Mayo de 2024. Campesinos, comunidades quilombolas, indígenas, obreras, obreros urbanos de la provincia de Rio Grande do Sul viven una de las experiencias más dolorosas de su historia. Sea en el campo, sea en la ciudad, una destrucción inmediata de las condiciones básicas de la vida, promovida históricamente por la acción política y social que privilegia a los intereses económicos en detrimento de la vida. Fueron afectadas casi un millón de personas que viven en el área más poblada de la comarca, sobretodo en los valles de los ríos Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos, Gravataí, Guaíba y avanza para el sistema de la Laguna de los Patos. A lo que todo indica, en todas las cuencas hidrográficas fue superado el nivel del agua de la crecida histórica de 1941.
El nivel del río Guaíba llegó a los 5,35 metros superando a los 4,76 metros de la crecida histórica de 1941, con una diferencia de 59 centímetros de extensión en Porto Alegre. Las fotos, los mapas y los relatos son desastrosos y se difunde en la prensa un debate que oscila entre el entendimiento naturalizante y un entendimiento político sobre el proceso histórico de ocupación y la formación territorial de Rio Grande do Sul, el evento climático y sus consecuencias.
No podemos aceptar una lectura simplista y mediática de que la ciudad de Porto Alegre, por haber sido construida en la orilla del río Guaíba y producida a partir de un ingenioso sistema de aterro urbano, seguramente será siempre afectada por las inundaciones. Por lo tanto “es la naturaleza tan solo buscando lo que es suyo”, y bastaría apenas mejorar el sistema de su contención.
Hay otra lectura posible, la de que aunque exista una ocupación urbana contradictoria en las zonas planas de la llanura aluvial de Guaíba y un sistema para contener el avance del agua en la ciudad, las fallas de este sistema son evidentes; aumentan los volúmenes de lluvia; se identifican cambios significativos que apuntan al cambio climático global y se intensifican los procesos de ocupación de áreas urbanas y rurales, profundizando la destrucción ambiental y los sellados de suelos. Y, finalmente, la ausencia de una estructura técnica y política del Estado para combatir los eventos climáticos, la opción por el desarrollo del capitalismo y la consolidación de las políticas neoliberales deben ser considerados responsables por la magnitud de la tragedia.
Es necesario enunciar de modo sucinto, como llegamos hasta ese momento: una formación territorial del Rio Grande do Sul emprendida por el Estado-Nación desde el período Imperial, fundada en la explotación maderera, expropiación y genocidio de los pueblos originarios, migración subsidiada para la explotación del trabajo campesino, acaparamiento de tierras y apropiación de las tierras públicas; institución del poder político oligárquico; estructuración de los órganos estatales en alianza a los intereses del capital nacional e internacional; desestructuración de los órganos e instituciones del Estado fuertemente realizada en los años 2000, y la profundización del proyecto neoliberal del Estado. Ninguna novedad acerca de la historia de Brasil, puesto que este es un proceso compartido en la escala nacional.
Durante los años 1990 y comienzos de los 2000, Rio Grande do Sul y la ciudad de Porto Alegre vivieron períodos importantes en el proceso democrático estableciendo estructuralmente políticas sociales, gestión participativa del Estado y fortalecimiento de instituciones de planificación e investigación. Estas experiencias y estructuras modificaron la vida social en la provincia, pero no fueron suficientes para un cambio estructural de las políticas del Estado en alianzas al poder económico y perecieron por el desmantelamiento neoliberal.
La formación de órganos colegiados, consejos y comités estructuran a una política de Estado interesante, con mucho trabajo realizado y acumulado a lo largo de al menos 30 años en Rio Grande do Sul. Leímos en esta última semana entrevistas, reportajes, publicaciones en las redes sociales, lives y manifestaciones de gestores públicos técnicos, investigadores científicos, profesores universitarios, políticos del campo progresista y de la izquierda evidenciado todo ese trabajo y las posibilidades por él producidas, todas ellas negligenciadas.
Históricamente la investigación y la extensión universitaria por diferentes universidades gauchas desarrollaron numerosos informes técnicos sobre las condiciones climáticas, los pronósticos de inundaciones y el alcance de las consecuencias de estos eventos. Este es un trabajo acumulado, disponible al poder público y a la acción social.
El acumulo del trabajo científico ha sido ampliamente evidenciado y propagado en lo que se refiere a las informaciones y lecturas básicas para que la gestión pública elabore su acción antes aún de esa tragedia.
