Se inició el debate en contra de tres defensores de derechos humanos, quienes fueron criminalizadas después de mantener una resistencia en contra de un ingenio azucarero que funciona en este territorio.
Este 17 de junio, en el Tribunal de Sentencia de Retalhuleu, inició el juicio en contra de Virgilio García Carrillo, Abelino Salvador Mejía Cancinos, Anabela España Reyes y Flavio Vicente Vicente, acusados por el Ministerio Público (MP) de detenciones ilegales, coacción y amenazas en contra de trabajadores del ingenio El Pilar.
Los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2017, cuando en un sector de la comunidad Nueva Candelaria, se reunieron varios vecinos para manifestar en contra de la explotación y contaminación de las fuentes de agua.
Los cuatro sindicados integran la Junta Directiva del Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR), que agrupa a más de 18 comunidades que habitan en el departamento de Retalhuleu, principalmente en el municipio de Champerico.
Este consejo nació con la finalidad de encontrar soluciones a los constantes problemas que provocan los ingenios con el uso de químicos y la contaminación del agua que utilizan para la sobrevivencia de las comunidades.
Se realizaron varias mesas técnicas en las que participaron instituciones del Estado y del gobierno local, para encontrar alguna solución. La falta de respuesta y cumplimiento a los acuerdos y, principalmente los beneficios para las empresas, hicieron que la población se organizara en una manifestación, el 24 de noviembre de 2017.
En esta manifestación, participaron personas de diferentes comunidades que se han sido afectadas por la contaminación al agua, principalmente porque se dedican a la agricultura.
En 2018, El MP les notificó sobre la acusación en su contra. El 23 de agosto de 2019 fue la audiencia de primera declaración y la jueza a cargo de este proceso declaró falta de mérito a favor de los señalados, ya que no encontró un delito que perseguir. Pero la fiscalía del MP apeló la decisión y la sala de Apelaciones de esa localidad reabrió el caso.
El 22 de octubre de 2021 fueron ligados a proceso y pasaron varios meses hasta el inicio del debate, porque constantemente aplazaban las audiencias programadas.
La Fiscalía dijo en su acusación que los cuatro comunitarios promovieron que más personas cometieran delitos y, además, retuvieron a algunos trabajadores, desde las 17 horas, hasta la media noche. También señalan que no dejaron circular los vehículos del ingenio.
El abogado defensor Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, dijo que el debate se inició con la declaración de dos agentes que resguardaban el ingenio el día de la protesta. Asegura que se evidencia que lo único que hicieron fue protestar de manera pacífica y no hay razones para continuar con la criminalización.
Castro agregó que la defensa mantiene la postura de que estas acciones pacíficas son una reacción comunitaria por el desvío y contaminación de los ríos en ese territorio.
“Consideramos que ha quedado planteada la tesis de que lo que hay aquí es una conflictividad social y que el Estado de Guatemala está usando esto para reprimir a la población”, dijo el abogado.
El juicio continúa durante esta semana, y el abogado Castro indicó que podría concluir en los próximos días, mientras tanto los defensores mantienen su libertad, bajo la condición de firmar, cada 30 días, un libro de actas en el juzgado en la localidad.
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