Ciudad de México | Desinformémonos. La construcción del cuerpo de seguridad Guardia Nacional, “de clara impronta castrense”, y el despliegue del ejército y la Marina en tareas de seguridad no han probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia, aseguró el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» (Centro Prodh) en el informe “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”.

Los defensores del Prodh indicaron que la creación de la Guardia Nacional demuestra la profundización de la militarización en el país, “en un nuevo marco legal que entrega a las fuerzas armadas atribuciones que por años buscaron y en una expansión de la participación de los castrenses en los más diversos ámbitos de la vida pública”.

Este “protagonismo castrense”, explicaron, además de no disminuir la violencia, suele incrementar las violaciones a los derechos humanos, y el fortalecimiento del sector “puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana”.

El Centro Prodh recordó que 75 por ciento de los elementos de la Guardia Nacional, creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es de extracción castrense, pues tan sólo hasta marzo del 2021 se reportó que de 101 mil 182 efectivos, 59 mil 439 eran de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 16 mil 350 de la Secretaría de Marina (Semar), el resto, 26 mil 393 eran de la policía federal.

Agregó que 28 de sus 32 coordinadores provienen de la Sedena, mientras que los otros cuatro son de la Semar. “Este es quizá uno de los datos más relevantes sobre el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional”, señalaron los defensores.

Finalmente, precisó que hasta marzo de 2021 se iniciaron 451 expedientes por quejas contra la Guardia Nacional en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual demostró una “efectividad raquítica” al sólo emitir una recomendación.