Gerardo Torres Pérez recién egresó de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Él fue unos de los siete estudiantes que se negaron a aceptar el traje, el anillo y la cena-baile que Rogelio Ortega, entonces gobernador de Guerrero, ofreció a los egresados de la generación 2011-2015.

A la ceremonia de graduación, que tuvo lugar a mediados de julio en las instalaciones de “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social” –como se lee en uno de los muros de su fachada–, el joven asistió portando la camisa del uniforme de gala de la escuela que lo formó.

Con el indicativo V6, el muchacho es mencionado en la Recomendación 1VG que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en marzo de 2012, por los hechos del 12 de diciembre del año previo: el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús por parte de la fuerza policial mexicana, quienes con sus armas de fuego lesionaron también a otros tres estudiantes, así como la detención arbitraria de 24 normalistas rurales, uno de los cuales fue torturado.

Gerardo Torres, de tez morena y fácil sonrisa, es justamente la persona a la que seis policías ministeriales, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, torturaron con el objetivo de que se declarara culpable de detonar un arma de fuego contra policías federales. Entonces tenía apenas 19 años de edad.

De la tortura no hay duda. La propia CNDH lo verificó con la aplicación de Protocolo de Estambul, manual que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para determinar, a partir de la valoración médica y sicológica, si una persona fue víctima de tortura o algún mal trato.

A cuatro años de las graves violaciones a los derechos humanos contra los estudiantes normalistas que el 12 de diciembre de 2011 se manifestaban sobre la Autopista del Sol por el cumplimiento de sus demandas estudiantiles, los familiares de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría, y Gerardo Torres denunciarán al Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estas personas decidieron llevar su reclamo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que a 48 meses de los hechos y a pesar del cúmulo de pruebas que respaldan las violaciones cometidas, éstas permanecen impunes. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, representan a los peticionarios.

En entrevista, Gerardo Torres comenta que tras haber agotado todas las instancias nacionales, la justicia sigue ausente. Refiere que cuando se reúnen con las autoridades del país para abordar el tema, son ellas mismas quienes les dicen que aunque la investigación sigue en pie, no hay avances.

En lo que respecta a los actos de tortura de los que fue objeto, detalla que los autores materiales siguen sin ser identificados y, por tanto, sin recibir el castigo que les corresponde.

El joven oriundo de Acapulco relata que a raíz de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando 43 de sus compañeros fueron desaparecidos forzadamente y otros tres asesinados por agentes del Estado, la idea de acudir a la CIDH para denunciar la impunidad que reviste los hechos represivos del 12 de diciembre de 2011, empezó a cobrar fuerza. Sin embargo, las dificultades que sus abogados han tenido para acceder al expediente judicial del caso, demoraron el arribo a esta instancia.

No obstante las amenazas telefónicas que Gerardo Torres y algunos miembros de su familia recibieron en los meses posteriores a la tortura, hoy el hijo de un taxista está firme en su deseo de continuar con la denuncia que se pretende sea admitida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Al egresado de Ayotzinapa lo mueve el deseo de justicia: “Lo hago por la justicia para mis compañeros caídos; porque los conocí muy bien. Muchos casos como éste han quedado en total impunidad, y ahora que tengo las herramientas para denunciar ante una instancia más arriba, no voy a perder la oportunidad”, pronuncia, Gerardo Torres.

A cuatro años del violento desalojo policial en la Autopista del Sol, en el que participaron elementos de la fuerza pública federal, estatal y municipal, el muchacho de 23 años de edad dice que las pesadillas y la condición de insomnio que precedieron al shock de la tortura se han esfumado. El correr del tiempo ayudó pero también el acompañamiento sicológico que le brindaron organizaciones independientes de derechos humanos.

Por ahora, Gerardo Torres, además de preparar el expediente de su caso que enviará a la CIDH, busca empleo como profesor. Comenta que sólo uno de sus compañeros de generación ha logrado ingresar al Servicio Profesional Docente, después de realizar el examen requerido para ello.

