Un clamor popular plasmado en más de 160.000 firmas en change.org y el impulso de organizaciones como Bomberos en Acción trajeron a Osman y a su familia a España en mayo de 2016. Ríos de tinta en periódicos, webs y muchos minutos en televisión y radio recrearon la historia de este pequeño con parálisis cerebral que era traslado a España con el beneplácito del Gobierno para ser tratado en el hospital de La Fe de València.

Osman, sus padres y sus dos hermanos habían abandonado su Afganistán natal, ante la violencia generada por el gobierno taliban, emprendiendo una dura ruta llena de imprevistos. De Afganistán a Irán, de Irán a Turquía y de Turquía a Grecia, en una pequeña lancha hinchable que se hundió en medio del mar con 50 personas dentro.

De Afganistán a Irán, de Irán a Turquía y de Turquía a Grecia, en una pequeña lancha hinchable que se hundió en medio del mar con 50 personas dentro

Mientras Osman fue rescatado por un barco, el resto de la familia tuvo que batirse en duelo con el mar. Cuenta Ata, el padre de Osman, que nadaron tres horas hasta la costa, cada uno con un hijo bajo el brazo. Cuando llegaron a Grecia se reencontraron con su tercer hijo en el campo de refugiados de Idomeni. Bomberos en Acción emplearon todas sus fuerzas para denunciar el estado del pequeño que podría conseguir en España una considerable recuperación.

Al final lo consiguieron y Osman entraba en España entre ruedas de prensa y medallas colgadas del pecho del entonces ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo. Hoy, cuando han pasado “dos años y veinte días”-como puntualiza Ata- pocos se acuerdan de su historia y su situación es crítica.

“Estamos mal, muy mal. Ninguna ayuda ya. No teníamos ni tarjetas de transporte. Yo he montado un negocio y hemos tenido problemas para conseguir la licencia. Tuve que vender mi casa en Afganistán para seguir adelante, pero el banco no me deja sacar el dinero. Lo tiene bloqueado. Dice que es dinero negro. Yo tengo todos los papeles de la venta de mi casa. No lo entiendo”, cuenta Ata en un escueto castellano, mientras atiende su negocio en Valencia.

Yo he montado un negocio y hemos tenido problemas para conseguir la licencia. Tuve que vender mi casa en Afganistán para seguir adelante, pero el banco no me deja sacar el dinero

A la familia de Osman les concedieron la protección internacional con la figura del asilo. Los primeros seis meses los pasaron en un centro. Es lo que se conoce como estadío uno del refugiado, durante el cual reciben clases de español y formación para conseguir su autonomía. Luego pasaron a la fase dos, donde los refugiados reciben una ayuda de 260 euros mensuales para alquiler y 200 euros para alimentación. Luego llega el estadío tres, donde ya no reciben nada.

Esta familia afgana consiguió alquilar un piso con mucho esfuerzo y Ata montó un pequeño negocio, envuelto en una maraña burocrática para solicitar una licencia. Mientras, espera que sus ahorros lleguen desde Afganistán. El Banco Caixa Popular tiene bloqueado el dinero porque es un país en conflicto y la normativa SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales) no permite que llegue.

Durante la entrevista, Ata rebusca la escritura de compraventa del inmueble certificada por la Embajada de Afganistán. La encuentra, pero de nada vale. Ata se siente solo y desamparado. Su hijo ya no ocupa portadas, pero Osman sigue sufriendo parálisis cerebral y su padre batalla para sacar adelante a la familia.

Su hijo ya no ocupa portadas, pero Osman sigue sufriendo parálisis cerebral y su padre batalla para sacar adelante a la familia

“Ante la curiosidad mediática que ha despertado el barco Aquarius, desde Vàlencia és Refugi hemos buscado un caso similar para que la gente conozca qué pasa con estas personas cuando se apagan los focos”, explica Ana Isabel Martínez, presidenta de esta pequeña entidad que se dedica a ayuda a los refugiados en esta ciudad. “Exigimos un seguimiento para este tipo de casos y queremos mostrar las carencias del sistema de asilo”, denuncia.

“El caso de la familia de Osman nos llegó hace poco. Nos dijeron que había una familia afgana que lo estaba pasando muy mal. Cuando entré a la casa me encontré con Osman. Después de que se acabaran las ayudas iniciales, no tenían prácticamente ninguna ayuda gestionada, ni siquiera el informe de discapacidad del niño”, explica Martínez, quien confiesa que sintió una indignación muy grande porque “pensaba que los refugiados que tenían un foco mediático eran privilegiados, pero me di cuenta de que no”.

