A pocos días del juicio de extradición de Facundo Jones Huala, la policía federal detuvo a un joven mapuche que lo visitaba en la cárcel de Esquel. El juicio, que tendrá lugar el próximo jueves 27 de Julio, se desarrollará en las instalaciones del cuartel de Gendarmería Nacional de esa localidad, por una cuestionada decisión judicial. Con esta es la tercera oportunidad en se tramita un juicio de extradición en su contra, ya que el primero fue anulado porque un testigo denunció haber sido torturado por efectivos policiales para forzar una declaración. El escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional, con asiento en Esquel – Chubut, fue parte de la represión del 1ro de Agosto de 2017 en Pu Lof en Resistencia Cushamen, y con posterioridad esa fuerza federal ha sido sindicada como responsable de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Los seis años de impunidad de este crimen de Estado como telón de fondo de la criminalización al pueblo nación mapuche en resistencia.
El pasado miércoles 19 de julio alrededor del mediodía circuló un alerta desde las redes sociales del Movimiento Mapuche Autónomo de Puel Mapu (MAP), organización política mapuche que lidera el lonko Facundo Jones Huala, preso político mapuche en la cárcel de Esquel. “Luego de realizada la visita en la unidad 14 de Esquel-Chubut Puelmapu al lonko Facundo Jones Huala nos esperaba una gran comitiva de la policía federal con orden de detención al lamuen/peñi (hermano) Lucas Naiman Pilquiman”, indicaban en el comunicado. Horas más tarde, Eduardo Soares, referente de la Gremial de Abogados, representante legal de Jones Huala en el juicio por extradición, explicaba que se trató de un trámite de notificación por un proceso judicial pendiente, y puso el eje en lo desmesurado del operativo: “Ahí lo llamativo es el despliegue policial que hicieron (…) Ya está fuera. Hablamos con el secretario del juzgado, y nos dijo que ni siquiera presentemos una excarcelación, que ya lo largaban. Pero bueno, hicieron un desastre por una causa que es una pavada”.
Sobre el operativo, Vanesa Millañanco, integrante de Kurra Mapu Lof Weichan, contó a los medios presentes que “eran como 20 personas adentro con teléfonos donde nos estaban filmando todo lo que decíamos. Estaba la gente de la Federal, justo a las 12 hs, justo cuando nosotros nos retiramos de la visita. O sea que la unidad 14 les avisó que el lagmen (hermano) Lucas había ingresado con nosotros a la visita y lo fueron a buscar, porque nadie sabía que él venía”. Al desproporcionado operativo para detener a una persona al interior de una unidad penal se suma el contexto. “Pedimos máxima difusión y que estos atropellos no puedan seguir pasando. Estamos a una semana del juicio de extradición de Facundo Jones Huala a Chile. Entonces esto está también enmarcado en la persecución política de los comuneros y la gente consciente que apoya la causa del pueblo nación Mapuche”, contextualizaba Millañanco.
El juicio que enfrenta Facundo Jones Huala, lonko (autoridad política) de Pu Lof en Resistencia Cushamen, no tiene vínculo judicial con el proceso de recuperación territorial llevado adelante por su comunidad a comienzos de 2015, que fue brutalmente reprimido por los gobiernos provincial y nacional desde sus inicios y donde el 1ro de Agosto de 2017 la represión ilegal de la Gendarmería Nacional bajo las órdenes de Pablo Nocetti –entonces número dos de Patricia Bullrich en el ministerio de seguridad de la nación— dejó como saldo la desaparición de Santiago Maldonado, joven anarquista que se había acercado solidariamente a un corte de ruta en inmediaciones de la comunidad y que sería encontrado casi tres meses después flotando río arriba del último lugar donde fue visto con vida.
