Algunas dinámicas de violencia no han cambiado en los últimos años, pero han quedado silenciados o escondidos por otras informaciones: ocurre con el conflicto en el norte de Mozambique, el acoso a los activistas LGTBIQ+ en Kenia o la inseguridad vial en diversos países. De pronto un episodio concreto hace que esas problemáticas ya no puedan pasar desapercibidas.
Da igual la gravedad de las crisis, en general, los medios de comunicación son incapaces de mantener la atención. La adicción a los hechos puntuales, sin embargo, tiene su lado bueno: recuerdan que hay crisis olvidadas como la del norte de Mozambique. El conflicto en Cabo Delgado que se desencadenó hace más de cinco años ha provocado un millón de desplazados y ha sido tablero de las acciones descontroladas de mercenarios internacionales y de intrigas regionales y, sin embargo, solo un vídeo viral es capaz de volver a atraer la atención. Lo mismo ocurre con la represión en Zimbabue, la violencia homófoba en Kenia o la siniestralidad vial en Senegal
Unas imágenes recuerdan la violencia en el norte de Mozambique
Resulta asombroso la velocidad con la que los medios de comunicación convencionales se olvidan de la violencia en ciertas latitudes. Llama la atención igualmente cómo la fijación por los hechos puntuales enciende focos de interés aquí y allí. En las últimas semanas el vídeo escalofriante de un hombre siendo quemado en el norte de Mozambique ha recordado, de nuevo, la persistencia del conflicto que azota, principalmente, a la provincia de Cabo Delgado. Las imágenes dicen mucho más a quién las quiera interpretar, como por ejemplo, que el abuso acostumbra a estar en la base de la mayor parte de los episodios de violencia política y que, cuando menos, abona y nutre los conflictos; y que la solución militar pocas veces conduce a paces sólidas y duraderas porque acostumbra a imponer unas posturas sobre otras por la fuerza, precisamente el escenario contrario a la convivencia.
En el vídeo que ha vuelto a atraer la atención sobre el conflicto en Cabo Delgado, se ve supuestamente a soldados mozambiqueños quemando cadáveres en una hoguera. El análisis realizado por la organización Amnistía Internacional le ha llevado a determinar que, a pesar de que se propagó por las redes sociales ampliamente a partir del 10 de enero, los hechos se produjeron en noviembre de 2022. Estas evidencias han hecho que Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral haya considerado que “trágicamente, al parecer siguen produciéndose incidentes violentos contra la población civil, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como ya documentó anteriormente Amnistía Internacional”. Chagutah se refiere con estas declaraciones al informe que la organización de defensa de los derechos humanos publicó hace casi dos años, en marzo de 2021, en el que acreditaba que todos los actores del conflicto, tanto las fuerzas armadas, como los grupos armados y los mercenarios que operaban en la zona, estaban cometiendo crímenes de guerra.
En las últimas semanas el vídeo escalofriante de un hombre siendo quemado en el norte de Mozambique ha recordado, de nuevo, la persistencia del conflicto que azota, principalmente, a la provincia de Cabo Delgado
Desde que se desencadenó el conflicto a finales de 2017, cocinado a fuego lento de agravios, abusos, explotación de recursos y falta de perspectivas, durante años, la crisis de Cabo Delgado ha seguido el macabro guión de los escenarios más olvidados y silenciados. Cinco años después del inicio de este ciclo de violencia más de un millón de personas había resultado desplazado según los datos ofrecidos por ACNUR. Por un territorio escasamente vigilado por organizaciones internacionales han pasado en este tiempo sucesivamente (y con el mismo escaso éxito) mercenarios rusos y sudafricanos y tropas diversas de la región que en 2021 constituyeron la Misión de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en Mozambique (SAMIM, por sus siglas en inglés), con efectivos de Ruanda, Angola, Botsuana, República Democrática del Congo, Lesoto, Malawi, Namibia, Sudáfrica, Tanzania y Zimbabue. La intervención de militares ruandeses, que fueron los que dieron el primer paso adelante, despertó gran interés en el país y no pocas críticas por el impacto en la política del país.
