La reforma educativa «ofende, amenaza y hace vivir en la incertidumbre» a los maestros. Acompañar la reforma con acciones punitivas en el ámbito laboral y judicial no es la forma idónea para mejorar la calidad educativa.

Las manifestaciones de maestros en Oaxaca y otras partes del país se realizan en el marco del derecho a la protesta y con el amparo de las garantías individuales incluidas en la Constitución, señalaron académicos del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide), perteneciente a la Universidad Iberoamericana.

Apuntaron que “lejos de fortalecer y dignificar el papel de maestras y maestros, la reforma educativa los ofende, amenaza y hace vivir en la incertidumbre”,  y que,  si bien es innegable que existen insuficiencias en la formación y el desempeño docente que deben atenderse con urgencia, la estrategia fundamental de la reforma, centrada en la evaluación sumativa y las acciones punitivas en el ámbito laboral y judicial, “de ninguna manera es un proceso idóneo para impulsar el mejoramiento de la calidad educativa”, pues se trata de una medida insuficiente e inapropiada para enfrentar las grandes desigualdades del sector.

Señalaron que si bien la evaluación educativa permite conocer la diversidad de realidades del sistema y sus actores, es necesario definir su sentido y orientaciones, partir de los contextos y las necesidades, y no parcializar sus funciones para estrangularla y constituirla como instrumento de castigo laboral. En este sentido, acotaron que la construcción de los modelos educativos que México necesita es responsabilidad de muchos actores, no sólo del magisterio, ni del gobierno a través de la imposición de una reforma.

Pese a que las posiciones tanto de los profesores como de las autoridades educativas y del gobierno se han endurecido al grado que parecen inamovibles, los expertos de la Ibero se pronunciaron enérgicamente en contra de las salidas violentas, conminaron a todos los actores involucrados a redoblar esfuerzos para concertar una salida dialogada al conflicto y reprobaron la respuesta represiva del gobierno que llegó a su límite con el ataque armado de la Policía Federal contra los manifestantes en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.