La Corte de Constitucionalidad (CC) acaba de reiterar lo que ya había resuelto en 2020, que la operación minera de la Compañía Guatemalteca de Níquel en El Estor, Izabal, es ilegal. Sigue siendo ilegal a pesar de que, a finales del año pasado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) dio por buena una consulta que se realizó en medio de un estado de sitio impuesto por el gobierno de Alejandro Giammattei.

Lo que la CC resolvió es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no había respondido a la petición hecha por varias autoridades comunitarias y pescadores de El Estor de suspender la operación de la mina porque esta no había realizado una consulta previa con los afectados, como lo manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y como lo había ordenado la misma Corte de Constitucionalidad.

En una primera resolución, de enero de 2019, la CSJ había ordenado realizar la consulta comunitaria, como lo pedían los amparistas, pero había permitido a CGN seguir con la explotación minera de níquel en El Estor. Los demandantes apelaron esta segunda parte de la resolución, pero la CSJ nunca les contestó.

De cualquier manera, en 2020, la Corte de Constitucionalidad resolvió que la mina debía dejar de operar mientras no realizara la consulta. Con la complicidad del gobierno de Giammattei la mina siguió operando a pesar de lo ordenado por la CC.

El 26 de abril, la CC resolvió un ocurso, que es un recurso judicial con el que un demandante, en este caso los amparistas de El Estor, puede pedir a un tribunal superior que asista para que se resuelva sobre un asunto no resuelto por otra autoridad judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que se había negado a revisar lo concerniente a la operación de la mina sin consulta previa.

Haciendo uso de ese hueco legal, e ignorando lo resuelto por la CC, la mina siguió operando y, a finales de 2021, el Ministerio de Energía y Minas, que es la autoridad demanda por los amparistas Maya Q’eqchi’, inició el proceso de consulta demandado. Sin embargo, el MEM dejó por fuera a más de 90 comunidades que se oponían al funcionamiento de la mina por el daño ambiental que estaba ocasionando en el lago Izabal.

En octubre de 2021, dirigentes Q’eqchi’, entre ellos algunos de los amparistas, iniciaron una protesta pacífica para exigir el cierre de la operación minera, que consistió en bloquear el paso de camiones cargados del carbón que la mina necesita para su funcionamiento. Del 22 al 24 de ese mes, cuando ya las reservas de carbón estaban al límite, el gobierno de Giammattei envió un contingente de centenares de policías y soldados a despejar el paso y a reprimir a quienes protestaban.

Un día después de la intervención policial, Giammattei decretó un estado de sitio que sirvió al MEM y a la mina para llevar adelante la consulta exigida por las altas cortes en medio de un ambiente marcial que les permitió fragmentar al movimiento opositor y criminalizar a quienes lo dirigieron y reportaron. Para finales de diciembre, el MEM anunció que la consulta estaba concluida, lo cual, en el papel, devolvía la legalidad a la operación minera.

El 26 de abril pasado, la CC revirtió todo lo actuado al ordenar que, por la falta de respuesta de la CSJ a la petición inicial de los comunitarios Q’eqchi’ de que se suspendiera la extracción de níquel mientras no hubiese consulta, debía de revertirse todo lo actuado desde que los amparistas solicitaron a la CC, en julio de 2021, que obligara a la CSJ a responder a la petición de suspender la operación minera, lo que incluye a la consulta de diciembre de 2021.

La CC resolvió ordenar “al Tribunal ocursado (la CSJ) que, dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la ejecutoria del presente fallo y sus antecedentes, notifique al ocursante de las resoluciones recaídas en el trámite de la debida ejecución que planteó, en la dirección que señaló, posteriormente, deberá continuar con la tramitación de la referida solicitud en la fase procesal que corresponda, con la celeridad que impone la ley de la materia”.

“En términos muy simples significa que la consulta realizada por el MEM con los pueblos indígenas se desarrolló de forma ilegal. Los amparistas acudieron a la corte (CSJ) señalando todas las irregularidades cometidas por el Ministerio de Energía y Minas y la corte decidió ignorar todas las acciones que se habían presentado”, explicó Rafael Maldonado, uno de los abogados de los amparistas.

Maldonado considera que lo resuelto por la CC significa que lo actuado desde julio de 2021 es ilegal. “Con base a lo que dice la Corte en la parte resolutiva, prácticamente se debe de entender que la consulta carece de validez”, dijo en charla con Prensa Comunitaria.

Por ahora, dijo Maldonado, los amparistas esperaran que la CSJ sea notificada y, luego, que responda sobre lo actuado para tomar una decisión sobre la estrategia legal a seguir.

Una mina y un estado coludidos

El Proyecto Minero Fénix, cómo se conoce a la mina de Solway/CGN en El Estor, Izabal, ha operado ilegalmente con la complicidad del Estado de Guatemala desde la primera resolución de la Corte de Constitucionalidad en 2020. La complicidad ha incluido, además del uso discrecional de la fuerza pública, sobornos a al menos un operador judicial local, en Puerto Barrios, que ha fallado a favor de la mina y en la criminalización y perfilamiento de comunitarios Q’eqchi’ que se han opuesto a la mina.

En marzo de 2022, un consorcio periodístico internacional publicó en varios medios de comunicación del mundo investigaciones que revelaron el alcance de la complicidad entre el gobierno de Alejandro Giammattei y los mineros rusos.

Basada en una filtración de documentos internos y en meses de trabajo de campo en El Estor, la investigación determinó, entre otras cosas, que la Policía Nacional Civil ha recibido regularmente donativos de una fundación financiada por la empresa minera, y que ese dinero ha servido en parte para acompañar acciones represivas en contra de quienes se oponen a la mina.

Otra revelación es que la mina ha realizado acciones sistemáticas para perfilar y criminalizar a sus opositores. Y que el Estado guatemalteco, a través del Ministerio Público, la PNC y sus sistemas de inteligencia, ha acompañado esas acciones. De hecho, los gobiernos de Giammattei y su antecesor, Jimmy Morales, no dudaron en decretar sucesivos estados de sitio cada vez que representantes de la mina lo pidieron.

Los documentos también revelan que la mina confeccionó planes para mitigar los daños a su imagen debido a la contaminación provocada en el Lago de Izabal. Muestras de agua y aire tomadas por la misma mina y analizadas por el consorcio periodístico muestran, además, que los niveles de concentración de minerales tóxicos en el Lago de Izabal superan varios estándares internacionales.

En una investigación publicada por The Store Project -uno de los miembros del consorcio- y elPeriódico se da cuenta de que Mayaníquel, una empresa que fue investigada por entregar un soborno a Giammattei, tiene profundos vínculos comerciales con Solway/CGN tanto en El Estor como en el Puerto Santo Tomás de Castilla, desde donde se exporta hacia varios destinos el níquel producido en Izabal.

Pero ha sido la connivencia del MEM al llevar adelante una consulta irregular en medio de un estado de sitio una de las complicidades que más han favorecido a la minera. Hoy, con la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, la legitimidad de esa consulta y de la operación de la mina vuelven a estar cuestionadas.

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