El último episodio solo confirma que el conflicto sigue más vivo que nunca, que la falta de vigilancia en la región ha convertido la zona en un terreno abonado para que se extienda el control militar. Por ello, Amnistía Internacional ha reclamado una investigación independiente de este episodio y el ejército sudafricano, cuyos efectivos también aparecen en el vídeo como testigos, se apresuró a desmarcarse y anunció que intentará esclarecer lo ocurrido. Mientras, el número de desplazados sigue aumentando. De hecho, la violencia se ha incrementado en las últimas semanas.
La disidencia cada vez más acorralada en Zimbabue
Los y las zimbabuenses deberían escoger este año a su presidente, sin embargo, no se han conocido novedades acerca de la convocatoria de los comicios. Eso sí, la tensión política se ha traducido en los últimos tiempos en un incremento del acoso a los activistas opositores e incluso a un aumento de la violencia en contra de los militantes de partidos de la oposición. De hecho, han coincidido casi en el tiempo la difusión del vídeo de una agresión a unos ancianos de la Citizens Coalition for Change (CCC), el principal partido opositor, con la detención de un grupo de activistas de la misma formación acusados de planear una estrategia de violencia política.
En el primer caso, un grupo de ancianos del CCC eran agredidos, supuestamente, por simpatizantes del ZANU-PF, el partido del poder, y al parecer el ataque fue gravado por los propios agresores. La difusión del vídeo ha evidenciado la situación de violencia en el país, precisamente, en la antesala de las elecciones, y ha movilizado a algunos actores del país como la comunidad de obispos católicos que han denunciado la situación y han llamado a la calma y a organizaciones de defensa de los derechos humanos. En el segundo episodio una veintena de militantes del CCC fueron detenidos acusados de fomentar la violencia política y se encuentran a la espera de ser juzgados.
En Zimbabue, activistas prodemocracia han coincidido con algunos de los partidos de la oposición en la campaña #RegisterToVoteZW, con la que pretenden promover la participación en las elecciones como una manera pacífica de acabar con el poder del actual presidente Emmerson Dambudzo Mnangagwa y del ZANU-PF
En medio de esta situación algunos medios locales críticos han advertido de la baja tasa de registro para las próximas elecciones e interpretan que se debe al evidente riesgo que los comicios suponen para la ciudadanía. A pesar de todo, activistas prodemocracia han coincidido con algunos de los partidos de la oposición en una campaña con la que pretenden promover la participación en las elecciones como una manera pacífica de acabar con el poder del actual presidente Emmerson Dambudzo Mnangagwa y del ZANU-PF. Se trata de #RegisterToVoteZW.
Medidas contra la epidemia de accidentes de tráfico en Senegal
En poco más de una semana casi sesenta personas han muerto en dos accidentes de tráfico en Senegal. El primero de los siniestros se produjo el domingo 8 de enero en la carretera nacional 1 (RN1) cerca de la localidad de Sikilo, en el departamento de Kaffrine. La colisión de dos autobuses con casi 140 pasajeros provocó la muerte de una cuarentena de personas, según el mensaje del propio presidente senegalés Macky Sall, y decenas de heridos, que aumentaron el número de víctimas a 42 en los días siguientes. El siniestro provocó una considerable sacudida en el país, el gobierno decretó tres jornadas de luto, y en solo dos días anunció una batería de medidas destinadas a mejorar la seguridad viaria y a atajar la epidemia de muertes en las carreteras. Este anuncio no aplacó el debate social, teniendo en cuenta que algunas de las medidas aparecían como irrealizables. Entre ese plan de choque se prohíbe la circulación de transportes públicos de pasajeros entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada, la limitación de velocidad a 90 km/h o la prohibición de importar neumáticos usados, entre otros. Sin embargo, la medida de la discordia fue la eliminación de los portaequipajes superiores en los vehículos de transporte de pasajeros, pero se añadía un año de moratoria para su entrada en vigor, lo que alimentó el debate en las calles e incluso un cierto rédito político.
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