Hay mapas e investigaciones que muestran hace mucho tiempo la evolución del alcance de las crecidas en la ciudad de Porto Alegre; hay numerosos recursos que permiten el acompañamiento de la evolución de los niveles de agua; numerosos relatorios técnicos y científicos que evidencian a las alteraciones del clima, planes y proyectos junto a la defensa civil que aún no salieron de los estagios iniciales por falta de recursos; trabajos de investigación que indican a la emergencia de realización de la política nacional de asistencia social que se volvió explícita con el advento de la Pandemia da COVID-19; la Geografía ha producido trabajos sobre la desestructuración ambiental, deforestación, los procesos de acaparamiento, especulación inmobiliaria, la lucha por la tierra, la lucha por el territorio, la lucha por morada, una gama inmensa de cuestiones ambientales y sociales articuladas y profundizadas. En resumen, múltiples acciones sociales y trabajos de investigación, tesis, disertaciones y trabajos de grado se han desarrollado desde hace al menos más de veinte años con la participación social ampliada por el acceso a la universidad y los proyectos de extensión universitaria.
El proceso de transformación de bosques en áreas agrícolas de monocultivo, la implementación de grandes proyectos de explotación de recursos naturales; impermeabilización del suelo; deforestación estructural; la expansión del uso de pesticidas y la ocupación promovida por la expropiación y valorización del espacio son la base material del cambio ambiental. Hay una disminución temporal y una intensificación de los eventos climáticos, ampliamente discutidos por la comunidad científica en conjunto con el calentamiento global y el cambio climático a escala global. Tales eventos en Rio Grande do Sul ocurren a un ritmo cada vez más acelerado, especialmente en la última década, combinados con el aumento de las tasas de deforestación y construcción, ya sea de edificios, represas o plantaciones intensivas.
Todo este volumen de trabajo indica que la opción política se materializa en el poder legislativo que legisla a favor de la burguesía nacional e internacional, legalizando prácticas criminales inconstitucionales; asigna (y desvía) recursos públicos a proyectos económicos destinados al desarrollo del gran capital en Brasil y toma decisiones políticas de Estado que privilegian esos intereses económicos.
De esta forma, tan solo por citar en los últimos diez años, el gobierno de la provincia de Rio Grande do Sul ha trabajado fuertemente por la consolidación del neoliberalismo en Brasil: ha flexibilizado el código medioambiental en más de 500 puntos y reguló esta flexibilidad mediante numerosos decretos; autorizó la construcción de grandes edificios en áreas de protección permanente; trastocó e ignoró todas las estructuras democráticas de gestión participativa (comités de cuencas, consejos, entre otros) que permitieron la aprobación y consolidación de planes de ordenamiento territorial que subsidiaron la especulación inmobiliaria y el avance del acaparamiento y despojo de tierras y
territorios públicos de pueblos y comunidades tradicionales; permitió la construcción de represas, aprobó proyectos de exploración de energía eólica, instalación de líneas de transmisión y muchos proyectos que afectan a pueblos y comunidades tradicionales sin la celebración de audiencias públicas y procesos de consulta previstos por acuerdos internacionales y normalizados por el Estado brasileño; subvencionó la expansión de la siembra de soja, que avanza rápidamente en los campos de la sierra y la costa; ha promovido el arrendamiento de tierras indígenas y el avance de la siembra de soja en ellas, alimentando conflictos internos y violencia en el campo gaucho; negligenció a la política agrícola para el campesinado gaucho, que sufre año tras año los impactos de las fuertes lluvias y el movimiento de ciclones en la región desde 2015. Sin mencionar la ausencia de cualquier debate sobre la Reforma Agraria, la obstrucción de los procesos de demarcación de tierras indígenas y quilombolas a través del aparato de poderes municipales vinculados a oligarquías locales en el campo y especuladores en la ciudad, culminando incluso en la persecución política de varios sujetos sociales involucrados en los procesos y todas las formas de violencia que resultan en muertes y destrucción de ocupaciones, asentamientos y recuperaciones.
El trabajo político del Estado está marcado por el aumento de los conflictos en el campo gaucho y, finalmente, por la tragedia que afecta a las cuencas más pobladas del Estado. Las venas de Rio Grande do Sul están rotas y desde hace mucho tiempo los diagnósticos son precisos y unánimes al decir que es necesario un cambio estructural. Ésta es la explicación concreta para entender que esta tragedia, no sólo se anuncia, sino que se repetirá si no hay una acción incisiva de las autoridades públicas junto a la presión social. Urge fortalecer los movimientos sociales.
