado sus territorios a los extranjeros, y los miembros de la comunidad que regresan deben aislarse durante 14 días. A principios de abril, más de una docena de personas de ocho comunidades habían presentado un resultado positivo a la prueba del virus en Quebec.
La Alianza Mesoamericana ha reportado medidas similares a lo largo de Centroamérica. En Panamá, el pueblo Guna de la costa a cerrado todo acceso a sus aguas, y los Embera han restringido tanto la entrada como la salida a sus territorios, excepto en el caso de emergencias. La Red Indígena Bribri-Cabecar de Costa Rica ha cerrado sus tierras a los extranjeros, y ha prohibido todas las reuniones, talleres, deportes y turismo.
La nación Wampis, socia del FPP en Perú desde hace mucho tiempo, ha cerrado sus límites territoriales, y, como precaución adicional, también está restringiendo el movimiento dentro de sus territorios. Está desarrollando además campañas educativas dirigidas a las comunidades que corren un riesgo especial de infección.
El pueblo Karen de las tierras altas de Tailandia han revivido su antiguo ritual «Kroh Yee» para mantener fuera al COVID-19. Esto se traduce más o menos como «cierre de la aldea», y se usó hace 70 años durante un brote de cólera. Los Karen cuelgan estrellas de bambú y otros símbolos, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, a la entrada de sus pueblos. Los poseedores del conocimiento de la comunidad creen que tienen suficientes suministros y producción de alimentos para durar un año en aislamiento. Los Dayak Bahau de Long Isun (Indonesia) también han decidido aislarse y no aceptar visitantes extranjeros.
Pensando en la resiliencia de una manera diferente
Si bien los Karen han logrado afortunadamente mantener su producción y almacenamiento de alimentos, el aislamiento y la cuarentena han ilustrado claramente cuántos sistemas alimentarios tradicionales se han visto afectados y debilitados por un cambio a cultivos comerciales como el cacao y el café. Las comunidades que históricamente eran autosuficientes ahora ya no pueden alimentarse y deben viajar, a menudo muchas millas, para llegar a mercados en pueblos y ciudades más grandes. Esto ya no es posible para aquellas comunidades que se encuentran aisladas en cuarentena. Estas comunidades se encuentran preocupadas sin saber cuánto tiempo durarán sus suministros de alimentos, y algunas ya se han vuelto dependientes de la ayuda alimentaria, por ejemplo en Honduras y en Surinam. En el Perú, las comunidades Kichwa han tomado medidas en las últimas semanas para cerrar sus pueblos a la visita de los forasteros, pero los productos básicos como la sal y el aceite están escaseando rápidamente. Vicky Tauli-Corpuz, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha subrayado la importancia de la seguridad alimentaria y de la distribución de las reservas de alimentos tradicionales.
La pandemia ha revivido las discusiones acerca de la necesidad de restaurar y fortalecer las medicinas y los sistemas de producción de alimentos tradicionales. El grupo activista indígena NDN Collective, con sede en los Estados Unidos, se ha referido a este enfoque como la “descolonización de la respuesta de la comunidad al COVID-19″. Como explica este artículo sobre el enfoque, «necesitamos pensar en la seguridad alimentaria, no en un sentido capitalista e individualista, sino en un sentido colectivo. En esta época en la que tenemos que mantener ‘el distanciamiento social’ es un momento perfecto para profundizar (de nuevo) en nuestras medicinas tradicionales, y en el procesamiento de nuestros alimentos tradicionales».
Si bien el acaparamiento de tierras y la expansión de los agronegocios pueden ser una amenaza para la soberanía alimentaria en las comunidades indígenas y dependientes de los bosques, la deforestación rápida, la urbanización y la construcción de caminos y carreteras están contribuyendo igualmente a la propagación del COVID-19, ya que permiten que personas de afuera se transporten a los territorios remotos. En Malasia peninsular, el virus ya ha llegado a la comunidad indígena Orang Asli, probablemente como resultado de las extensas plantaciones de palma aceitera que han obligado a estas comunidades a adentrarse cada vez más en el bosque. Una carretera en una de las islas Andaman de India plantea amenazas similares, ya que pasa cerca de una comunidad indígena que alguna vez fue remota.
Considerando la lengua y el contexto
Hay mucha información disponible sobre cómo mantenerse a salvo durante el brote de coronavirus. Pero esta información no necesariamente llega a los pueblos indígenas y las comunidades locales, ni se ha diseñado teniéndolos en cuenta. Muchos pueblos indígenas no hablan los idiomas mayoritarios, y restringir las transmisiones de información pública al francés, español o portugués, por ejemplo, evita que se comparta información esencial para salvar vidas.
Las organizaciones indígenas están produciendo folletos y carteles en los idiomas locales, como la Asociación Sotz’il de Guatemala, que comparten carteles en Facebook en maya kaqchicel. Algunos gobiernos regionales también están siguiendo su ejemplo, y el gobierno de Jujuy en Argentina ha publicado este póster de prevención en quechua.
