Ciudad de México | Desinformémonos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos violentos de los pasados 9 y 10 de octubre en el Centro de Reinserción Social Cadereyta, en Nuevo León, que dejaron 18 muertos y al menos 40 heridos, y exigió una investigación “seria, imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público” para proceder a la impartición de justicia.

Recordó que la administración del penal, a cargo del gobierno de Nuevo León, alegó que utilizó la fuerza letal para rescatar a tres custodios que estaban secuestrados y que iban a ser arrojados al vacío desde la azota de uno de los dormitorios. Ante ello, el órgano expresó: “La CIDH recuerda que los cuerpos de seguridad solamente pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas”.

Por ello, demandó que la investigación sea eficaz para sancionar a los responsables de la Fuerza Civil que asesinaron a los internos durante el motín.

“Los Estados, como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen el deber jurídico de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, entre ellas, asegurar los establecimientos penitenciarios, mediante la prevención efectiva del ingreso de armas y el control de la actividad de las organizaciones criminales presentes en las cárceles”, señaló la CIDH.

Tras el motín, el vocero de Seguridad del gobierno estatal, Aldo Fasci, asumió la responsabilidad de dar la orden para que se dieran los hechos.

“Se tomaron las medidas que se tenían que tomar. Estamos abiertos a que las organizaciones de derechos humanos y la Comisión Estatal, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos acompañen en todo este procedimiento”, dijo entonces Fasci.

Luego de los hechos, varias organizaciones demandaron que las autoridades acrediten que se encontraban en situación excepcional y que el uso de la fuerza letal fue el único y último recurso.

De acuerdo con los colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos, la muerte de los internos en el penal evidencia las graves deficiencias del sistema penitenciario mexicano.