Las recuperaciones territoriales vienen siendo una herramienta de lucha de las comunidades mapuche hace décadas, y se llevan adelante con acciones directas y acciones judiciales que cuestionan la posesión de porciones de tierras históricamente despojadas y sobre las cuales las y los integrantes del pueblo originario dicen detentar derechos no sólo de propiedad sino de uso, vinculados a formas del trabajo en la tierra (como la transhumancia, por ejemplo) pero también a prácticas espirituales. Esos derechos están tutelados por acuerdos internacionales que el estado argentino suscribe, que implican la protección de los saberes en los que se basa el cuidado de los territorios. El propio concepto de territorio de los pueblos originarios, en su dimensión espiritual, explica que lo que para la mirada occidental son accidentes geográficos, para quienes reivindican una identidad ligada a una cosmovisión ancestral son entidades vivientes que alojan fuerzas con las que se dialoga en ceremonias y prácticas concretas. La protección de esas fuerzas, su cuidado y su equilibrio son responsabilidad de las personas que adscriben a esa cosmovisión.
La represión de esta forma de lucha en nombre de la propiedad privada ha ido creciendo en los últimos años, a partir de la aparición en escena del Pu Lof en Resistencia Cushamen. Las causas judiciales contra comuneras y comuneros mapuche que se derivaron de aquellas represiones y la causa principal por usurpación promovida por el Grupo Benetton (que detenta la propiedad de más de 1.000.000 de hectáreas en la Patagonia, y que se presentó como dueño de las tierras reclamadas por la comunidad) han tenido siempre definiciones favorables a la comunidad, en vistas de los procesos policiales irregulares y el continuo avasallamiento de los derechos territoriales. En el juicio por usurpación se reveló que la Compañía de Tierras del Sur, propiedad del Grupo Benetton, había “corrido el alambre” en buena parte del territorio que ocupa, anexándose así tierras que no le pertenecían y despojando históricamente a numerosas familias.
La criminalización y represión de la que fue objeto la comunidad –y que viene siendo la respuesta sistemática del Estado frente a las reivindicaciones territoriales de pueblos originarios – tuvo varios momentos de máxima tensión, previamente y con posterioridad a la desaparición seguida de muerte de Santiago. Pero volviendo la mirada una vez más sobre ese crimen, desde el contexto que estamos hoy, aparecen los motivos de Santiago para estar ahí. Santiago estaba en la ruta acompañando la exigencia de libertad para el lonko Facundo Jones Huala, que estaba preso en Esquel hacía poco más de un mes.
Seis años después, Facundo está nuevamente privado de su libertad en la misma Unidad 14 de Esquel. En el medio, con posterioridad a un acuerdo político entre los entonces presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el poder judicial federal con sede en Bariloche definió su extradición a Chile, para afrontar un segundo juicio por hechos en los que no se había probado su participación ni la de ninguno de los otros implicados con los que fue en su momento detenido al otro lado de la cordillera. Poco tiempo antes, un primer juicio por extradición había sido anulado por la denuncia de un testigo que relató en las audiencias que las declaraciones que obraban en el expediente judicial le habían sido arrancadas bajo tortura. A pesar del escándalo suscitado, el acuerdo político entre ambos países impulsó un segundo juicio, que terminó con una fuerte represión a quienes se movilizaban exigiendo su libertad, con detenciones irregulares y la inauguración de las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria del aeropuerto local como centro de detención. Luego de su extradición, Facundo fue juzgado nuevamente con testigos de identidad reservada –práctica común en territorio chileno bajo la ley Antiterrorista. Previsiblemente, fue hallado culpable, y condenado a prisión de cumplimiento efectivo. Promediando la condena le fue otorgado un beneficio excarcelatorio en función de su buena conducta, beneficio que luego sería revocado a requerimiento de las fuerzas policiales locales.
Sin embargo, Facundo no volvió a presentarse ante las autoridades, y fuerzas provinciales de Río Negro dieron con él a comienzos de este año, lo detuvieron y lo pusieron a disposición del poder judicial. Este último no tardó en implicarlo en una serie de causas federales mientras buscaban que el estado chileno subiera el precio de su captura para poder mantenerlo en prisión. Según informó el MAP a principios de Julio, en todas las causas que se le imputaron entonces, Facundo ya fue sobreseído. Sólo queda alrededor de un año de pena por cumplir de su condena en Chile, y el pedido de sus allegados es que le permitan cumplirlo en Argentina. No obstante, su defensa ha comunicado oportunamente sobre el ensañamiento del juzgado a cargo del juicio, que ha rechazado sistemáticamente y sin análisis cada uno de los elementos probatorios ofrecidos por sus representantes legales, condicionando su derecho a una legítima defensa. Lo único que han respetado es su voluntad de ser alojado en Esquel para poder estar cerca de su familia, pero para lograrlo tuvo que afrontar una huelga de hambre que le generó consecuencias en su salud física. En ese contexto, la extradición de Facundo Jones Huala parece cosa juzgada.
