La devastación de la naturaleza debida, entre otros motivos, a las actividades del sistema urbano-industrial, es una verdad ineludible que hay que enfrentar de manera radical.
Para supuestamente solucionar este problema global existe una propuesta de conservación basada en el mercado, en la instrumentalización de la naturaleza, a través de mecanismos de “economía verde”. Esto parte de la doctrina de que hay que poner un precio a los elementos de la naturaleza, a sus ciclos y funciones como un incentivo para su conservación.
Pero, por otro lado, hay también la propuesta de una conservación basada en los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza (reconocidos en la Constitución del Ecuador).
Entre las metas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming–Montreal (MMB)
-documento base para las negociaciones dentro de la Conferencia de las Partes en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica-[1], se incluye “Planificar y gestionar todas las zonas para reducir la pérdida de biodiversidad” (Meta uno) y “Conservar el 30% de las tierras, aguas continentales y marinas” (Meta tres). La pregunta que surge es ¿cómo piensan conseguirlo quienes se alinean con el MMB?
Primero, lo que buscan los grupos de poder y empresariales es fortalecer la presencia y control de las grandes corporaciones transnacionales de conservación, así como negar derechos a las comunidades que han habitado las zonas “ricas en biodiversidad”, que viven con ellas y que las cuidan.
El ex Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, llama a este tipo de conservación como colonial y “conservación de fortaleza”[2]. Es decir, es un tipo de conservación que se basa en el prejuicio discriminador de que no se puede confiar en que las comunidades locales cuiden sus tierras y territorios (cuando son quienes protegen la mayor parte de la biodiversidad del mundo). El capitalismo considera a los verdaderos cuidadores y expertos de estas áreas como una “molestia” que hay que “solventar” o, en el mejor de los casos, solo verlos como guardaparques de un capital natural. Esta forma de conservación es excluyente y comúnmente implica el desalojo y desplazamiento sus mejores custodios.
David Boyd también rechaza explícitamente los prejuicios étnicos y raciales subyacentes en estas iniciativas de conservación y que, lamentablemente, son avaladas con mayor frecuencia con del discurso conservacionista formal y por las instituciones encargadas de proteger la biodiversidad. Y añade que los esfuerzos para salvaguardar la diversidad biológica sin salvaguardar los derechos de campesinos, pueblos indígenas, pastores, habitantes de los bosques, pescadores en pequeña escala, las comunidades afrodescendientes, las mujeres y los jóvenes rurales, perpetúan los abusos contra los derechos humanos sin lograr los resultados de conservación deseados.
Es por esto por lo que abundan los conflictos entre comunidades y agencias que implementan la conservación de fortaleza. Son frecuentes los informes de detenciones arbitrarias, confiscación de propiedades, trabajos y desplazamientos forzados, registros de propiedad ilegales, amenazas, intimidación, agresiones, abusos, violencia sexual, torturas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Con frecuencia se trata de un tipo de conservación militarizada con guardias o paramilitares fuertemente armados, financiados por los gobiernos, por empresas o por las mismas organizaciones transnacionales de conservación.
El ex Relator concluye que la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad sólo es posible respetando y protegiendo los derechos de aquellas personas y comunidades que actúan como protectores de gran parte de la biodiversidad. David Boyd no se equivoca puesto que una rica biodiversidad es el resultado de la interacción entre la diversidad cultural y biológica en todos los ecosistemas y que se ha dado durante miles de años. Por esta razón, los pueblos y comunidades, gracias a sus conocimientos, innovaciones, sistemas de cultivo y prácticas para conservar, nutrir y crear sus semillas y variedades dentro de sus territorios y áreas agrícolas son la clave para la protección de la biodiversidad.
Muchas comunidades sostienen luchas de décadas por los impactos que la conservación de fortaleza tiene, especialmente cuando las áreas protegidas se solapan con actividades extractivas. Quienes promueven este modelo de conservación, creen que se puede conciliar el cuidado de la naturaleza con los proyectos petroleros o mineros, y es aquí donde entran las grandes organizaciones de conservación en pacto empresarial.
Este es el caso del convenio entre la organización Wildlife Conservation International
(WCI) y la empresa Solaris Resources Inc., subsidiaria de la canadiense Lowell, en el proyecto minero Warintza, ubicado en la provincia de Morona Santiago en la Amazonía Sur y territorio ancestral de la nacional Shuar del Ecuador. Precisamente porque ya se sabe que toda actividad minera contamina y provoca pérdida de biodiversidad, un objetivo de dicho convenio es evaluar la viabilidad de desarrollar la extracción de cobre, oro, plata y molibdeno sin pérdida neta de biodiversidad. En esta frase la palabra clave es neta que significa que se podría compensar la pérdida de biodiversidad mediante la conservación de otras áreas con una diversidad parecida a la que van a desaparecer.
Con los resultados de determinar los “enfoques metodológicos para mitigar los impactos potenciales del proyecto Warintza en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos” WCI y Solaris inclusive se propusieron diseñar un marco de referencia a nivel país para mejorar la estrategia nacional de mitigación de pérdida de biodiversidad en proyectos de desarrollo.
Conclusiones
Si bien hay un creciente reconocimiento de la naturaleza como actor importante frente a la crisis planetaria, el sistema de Naciones Unidas, las grandes transnacionales de conservación y el sector corporativo hablan de que esta crisis puede superarse con una “economía verde’. Para esto se han inventado una miríada de ‘finanzas sostenibles’, ‘soluciones basadas en la naturaleza’, mercados de créditos de carbono, compensación de pérdida de biodiversidad, compra de certificados de especies, con economía circular, y muchos otros mecanismos mercantiles y financieros.
Todo esto con un lenguaje de sustentabilidad, de responsabilidad social corporativa y de interés en cuidar el planeta, pero sin abordar las causas subyacentes de los problemas que nos han llevado a las crisis ambientales -muchas veces provocados por las mismas empresas y políticas- y sin tener en consideración las injusticias existentes o las relaciones de poder.
En este contexto se encaja la COP16 del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) que se llevó a cabo en Cali, Colombia. Las Conferencias de las Partes de la CBD se está convirtiendo cada vez más en un espacio de comercio de la naturaleza, como ya ocurrió con la Convención sobre Cambio Climático, cuyas COP son rondas de negocios y no para encontrar verdaderas soluciones al calentamiento global.
La CBD antes de profundizar los mecanismos de mercado debería reconocer la necesidad de justicia social y ecológica en el espacio natural en el que habita el ser humano, en armonía con otros seres y con todos sus elementos.
No se trata de repensar la sustentabilidad en función de la capacidad de carga o de la resiliencia de la naturaleza. Ya se conoce que se han superado sus capacidades y que ya no soporta las continuas y crecientes perturbaciones derivadas de la demanda del Capital.
Los derechos de la naturaleza demandan una nueva ética para organizar las sociedades en función de la vida de todos los seres que habitan el planeta y para cuidar el mismo universo.
ACCIÓN ECOLÓGICA
25 de octubre de 2024
[1] Ver la editorial de Acción Ecológica al respecto. SERIE COP16: Marco Mundial de Biodiversidad, una oportunidad para el mundo empresarial. https://www.accionecologica.org/marco-mundial-de-biodiversidad-kunming-montreal-una-oportunidad-para-el-mundo-empresarial/
[2] Human rights-based approaches to conserving biodiversity: equitable, effective, and imperative. Policy Brief No. 1. David R. Boyd y Stephanie Keene. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/policy-briefing-1.pdf
Publicado originalmente en Acción Ecológica
