Policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y miembros del Ejercito patrullan este viernes la vía «Paso del Comercio», recientemente desbloqueada, en Cali. EFE. 

Se produjeron durante la rebelión popular y son recogidas en el informe preliminar entregado a Naciones Unidas por la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de los Derechos Humanos.

Desde el 28 de abril, cuando comenzó la rebelión popular o Paro Nacional, las imágenes de la represión estatal ordenada por el presidente derechista Iván Duque, recorrieron el mundo una y otra vez.

Ante las reiteradas denuncias sobre abusos por parte de las fuerzas represivas, la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de los Derechos Humanos, formada por diversas organizaciones como Serpaj, Correpi o APDH, decidió destacar una delegación en Colombia a fin de recabar la mayor información posible y elevar la denuncia ante organismos internacionales e instituciones colombianas.

Arribaron al país el 25 de mayo y se dispersaron por varios puntos del país, Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, entre otras ciudades y pueblos, donde comenzaron a recabar testimonios entre manifestantes, la población en general y hasta concejales de Bogotá. Luego de varios días de trabajo, este 2 de junio presentaron su informe prelimiar a la Delegada en Colombia del Alto Comisionado para los DD. HH. de Naciones Unidas.

El informe, que también se presentó ante la Cámara de Senadores de Colombia, hace un detallado conteo de las víctimas de las brutales represiones así como de las posteriores persecuciones que incluyeron la violación de domicilios particulares.

Como era de esperarse, la Misión no recibió ninguna colaboración por parte del Gobierno, responsable directo de la represión y los abusos. No obstante, se lograron constatar: atropellos a manifestantes con tanquetas, disparos al rostro con balas de goma (lo que ha causado decenas de daños oculares -una práctica que fue recurrente durante la rebelión chilena de 2019), ataques con piedras arrojadas con las manos e incluso con honderas, detenciones arbitrarias y posteriores tormentos a manifestantes, muchas veces sexuales, así como ingresos ilegales a domicilios, entre otros atropellos.

Pero las violaciones a los DD. HH. no han sido solo contra las y los manifestantes, en especial de la primera línea, sino que incluyeron al personal de prensa, voluntarios de postas sanitarias que intentan evitar muertes y atender heridos, y hasta transeúntes que no participaban de las movilizaciones. También es de público conocimiento la utilización de personal de civil, parapoliciales, que disparan contra los bloqueos y manifestaciones. Una práctica totalmente ilegal que fue muy utilizada contra la Minga indígena en el Valle del Cauca.

La Misión, también comprobó y registró la deliberada irrupción violenta de escuadrones policiales, contra manifestaciones pacíficas. Cargas que se realizan sin ningún tipo de justificación ni aviso previo. Así mismo, queda plasmado el uso de infiltrados y provocaciones de la propia policía para generar disturbio como excusa para la represión.

También se denuncia la participación de empresarios privados que han puesto sus instalaciones para servir de centros de detención improvisados y/o base de operaciones de la Policía, como el supermercado Éxito en Cali. Un hecho aberrante que da cuenta del carácter de clase de la represión.

La desaparición de personas es uno de los mayores crímenes que viene cometiendo el Gobierno de Duque y sus fuerzas represivas. La Misión denuncia casos de personas que fueron detenidas por personal policial y trasladadas en sus vehículos, y luego sus cuerpos fueron encontrados sin vida y mutilados. Además recaba denuncias de cientos de personas, también detenidas por la Policía, que aún se encuentran desaparecidas.

Como señaló Pablo Bres, miembro de Serpaj e integrante de la Misión, al programa Alerta Spoiler, toda esta información será ampliada con los registros de audio, video y fotos, para publicar en los próximos días. Pero entre las conclusiones del informe preliminar ya se destacan los mencionados crímenes de lesa humanidad y las «prácticas impropias de un estado de derecho», a la vez que se exige la investigación de los mismos por organismos nacionales e internacionales.

A continuación el informe completo:

Publicado originalmente en Desde Abajo