Ciudad de México | Desinformémonos. La organización Equipo Indignación denunció que, «en una muestra más de racismo», el gobierno federal y el de Yucatán invisibilizaron a las comunidades mayas que se oponen a las megagranjas porcícolas en su territorio, a través de la firma de acuerdos y realización de foros patrocinados por las empresas que impulsan las fábricas de cerdos.
Indignación explicó que el pasado 25 de mayo, el gobierno de Yucatán informó que el gobernador Mauricio Vila Dosal y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, sostuvieron una reunión y firmaron acuerdos para «la conservación del medio ambiente en Yucatán», días antes de la Expo Foro Ambiental 2022, patrocinada, entre otros, por la empresa porcícola Kekén, denunciada por diversas comunidades mayas por afectar su patrimonio biocultural, junto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), «que en diversas ocasiones ha exhibido su respaldo a las megafábricas de cerdos».
La firma del acuerdo y la Expo Foro Ambiental sucedieron luego de que comunidades mayas, activistas y académicos nacionales e internacionales emitieran la «Declaración de América sin mega fábricas de cerdos» para exigir a las autoridades un alto al avance de la industria porcícola, que viola el derecho a la libre determinación de los pueblos y provoca daños en la salud, el medioambiente, el agua y la alimentación.
«Frente a este contexto resulta inadmisible que, mientras las comunidades mayas se reúnen para exigir el cierre inmediato de las mega fábricas de cerdos y el respeto a su derecho a la libre determinación y a vivir en un medioambiente sano, los gobiernos federal y estatal en una muestra más de racismo, realicen acuerdos y foros en los que las comunidades indígenas vuelven a estar invisibilizadas», señaló Indignación.
Por ello, la organización exigió al gobierno de Yucatán que escuche a las comunidades mayas, pues hasta el momento ha respaldado a las empresas que afectan e invaden el territorio con sus megaproyectos, incluidas las granjas porcícolas.
A continuación el comunicado completo:
El día 25 de mayo, el Gobierno del Estado de Yucatán dio a conocer que el gobernador Mauricio Vila Dosal y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, sostuvieron una reunión y firmaron acuerdos, supuestamente, para “la conservación del medio ambiente en Yucatán”.
De acuerdo con el boletín de prensa del Ejecutivo estatal, dichos convenios tienen el objetivo de “atender las principales necesidades ambientales de la entidad, con la armonización de instrumentos de ordenamientos ecológico y territorial de los asentamientos en Yucatán, y el intercambio de información en temas relacionados con las unidades de producción pecuaria”.
Este acuerdo se dio previo a la “Expo Foro Ambiental 2022”, organizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, y patrocinada, entre otros, por la empresa porcícola Kekén, señalada por diversas comunidades mayas del estado de ser la causante de afectar su patrimonio biocultural, junto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), del Estado de Yucatán, que en diversas ocasiones ha exhibido su respaldo a las mega fábricas de cerdos.
Ambas actividades se dan luego de que, en Mérida, pobladores y pobladoras mayas, junto con representantes de pueblos de Chile, Argentina, Ecuador y Estados Unidos, emitieran la Declaración de América sin mega fábricas de cerdos, para exigir a las autoridades yucatecas, mexicanas y de los países mencionados, un alto al avance de la industria porcícola por afectar el derecho a la libre determinación de los pueblos, la salud, el medioambiente, el agua y la alimentación.
Frente a este contexto resulta inadmisible que, mientras las comunidades mayas se reúnen para exigir el cierre inmediato de las mega fábricas de cerdos y el respeto a su derecho a la libre determinación y a vivir en un medioambiente sano, los gobiernos federal y estatal en una muestra más de racismo, realicen acuerdos y foros en los que las comunidades indígenas vuelven a estar invisibilizadas.
Es preciso recordar que las comunidades mayas han exigido tanto al gobierno federal como al estatal el respeto a su derecho a la libre determinación frente al negocio porcícola. Basta recordar que hace un mes, representantes de las comunidades afectadas sostuvieron en la comunidad de Homún, una reunión con funcionarios de la Semarnat en donde les hicieron llegar información sobre las diversas violaciones que las mega fábricas de cerdos causan en sus territorios.
En dicho encuentro, además se solicitó la presencia de la Secretaria Albores González para que de manera directa presenciara esos impactos. A la fecha, la funcionaria no ha dado respuesta a las comunidades, pero sí se ha reunido con el gobernador del estado, uno de los principales impulsores de la industria porcícola.
Las comunidades mayas del estado han solicitado el diálogo con autoridades municipales, estatales y federales, han realizado autoconsultas en las cuales han dicho no a las mega granjas de cerdos, han realizado peticiones formales y juicios de amparo para ejercer su derecho a la libre determinación, han realizado manifestaciones pacíficas y a pesar de todo ello, las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen respaldando a las grandes empresas porcícolas omitiendo el derecho que los pueblos tienen a decidir sobre su territorio y el ejercicio de su soberanía como pueblos originarios.
Finalmente no sobra decir que, frente a la crisis climática que impera en el mundo, resulta indispensable erradicar el modelo económico que subsiste, pues además de generar graves impactos ambientales, afecta el tejido social y genera condiciones de explotación y despojo hacia las comunidades y pueblos afectados, tal como se determinó en la Declaración de América sin mega fábricas de cerdos.
