Foto: Yucatán Ahora

Ciudad de México | Desinformémonos. La consulta oficial para aprobar el megaproyecto del Tren Maya en la Península de Yucatán demostró que «los pueblos originarios continúan siendo objeto de política
pública y no sujetos de derecho», señaló el Equipo Indignación luego de publicar tres observaciones sobre el proceso de consulta que el gobierno federal llevó a cabo los pasados 14 y 15 de diciembre, con la que las autoridades dejaron ver que «todo el discurso detrás de
la supuesta ‘entrada del progreso al sureste mexicano’
revela un lenguaje tutelar, asimétrico y racista».

De acuerdo con los defensores que integran Indignación, para la consulta sobre el Tren Maya las comunidades indígenas no conocieron el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto ni fueron informadas sobre el modelo de desarrollo que éste implica, así como tampoco se definieron quiénes eran los «sujetos de consulta» ni los parámetros del ejercicio.

Sobre la falta de información del modelo de desarrollo que entraría con el Tren Maya, el Equipo Indignación señaló que las comunidades indígenas no recibieron información previa sobre los subcentros urbanos y los «polos de desarrollo» que se instalarían en las estaciones del tren ni se hizo referencia al tipo de empleos que se generarían, con sus características salariales y de prestaciones sociales, y «en general a los beneficios económicos que recibirían las poblaciones en comparación con los que obtendrían los grandes inversionistas».

«El temor de que un gobierno que llegó al poder montado en un discurso anti-neoliberal termine impulsando un modelo de desarrollo de marcado corte neoliberal que beneficie a los inversionistas, aporte muy poco económicamente a las comunidades y a sus individuos y devaste sus territorios, bienes naturales y sus culturas y conocimientos, es una preocupación más que fundada», destacó Indignación.

Respecto al MIA, los activistas manifestaron su preocupación sobre que «las fases de consulta y deliberación se hayan realizado sin que el gobierno haya presentado las manifestaciones de impacto ambiental», con lo que las características de una consulta «previa e informada» establecidas por el Convenio 169 de la OIT dejaron de cumplirse.

Finalmente, Indignación criticó que «una de las mayores deficiencias del proyecto del TM (Tren Maya)» fue que no se definió claramente ni por parte de los pueblos mayas ni por parte del Estado mexicano quiénes serían los sujetos de consulta. «No hubo un proceso en donde participaran todos los habitantes de los pueblos por el cual se hubiera nombrado autoridades representativas. La consulta, al parecer, se diseñó considerando como representantes del pueblo maya a los alcaldes municipales y las autoridades ejidales ya elegidos», explicaron los defensores.

Ante las irregularidades en el proceso de consulta, el Equipo Indignación señaló que es necesario que el Estado mexicano «tome en serio el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios y obre en consecuencia», así como remarcó que fue «patente» el nivel de asimetría que continúa existiendo entre el Estado Nacional y los Pueblos Originarios.

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