Sin embargo, la simple traducción de los mensajes principales no siempre es suficiente. En algunas regiones, los bajos niveles de alfabetización hacen que los carteles sean ineficaces, e incluso en zonas con buenas tasas de alfabetización, la palabra escrita no siempre es el método preferido de comunicación. En la Guayana Francesa, las autoridades consuetudinarias han grabadomensajes de sensibilización en kalin’a (caraib), que se publican en Facebook, mientras que las comunidades Embera de Colombia han realizado vídeos cortos con instrucciones escritas y habladas (a través de herramientas de grabación de voz en sus teléfonos) sobre cómo mantenerse a salvo durante la pandemia, compartiendo estos mensajes a través de WhatsApp. La organización Wayana de Surinam, Mulokot, ha producido un podcast de Facebook en wayana, y en Ecuador, el hashtag #StayAtHome ha sido traducido al kichwa y al shuar (#WasipiSakiri y #JeminPujusta).
Tal vez el medio más compartido y memorable de mantener informadas a las comunidades es a través del canto. Una organización indígena del Perú ha escrito y grabado una canción en quechua que refuerza las directrices del gobierno sobre el lavado de manos y el distanciamiento social. Uganda ha seguido el ejemplo con este vídeo musical de Bobbi Wine, un ex cantante, y en la actualidad un Miembro del Parlamento. (MP) En Australia, una campaña en lenguas aborígenes incluye canciones y vídeos con el tema «Quédate en el país, cuida de la familia» (“Stay on Country, Care for Family“).
Cultural Survival está produciendo una serie de anuncios informativos de servicio público en línea: actualmente los han puesto a disposición en 32 idiomas, están trabajando para hacer disponibles muchos más, y la organización está buscando voluntarios para ayudarlos a hacer un mayor número de traducciones.
La falta de Internet limita el acceso a la información, sobre todo porque los bloqueos de la cuarentena y el aislamiento impiden que los residentes viajen a zonas con WiFi o con una mejor cobertura telefónica. Por esta razón, la radio local sigue siendo un medio tan importante para muchas comunidades remotas. Las emisoras de radio de las comunidades indígenas suelen transmitir al menos parte de su programación en los idiomas locales. Lo más importante es que los productores conocen bien a su público: sus oyentes pueden estar desconectados, hablar sólo su lengua materna y/o ser ancianos, lo que los expone doblemente al riesgo de infección y a la falta de información fiable.
El 6 de abril de 2020, la Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII), Sra. Anne Nuorgam, emitió un mensaje instando a los Estados Miembros que garanticen que los pueblos indígenas estén informados, protegidos y sean priorizados durante la pandemia mundial del COVID–19, enfatizando la necesidad de que la información esté disponible en lenguas indígenas, de que se proteja a los ancianos indígenas (como guardianes de la historia, tradición y culturas) y de que se respete el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial.
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Forest Peoples Programme cree que las organizaciones que trabajan junto con los pueblos indígenas y las comunidades locales deben seguir escuchando sus necesidades y trabajar para apoyar las iniciativas que surgen del terreno. Creemos que el COVID-19 solo subraya la importancia de que los pueblos indígenas puedan ejercer un control efectivo sobre sus territorios. Apoyamos los llamados a una moratoria sobre las actividades externas en los territorios indígenas, y creemos que cualquier actividad proyectada con las comunidades y pueblos indígenas y dependientes de los bosques solo debe proceder con el consentimiento expreso de los pueblos interesados, ahora más que nunca.
Las organizaciones deben ser flexibles en el apoyo que prestan a estas comunidades, y estar listas para trabajar de manera coordinada para desafiar las amenazas adicionales que surgen como resultado de la pandemia y las respuestas de los gobiernos y las empresas.
Lecturas adicionales
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha elaborado una serie de recomendaciones con respecto a los derechos y la seguridad de los pueblos indígenas.
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU está compilando recursos para las comunidades indígenas, que incluyen declaraciones sobre el COVID-19, artículos de noticias y anuncios de servicio público. También solicitan que las comunidades compartan cómo están trabajando para combatir la propagación de la enfermedad; puede contactarlos enindigenous_un@un.org.
COICA, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, ha publicado una declaración sobre las acciones en las que creen que los gobiernos deberían enfocarse para proteger a los pueblos indígenas.
El Grupo de Trabajo Internacional sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) tiene una sección de noticias dedicada con actualizaciones periódicas sobre cómo el COVID-19 está afectando a las comunidades indígenas de todo el mundo.
El artículo de Charity So White sobre la ‘Injusticia racial en la respuesta al COVID-19’ se centra en comunidades negras, asiáticas y de minorías étnicas en el Reino Unido (BAME, por sus siglas en inglés), pero sus “Cinco principios clave para guiar la respuesta de nuestro sector al COVID-19” es un recordatorio valioso para las organizaciones en cualquier lugar del mundo.
El FPP publicó un mensaje en nuestro sitio web sobre lo que significa la pandemia para nuestro trabajo con socios, y continuaremos actualizándolo a medida que la situación cambie. Cualquier socio o comunidad debe comunicarse con nosotros a través de los contactos de su país o mediante info@forestpeoples.org.
Publicado originalmente en Forest Peoples Programme