El contexto que atraviesa la provincia de Chubut, en la que ha tenido lugar buena parte de los hechos que llevaron a Facundo Jones Huala a la palestra social y en donde hoy afronta su prisión política, es particularmente expresivo en relación con la criminalización de la protesta social. Continuamente se abren causas contra militantes sociales, asambleístas y dirigentes gremiales. Algunos de ellos han sido condenados recientemente, con el silencio cómplice de las centrales gremiales a nivel nacional. La fragilidad de la situación en Chubut ha llevado a diferentes organizaciones sociales y políticas a organizar recientemente un Foro contra la Criminalización de la Protesta Social en el que se denunciaron las constantes vulneraciones de derechos humanos en la provincia y la impunidad de la policía provincial y sus jefes políticos. En los últimos años las organizaciones de derechos humanos de la provincia se vieron obligadas a conformar una Red de Organizaciones por los Derechos Humanos para afrontar la delicada situación y exigir al poder judicial que cumpla sus funciones constitucionales. Así y todo, situaciones de amedrentamiento como la del miércoles pasado en Esquel son moneda corriente. El espionaje ilegal por parte de las fuerzas represivas es uno de los focos en los que las organizaciones ponen el eje. Durante el juicio a Santiago Goodman, ex Secretario General de la Asociación de Trabajadorxs de la Educación de Chubut (ATECh), un policía de la provincia relató haber llevado adelante tareas compatibles con el espionaje ilegal. La jueza le recordó que eso configuraría un delito, y le pidió que siga adelante con su declaración, ante la estupefacción de las personas que presenciaban la audiencia y que reclamaban la nulidad del proceso.
A nivel federal, la realidad de Jujuy demanda una mirada que sea capaz de leer en los gestos del poder las promesas de futuro que nos está haciendo la clase política. En ese contexto, hay un ingrediente más que pone en juego la perversidad y el ensañamiento del Estado para con la figura de Facundo y las personas y comunidades que lo sostienen y acompañan. El juzgado federal de Bariloche, a cargo del juez Gustavo Villanueva estableció que el juicio se desarrolle en dependencias del escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional con asiento en Esquel, misma fuerza que participó del operativo del 1ro de Agosto de 2017 y cuyos integrantes gozan de la impunidad que garantizó entonces Patricia Bullrich con su sentencia de “yo no voy a tirar un gendarme por la ventana” y que sus sucesores siguen garantizando. Villanueva, que ya intervino en el segundo juicio de extradición en 2018 declarando procedente la extradición, es conocido en la región por ser quien dictaminó la represión en la que fue asesinado en noviembre de 2017 Rafael Nahuel en la hoy nuevamente desalojada Lof Lafken Winkul Mapu, y recientemente declaró a la prensa que la decisión de llevar adelante el juicio en la sede del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional la tomó “para que garantice la seguridad del perímetro externo y durante el desarrollo de la audiencia”. En otras palabras, para desalentar y reprimir cualquier movilización en solidaridad con el enjuiciado. A pesar de las quejas por las restricciones que esa decisión implica en relación a la publicidad de las audiencias judiciales, el juez sostuvo la decisión de involucrar en el proceso judicial a la cuestionada fuerza federal.
Hace pocos meses, una persona que trabajaba en la misma dependencia donde sucederá el juicio declaró en sede judicial haber recibido órdenes para deshacerse de material vinculado con el caso de la desaparición de Santiago Maldonado y generó esperanza en que la causa, dormida en los cajones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vuelva a moverse. Hoy, a pocos días de cumplirse un sexto aniversario del crimen de Estado más sonado de los últimos tiempos, no sólo no se vislumbra una luz de justicia por Santiago sino que sus compañeros de lucha enfrentarán un nuevo juicio armado en el lugar que guarda todos los secretos sobre su muerte.
Publicado originalmente en ANRed