“No tenían ni tarjetas de transporte. Cada vez que la familia tenía que desplazarse para ir al hospital, Ata pagaba mucho”, ejemplifica la presidenta de la organización para señalar la situación de abandono en la que se encontraban. Desde esta organización están muy preocupados por la madre de Osman. “No sabe español, lleva dos años encerrada en casa cuidando de sus hijos. No ha podido ir a cursos de formación. Nadie les ha facilitado atención para los niños. Una voluntaria está yendo los martes para que la mamá pueda aprender castellano y nosotros vamos a hacer de canguros para que esa mamá salga de casa”, explica.

Esta familia ha encontrado a una red de personas que están supliendo las carencias institucionales. “Osman tiene una silla especial, el autobús del cole le dejaba super lejos. Con una llamada telefónica hemos conseguido que le dejen cerca de casa. Empiezan a tener cosas ahora porque un grupo de amigos nos hemos juntados a ayudarles. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir denunciando la situación”, asegura Martínez. Mientras, Ata insiste en que no quiere vivir de ayudas. “Yo solo quiero ayuda para Osman, para conseguir mi licencia y para recuperar mi dinero”, repite.

UN SISTEMA POCO FLEXIBLE

Martínez asegura que muchos demandantes de asilo no tienen derecho ni siquiera a acceder a las primeras ayudas. “Hay gente bajo protección internacional que son excluidos del sistema de ayuda. Hemos encontrado solicitantes de asilo durmiendo en la calle. En mi casa tengo un refugiado de dos años al que no le han ofrecido ninguna alternativa. Su mamá y él viven en mi casa porque la única alternativa que les daban era irse a un albergue”, explica.

Jaume Durà, coordinador de CEAR en Valencia cuenta que el sistema de asilo es “un sistema encorsetado”. Las personas que llevan un tiempo ya en España cuando solicitan el asilo no pueden acceder a los dispositivos de acogida. “Es un sistema demasiado rígido, debería ser más flexible”, asegura. Durà explica que conseguir el estatuto de refugiado implica obtener un permiso de trabajo y residencia en España durante cinco años.

“Tienen un tope de 24 meses en el que tienen que hacer un itinerario de formación”, añade. “Para las personas más vulnerables, esto no es suficiente

“Mientras dura el procedimiento, tendrían ciertas ayudas económicas, bastante mínimas. Es un proceso en el que vamos acompañando a las personas hasta que puedan valerse por ellas mismas. Tienen un tope de 24 meses en el que tienen que hacer un itinerario de formación” añade. “Para las personas más vulnerables, esto no es suficiente”, señala.

Por otro lado, las organizaciones denuncian que el sistema está “colapsado” y destacan las dificultades para acogerse a las ayudas de emergencia. Desde CEAR aseguran que las 8500 plazas que hay en todo el estado están todas ocupadas, con lista de espera. Cuentan también que hay más de 42.000 solicitudes de asilo pendientes de resolver. “Los procedimientos de asilo tardan un año y el año pasado se denegaron más del 65% de las solicitudes, 2 de cada 3”, asegura el coordinador.

Cuando todas las ayudas estatales se agotan, las organizaciones CEAR, Accem y Cruz Roja, junto con el ayuntamiento de Valencia, gestionan el programa ‘La Nostra Ciutat el Teu Refugi’ enfocado a impulsar y reforzar el trabajo de acogida. “Con este proyecto se dan ayudas puntuales. Aparte de ser un proyecto de sensibilización, ayudamos en la búsqueda de vivienda o en las gestiones con los bancos para abrir una cuenta”, describe Durà, quien explica que prestan ayuda a la familia de Osman a través de este programa.

EL FIN DE LA SOLIDARIDAD

Mientras tanto, los 629 inmigrantes del Aquarius esperan que se resuelva su situación, caso por caso. En estos momentos Francia está valorando qué personas serán trasladadas al país galo. El resto deberá pedir asilo en España. “Nosotros entendemos que tendrían que haber dado algún tipo de protección desde el principio pero no se ha hecho así, se les hadado una autorización de 45 días para que formalicen la solicitud”, cuenta el coordinador de Cear.

Las instituciones decidirán si se les concede el derecho de asilo o si formarán parte de ese alto porcentaje de solicitudes desechadas. Y todo se hará cuando ya las cámaras estén apuntando a otro lado. Los refugiados dejarán de ser noticia y entonces “se termina la solidaridad mediática y muchos de los ofrecimientos que llegan. Llamas a las puertas y ya es más difícil encontrar solidaridad, especialmente en el caso de las administraciones. Cuando están los focos delante parece que vas a tener más ayudas, pero después resulta que no son tantas. Entendemos que las administraciones pueden hacer mucho más en materias como vivienda o empleo”, denuncia Durà.

“El viaje de un refugiado no acaba cuando llegan, es entonces cuando empieza su tramo más complicado. Después de sobrevivir a una pesadilla, cuando llegan aquí se encuentran con una situación que es desastrosa”, cuenta Ana Isabel Martínez de Vàlencia és Refugi. “Veo llorar a Ata todos los días. Cuando las cámaras se apagan, empieza la oscuridad para los refugiados”, sentencia.

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