Este día, a cuatro años de las graves violaciones a los derechos humanos de los normalistas de Ayotzinapa que el 12 de diciembre de 2011 se manifestaban sobre la Autopista del Sol por el cumplimiento de sus demandas estudiantiles, los familiares de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús (asesinados por servidores públicos) y Gerardo Torres Pérez (víctima de tortura) presentan una denuncia contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los peticionarios solicitan al Sistema Interamericano que declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice el Estado mexicano por la violación de sus obligaciones internacionales, establecidas en la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

La denuncia en cuestión se enmarca en hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, cuando oficiales de la fuerza pública federal, estatal y municipal, se movilizaron para desalojar una manifestación pública y pacífica de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa.

Entonces, el uso desproporcionado e ilegal de la fuerza policial resultó en la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y en la detención ilegal y posterior tortura de Gerardo Torres Pérez.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, representan a los peticionarios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En un comunicado de prensa, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan refiere que “los hechos denunciados en esta petición ejemplifican algunos de los temas más acuciantes sobre violaciones a los derechos humanos en México, entre ellos: la represión de la protesta social, el uso de desproporcionado de la fuerza, el empleo de la tortura como medio de investigación, y la falta de esclarecimiento y sanción de violaciones graves a los derechos humanos”.