Ciudad de México | Desinformémonos. La criminalización hacia pueblos indígenas alrededor del mundo se intensificó durante la pandemia, expuso Indigenous Peoples Rights International (IRPI) en su primer informe. Con el pretexto de prevenir los contagios, se impusieron políticas restrictivas y en algunos países se ha debilitado la protección ambiental para acelerar inversiones y megaproyectos, señaló la iniciativa global.

La organización documentó 204 casos de violencia y ataques contra pueblos indígenas y, explica, identificó patrones de criminalización, violencia e impunidad, donde la mayoría de las víctimas, sus familias y comunidades fueron amenazadas o acosadas.

Durante la presentación virtual del informe, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, habló sobre la situación en México y la violencia contra pueblos indígenas, la cual ha aumentado por disputas territoriales, por la presencia del crimen organizado y por la falta de un marco jurídico que reconozca plenamente los derechos de los pueblos, señaló Barrera. 

Rubén Moreno, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, expuso la situación que se vive en el estado de Chiapas, ante agresiones armadas contra comunidades desplazadas y la llegada de la Guardia Nacional sin consentimiento de las comunidades.

Integrantes de Indigenous Peoples Rights International condenaron el asesinato de la gobernadora indígena del Cauca, Sandra Peña, y externaron su solidaridad con el Consejo Regional Indígena del Cauca ante los recientes ataques.

El informe reveló la discriminación y la impunidad a la que se enfrentan los pueblos indígenas del mundo, además de que los ataques se basan en discriminación sistémica y racismo. A este escenario se suman las condiciones de desigualdad en medio de la pandemia por Covid-19, señaló la iniciativa global.