Juchitán, Oaxaca. Ha pasado más de un año desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la sentencia que los mismos ministros llamaron “histórica” a favor de Oaxaca y de los municipios zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa por una invasión territorial, pero ni las autoridades federales ni estatales han hecho alguna acción por cumplirla, denunció el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas.

En noviembre del 2021, tras nueve años de un juicio de Controversia Constitucional y tras más de 70 años de invasión, la SCJN determinó que están ubicadas en Oaxaca y no en Chiapas las 162 mil hectáreas de bosques y selvas de la zona oriente de Los Chimalapas.

Al territorio de Los Chimalapas, conformado por Santa María y San Miguel, se le reconoce por tener la mayor extensión de selvas húmedas bien conservadas y bosques mesófilos de toda Mesoamérica, haciéndola la bioregión de mayor diversidad biológica y generadora de la mayor cantidad de servicios ecosistémicos; importancia que ha sido resaltada desde 2005 por expertos mundiales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, siglas en inglés).

“Es urgente que los gobiernos nos reconozcan, este proceso se ha demorado, Los Chimalapas somos propietarios ancestrales de nuestro territorio comunal, por eso exigimos la nulidad total inmediata de todas las resoluciones presidenciales, acta de deslinde y planos de todos los ejidos, poblados que invaden nuestro territorio comunal como Santa María y San Miguel Chimalapas”, declararon los comuneros zoques.

Lamentaron que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), en especial funcionarios de la Procuraduría Agraria, aseguran que trabajan a favor de Los Chimalapas, “pero en hechos es mentira, no informando avances, pues de los acuerdos no han cumplido nada en recuperar las tierras”.

Además, reconocieron que la pasividad y el desinterés de las autoridades genera que el territorio siga siendo invadido por personas extrañas y se deforeste el suelo para actividades como la ganadería, la explotación desmedida y también la tala no moderada de los pinos de la zona, sin tomar en cuenta el tráfico de animales.

Zósimo Hernández López, presidente de los bienes comunales de Santa María Chimalapas, y Josué Hernández Jiménez, presidente del consejo de vigilancia de Santa María Chimalapas, dijeron que la atención social y de servicios a los invasores de sus tierras agrarias no tiene garantía ni validez de ningún tipo.

“Estamos dando un ultimátum para que se atiendan estos conflictos que fueron creados por el gobierno federal y las dependencias, por eso es urgente que se actúe. Nuestras tierras nos pertenecen, pero corren el riesgo de que otros sean los dueños y nos las quiten”, dijeron.

Por su parte, Miguel Ángel García Aguirre y Luis Bustamante Valencia, coordinadores regionales y nacionales, respectivamente, del Comité Nacional, exigieron a las instancias cuanto antes el cumplimiento de la sentencia, la cual resalta la obligatoriedad de modificar las constituciones y leyes respectivas a efecto de que incorporen los puntos limítrofes de la frontera que ha sido reconocida en la sentencia.

“Ahora toca decirles nuevamente a una veintena de núcleos agrarios tsotsiles que si se quieren integrar sea como congregaciones chimas o abandonen lo que tienen en las tierras zoques, porque la resolución tuvo un fallo a favor de Oaxaca y, por tanto, de Los Chimalapas, y eso nos compromete a seguir apoyando la histórica lucha comunal por el territorio y la biodiversidad inmensa que tiene esta bioregión de Oaxaca”, señaló el activista Miguel Ángel García.

Ambos señalaron que es urgente que con la participación del gobierno de Oaxaca, y sin el boicot del gobierno federal y autoridades, se realice a la brevedad el brecheo y amojonamiento definitivo de los puntos limítrofes que establece la sentencia.

“El no reconocimiento también es violencia, es violentar los derechos colectivos indígenas, de comuneras y comuneros, quienes por años han defendido la selvas y bosques, ecosistemas hermosos y sabios que heredaron de sus ancestros y que han defendido para su descendencia y que, desde hace 70 años hasta hoy, vive invasiones, saqueo, disputas y una serie de amenazas, lo cual no es justo”, reiteraron.

También pidieron reactivar el permiso para poder revivir la extracción y comercialización de resina de pino, que, por la caída del mercado y falta de apoyos, está suspendida desde hace más de tres años en las comunidades.

“Los Chimas requieren de mucho apoyo, de nada sirve ese programa federal llamado Sembrando Vida; mejor es impulsar proyectos comunitarios de restauración y aplicarlo en las más de 50 mil hectáreas devastadas por los ganaderos invasores de la zona oriente, así como en las zonas de la cabecera municipal, donde la ganadería extensiva ha provocado la deforestación del territorio. Todo eso es lo que se requiere de ayuda, no nada no más los dichos, ni las palabras”, concluyeron.