Hay que decir que en las innumerables acciones de rescate, en las acogidas en alojamientos temporales, en la evaluación de las condiciones de las escuelas y en la búsqueda de estudiantes (esta vez para saber si están vivos y si todavía tienen hogar), en la organización de la movilidad de las personas rescatadas en diferentes direcciones, fue la fuerza de las comunidades y el trabajo colectivo lo que impulsó la acción política. La necesidad ha producido un conocimiento técnico y social impresionante, basado en el conocimiento de las personas que viven y están siendo nuevamente expropiadas de sus lugares.
Para nosotros, geógrafes, geógrafas y geógrafos, quedó evidente la centralidad de la geografía, de los contenidos del territorio, de la apropiación del espacio, de la comprensión de las estrategias para la producción del espacio, de la relevancia de la cartografía y de todos instrumentos técnicos científicos producidos por el conocimiento geográfico. Nuestro trabajo científico y sobre todo político es seminal. No hay conocimiento que arraigue en la realidad si no se compromete políticamente y asume su postura social.
La fuerza de las comunidades y la solidaridad está presente, llegaron de muchos rincones de Rio Grande do Sul pescadoras(es), remadoras (es), maestras(es), asistentes sociales, médicas (os), enfermeras (os), psicólogas (os), en fin, diferentes profesionales que han realizado el trabajo de acción y coordinación de las demandas emergenciales y es sabido que también seremos convocados por la realidad para seguir trabajando a fin de superar esa tragedia anunciada. La solidaridad es fundamental, pero no es suficiente. Es urgente que los poderes públicos hagan su trabajo y establezcan condiciones estructurales y estructurantes para superar esta condición de destrucción.
Lo que está sucediendo en Rio Grande do Sul (y se agrava en otras regiones de la provincia), y que en el mes de marzo sucedió en la provincia de Acre, que fue afectada prácticamente en su totalidad, es la tragedia anunciada y ya vivida en diferentes puntos de Brasil. No son desastres puntuales conectados de modo circunstancial al aumento esporádico del régimen de lluvias, el rompimiento de represas, de una inundación, de un deslizamiento de tierra. La destrucción de las condiciones de vida y de la vida de miles de personas en el país en estos eventos climáticos es un proyecto político y es un proyecto criminal. Es fundamental que Brasil realmente inicie un proceso de responsabilidad histórica y política para sus criminales. No podemos quedar a merced del juego electoral que se intensifica en 2024.
El poder público debe de modo evidente y ya anunciado barrar las sucesivas reformas en el campo legislativo, para el establecimiento de una política ambiental y social a diferentes escalas: recuperación de áreas degradadas, demarcación de territorios indígenas y quilombolas, establecimiento de una política agraria basada en la reforma agraria.
A nosotros, la fuerza crítica que pulsa en la vida, nos cabe fortalecer las luchas sociales más allá de las acciones inmediatas de solidaridad. Es nuestra tarea estructurar una política de confrontación y una propuesta radical de un proceso no de reconstrucción del estado de cosas, sino de producción de otra forma de vivir, de establecer las bases jurídicas que establecen la relación entre el medio ambiente, el trabajo y la vida.
Recibimos en los últimos días el apoyo de asociados de diferentes secciones locales de la AGB de todo Brasil, estamos inmensamente agradecidos a la Directoria Ejecutiva Nacional y a la AGB São Paulo junto a todo el equipo de organización del VIII Congreso Brasileño de Geografía por prorrogar los plazos de envío de trabajos.
Para seguir este camino, AGB Porto Alegre promoverá una movilización de emergencia para recaudar fondos e invitará a la comunidad geográfica a evaluar y discutir acciones para enfrentar este momento histórico que vive Rio Grande do Sul, pero también Brasil. Pronto anunciaremos estas acciones.
¡Nuestra fuerza colectiva es lo que nos mantendrá en movimiento!
Porto Alegre, 8 de mayo de un otoño lluvioso que arrasó desastrosamente laproduccióncapitalistadel espacio, llevando consigo vidas enteras. Viviremos de luto y deluchadurantemuchotiempo.¡Vamosanecesitardetodos!¡Quesembremosesperanzajuntosyproduzcamoscolectivamente campo y ciudad solidariosy comunales!
AGB Porto Alegre
