De la esperanza del neoliberalismo ecologista a confrontarse ante la justicia por la inacción climática. El divorcio entre el presidente francés Emmanuel Macron y el ecologismo se acentúa. Cuatro importantes ONG en Francia —Notre affaire à tous, la Fundación Nicolas Hulot, Greenpeace Francia y Oxfam— presentaron este jueves un recurso judicial para llevar el Estado francés ante los tribunales por su inacción en la lucha contra el cambio climático. Con el empuje de la jornada mundial de movilizaciones estudiantiles del viernes y numerosas manifestaciones ecologistas convocadas este sábado por toda Francia, esta singular iniciativa pretende compaginar la presión judicial con la presión en la calle para obligar a las autoridades francesas a reaccionar ante el calentamiento global.
El llamado ‘Caso del siglo’ empezó a finales de diciembre con el lanzamiento de una exitosa petición en internet. En pocas semanas logró más de dos millones de firmas, todo un récord en Francia. El gobierno francés dispuso de dos meses para responder al requerimiento previo a la denuncia. Publicada el 15 de febrero, su respuesta resultó insatisfactoria. “Estamos hartos de la política de pequeños pasos”, asegura en declaraciones a El Salto Noélie Coudurier, responsable de la campaña del Caso del siglo para Oxfam Francia. “Nos dicen que el año pasado redujeron en un 16% las emisiones de dióxido de carbono, pero no se trata de cifras reales, sino de las predicciones del gobierno”, lamenta esta militante.
“No queremos dejarnos llevar por la inacción del gobierno”, afirmó este jueves Célia Gauthier, de la Fundación Nicolas Hulot, en una rueda de prensa en París. “Queremos utilizar todos los mecanismos que estén en nuestras manos”, declaró, por su parte, la exministra Cécile Duflot durante la misma comparecencia para presentar el recurso judicial. “Algunos se preguntan: ¿es legítimo utilizar la justicia para forzar el Estado a actuar contra el cambio climático? Sí, claro, se trata del Estado de derecho”, defendió Duflot, que ahora ejerce como directora de Oxfam Francia.
Para fundamentar a nivel legal su recurso, las cuatro ONG se basan en múltiples textos firmados por las autoridades francesas sobre medio ambiente. Por ejemplo, la Carta del Medio Ambiente incorporada en 2005 a la Constitución francesa, la Convención Europea de Derechos Humanos o tratados internacionales como la Convención de la ONU de 1992 o el Acuerdo del Clima de París de 2015. Tras la presentación esta semana del recurso en el tribunal administrativo de la capital francesa, se abrirá la fase de instrucción. El juicio no se celebraría hasta 2020 o 2021. “Si se presentan recursos en contra de la sentencia, el proceso puede durar en total unos siete años”, explica en declaraciones a este diario Gauthier.
“UNA MOVILIZACIÓN MÁS AMPLIA”
“Esta iniciativa se inscribe en una movilización más amplia”, defendió Jean-François Julliard, director de Greenpeace Francia. Por azar del calendario, la presentación de este recurso judicial coincidió prácticamente con la jornada mundial de movilizaciones estudiantiles por el cambio climático del 15 de marzo, que tuvo un seguimiento más que notable en Francia, con 29.000 manifestantes en París, 12.000 en Lyon o 10.000 en Nantes, según la policía.
Además, han convocado manifestaciones, conocidas como las “marchas del siglo”, en decenas de ciudades francesas en apoyo a este proceso judicial. En el caso de París, está previsto que otras protestas convocadas por los “chalecos amarillos” o la marcha de la solidaridad contra la violencia policial confluyan en esta misma manifestación. Lo que representará el inicio de una “primavera climática y social” en Francia, según los organizadores.
Pese a los esfuerzos comunicativos de Macron, con su ingenioso eslogan “Make our planet great again” o recibiendo el 22 de febrero a la activista sueca Greta Thunberg en el Elíseo, el Gobierno francés acumula detractores por sus tímidas políticas medioambientales. La dimisión en septiembre de Nicolas Hulot como ministro de la Transición Ecológica pinchó la burbuja del neoliberalismo ecologista de Macron. Aunque la renuncia de este reputado activista dio lugar a un creciente movimiento ecologista en Francia, el Ejecutivo centrista no parece reaccionar. Así lo reflejan sus modestísimos objetivos energéticos, cuya presentación en febrero de este año comportó la renuncia al objetivo, establecido en 2005, de dividir por cuatro las emisiones de CO2 entre 1990 y 2050.
Según un estudio del Instituto de desarrollo sostenible, publicado en octubre, el retraso del Estado francés en la lucha contra el cambio climático resulta considerable. La producción de las energías renovables solo representa el 16% del total de la electricidad, por debajo del 19,5% recomendado por la Unión Europea. Tras una reducción progresiva desde el 2006, las emisiones de CO2 volvieron a aumentar en 2016 y 2017. “Solo se están realizando trabajos de renovación energética en unas 300.000 casas cada año, mientras que la actual legislación establece unos 500.000 hogares anuales”, recuerda Gauthier. Unos avances insuficientes en uno de los países europeos más afectados por el cambio climático, después de que las temperaturas hayan aumentado una media de 1,4°C respecto a la era preindustrial.
LA JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS CLIMÁTICOS
“El actual gobierno es, sin duda, el que está avanzando de forma más ambiciosa, al haber establecido el objetivo de reducir a cero el superávit en las emisiones de CO2 antes de 2050”, defendió el ministro de la Transición Ecológica, François de Rugy. Desde el Ejecutivo francés describieron esta iniciativa como una “operación de comunicación” y la tacharon de “cínica” (). “No será un tribunal el que hará disminuir las emisiones de CO2”, ya había asegurado a finales de diciembre De Rugy. De esta forma, el ministro francés de la Transición Ecológica parecía obviar una tendencia en los últimos años: la judicialización de los conflictos climáticos.
“Se está produciendo una judicialización generalizada del clima”, explica Marine Denis, portavoz del “Caso del siglo” para la asociación Notre affaire à tous. Denis recuerda que en las últimas décadas ha habido “entre 1.000 y 1.200 procesos judiciales por cuestiones medioambientales”. Tras haberse iniciado a principios de los 2000 en países anglosajones, este tipo de contenciosos se multiplicaron después de la Conferencia del Clima de París de 2015. En el caso de las cuatro ONG francesas, se inspiran en el ejemplo del recurso judicial presentado en Holanda por la asociación Urgenda. El éxito de esta demanda hizo que la justicia holandesa obligara a las autoridades de este país a respetar el objetivo de reducir en un 25% las emisiones de CO2 antes de 2020.
Como sucedió con la movilización mundial del 15 de marzo, los jóvenes también toman la delantera en llevar a las autoridades ante los tribunales por su inacción climática. Con el apoyo de la ONG Our Children Trust, 21 adolescentes estadounidenses denunciaron el gobierno de su país por inacción climática. En Colombia, la mayor instancia judicial del país exigió el año pasado al ejecutivo que terminara con la desforestación, tras una denuncia presentada por 25 adolescentes con la ayuda de la ONG Desjusticia. Y siete menores portugueses también presentaron un recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por los devastadores incendios del pasado verano.
“Queremos que el derecho progrese en la defensa del medioambiente y en la lucha contra el cambio climático, de la misma forma que lo han hecho los derechos de las mujeres”, reivindica Denis. Esta militante asociativa recuerda su voluntad de inscribir en el Artículo 1 de la Constitución francesa la preservación del medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Y así hacer del derecho un arma para defender a los más débiles y contrarrestar la inacción de los poderosos en la lucha contra el cambio climático.
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