A pesar de la tortura que vivió, así como del dolor y la rabia que le infringieron cada uno de los episodios violentos en contra de sus compañeros y amigos de la Normal de Ayotzinapa, Gerardo Torres no se arrepiente de haber estudiado ahí: “Era mi única opción; la única escuela que me brindaba todos los beneficios: comida, hospedaje, estudio. Gracias a Ayotzinapa tengo mi licenciatura en educación primaria y puedo desempeñarme como profesor”, dice, con orgullo.

La tortura

Gerardo Torres Pérez fue uno de los 24 estudiantes aprehendidos y trasladados a las instalaciones de la Procuraduría de Guerrero, el 12 de diciembre de 2011.

Los muchachos protestaban sobre la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, para lograr el cumplimiento de sus demandas estudiantiles: que Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, les diera audiencia pública y les garantizara la sobrevivencia de su escuela y, con ello, su derecho a educarse. Entonces, elementos de la fuerza pública federal, estatal y municipal arribaron al lugar y emprendieron un desalojo por demás violento, al grado de arrebatar la vida a dos normalistas.

Gerardo, como otros de sus compañeros, corrió para librarse de la agresión. El gas lacrimógeno arrojado por los uniformados le dificultaba la respiración. El joven se refugió en un autobús, del que posteriormente fue sacado por policías federales quienes le propinaron unas cincuenta patadas en manos, pies y costillas; dosis de golpes que se repetirían durante su traslado, en una camioneta pick up blanca, a la sede de la procuraduría local. Durante su estancia en este lugar, en el que le robaron todas sus pertenencias (un celular, unas llaves, 30 pesos y los zapatos deportivos que traía puestos), el maltrato físico y verbal no cesó: un fuerte empujón le provocó una lesión en la rodilla.

El hallazgo de un “cartucho” que Gerardo había levantado del asfalto, fue el pretexto para la tortura. Entonces los policías ministeriales lo empezaron a señalar como “el del cuerno”, e intensificaron la violencia en su contra: lo apartaron del resto del grupo, le taparon la cara con una playera y le propinaron más patadas.

Más tarde, el joven fue encerrado en un baño en donde recibió golpes en la espalda “con algo mojado”. Ahí inició el interrogatorio: los ministeriales le decían que el cartucho que traía era de cuerno de chivo (fusil de asalto AK-47) e intentaban presionarlo para que se incriminara de la supuesta muerte de tres federales. Ante la negativa del muchacho de aceptar una confesión falsa, los ministeriales azotaron su cabeza contra un lavabo. Un nuevo episodio de tortura se desataría horas más tarde, cuando por medio de patadas en las costillas, los ministeriales lo presionaban para que aceptara que él era “el del cuerno”.

La siguiente tortura ya no fue en las instalaciones de la procuraduría, sino en una casa de madera con techo de cartón, a la que Gerardo fue llevado. Ésta se encontraba en un camino de terracería, a las afueras de Chilpancingo. Sus verdugos comentaron que era propiedad de un exmilitar.

En este lugar, el normalista fue obligado, vía amenazas de muerte y puñetazos en el estómago, costillas y brazos, a accionar en seis ocasiones el gatillo de un arma larga y a tocar cada uno de los cartuchos disparados. Sus ojos seguían vendados, cuando fue llevado al lugar donde había dos personas muertas, el elegido por los policías para sembrar los casquillos que el joven se vio obligado a disparar.

A propósito, la CNDH destaca en su Recomendación 1VG: “No pasó inadvertido que tratándose de la imputación indebida de hechos y la vulneración al derecho a la presunción de inocencia de la víctima, Alberto López Rosas, ex Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, a través de sus declaraciones en diversos medios de comunicación, señaló a V6 como la persona que había iniciado el tiroteo con un ‘cuerno de chivo’, el cual, supuestamente, le había sido decomisado, situación que fue desvirtuada posteriormente”.