Foto: Católicas por el Derecho a Decidir México

En entrevista, Metzeri Ávila, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir México, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Rodolfo Domínguez, integrante del OCNF, narran cómo fue la lucha para lograr la despenalización del aborto en Veracruz y qué significa para los derechos de las mujeres en México.

Ciudad de México | Desinformémonos. Veracruz se convirtió en el cuarto estado del país en despenalizar el aborto el pasado martes, además de la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo. Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señalan que esta ley es una de las “más progresistas” en el país y explican el recorrido que, junto a organizaciones y colectivos, realizaron para lograrla.

En el 2016, recuerda Metzeri Ávila, el Congreso del estado criminalizó el aborto al reformar el artículo cuarto de la constitución local, con una iniciativa del entonces gobernador Javier Duarte, que proponía “garantizar el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte”. A partir de entonces, comenzaron una lucha para modificar la legislación. Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes en 2017 solicitaron una alerta de género por agravio comparado, para visibilizar lo que viven las mujeres y niñas en Veracruz. “Es un estado con gran índice de mujeres víctimas de violencia sexual”, señala, y agrega que se “recrudecieron las formas de violencia hacia las mujeres y hubo persecución contra las defensoras que acompañaban a mujeres que necesitaban abortar”.

Con la alerta de género por agravio comparado, comenzaron a caminar a lo interno junto con otras organizaciones locales, como la organización Aquelarre, con el OCNF, Justicia Derechos Humanos y Género, y organizaron mesas de trabajo con el gobierno local y federal. Posteriormente hubo un cambio de gobierno y continuaron con la incidencia en distintos temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. “Pasamos por gobiernos priistas, panistas y ahora morenistas, pero nunca dejamos de insistir”, señala Ávila. 

La marea verde en las calles

Diversas organizaciones expertas del OCNF, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), han acompañado este proceso, narra Ávila, y explica que en lo local se creó el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres para dar seguimiento al derecho a decidir de las veracruzanas.

A partir de la solicitud por agravio comparado, las mujeres comenzaron a protestar y a exigir sus derechos en Poza Rica, Tuxtla, Minatitlán, Orizaba, Córdoba, y distintas regiones del estado. Simultáneamente se dio la exigencia en las calles, y fue reforzada por el trabajo de las organizaciones, siempre haciendo un marcaje al gobierno, explica Ávila. Abogadas con perspectiva de género, el Frente Xalapeño Feminista, el Colectivo Cihuatlatoli, la Colmena Verde, entre otras, fueron parte de este trabajo colectivo.

El seguimiento

Las organizaciones integrantes del OCNF llevan muchos años realizando trabajo en temas de salud reproductiva y atención a víctimas de violencia en distintos estados del país. María de la Luz Estrada narra que antes del 2016 detectaron altos índices de mujeres que ingresaban a hospitales con lesiones y fallecían, o que no se reportaba cuántas de esas víctimas accedían a un aborto legal por violación. Investigaron y vieron que la secretaría de salud no quería dar información de cuántas mujeres violadas accedieron a la interrupción legal del embarazo, pues sólo reportó un caso. 

Estrada explica que cuando solicitaron la alerta se percataron de que había médicos que negaban los servicios a mujeres y se decían “objetores de conciencia”, y esto generaba discriminación. También asegura que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) no quería retomar el tema del aborto y decía que no lo podía solicitar porque era violencia. La defensora asegura que se enfrentaron a distintos tipos de violencia institucional y a prejuicios en este proceso.

“No estábamos dispuestas a que entrara sólo la causal de salud en la ley, tenían que avanzar más allá”, señala, y recuerda que empujaron mesas de trabajo para que el estado cumpliera con su obligación. Presentaron la iniciativa anteriormente pero no fue discutida en el congreso, “violando el proceso legislativo”. Fue en 2017 que se decretó la alerta y las autoridades se comprometieron a dar seguimiento. “Eso nos sirvió, pues están acostumbrados a no hacer nada, pero nosotras dimos seguimiento», explica.

La defensora narra que como OCNF presentaron un dictamen donde demuestran tres años de negligencia y omisión por parte de las autoridades, fue así que se ampararon, pues el legislativo estaba violando el proceso, y el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Nosotras seguimos, con todo y pandemia pudimos hacer el dictamen en 2020 y trabajamos indicadores. Fijamos a las autoridades cuatro meses para retomar el tema en el legislativo, pero se acabó el periodo y otra vez no había nada”, narra Estrada, y añade que la diputada Mónica Robles fue quien presentó la iniciativa y dio seguimiento.

Gracias a la presión, finalmente se discutió la iniciativa de ley en el congreso y lograron su aprobación. Hoy el estado de Veracruz está obligado a atender abortos antes de los tres meses de embarazo, con calidad y calidez, dice Estrada, y agrega que ya hay un avance en los servicios de salud, pues se ha capacitado a personal, hay médicos especializados, y es importante que el gobierno informe a la comunidad de los servicios que presta para el acceso legal al aborto.

Mujeres presas

Rodolfo Domínguez, del OCNF explica que el poder judicial tendrá que investigar e informar sobre los casos de mujeres que se encuentran actualmente recluidas por abortar. En teoría, la legislación debería dar un tratamiento en libertad para las mujeres que abortan, pero se criminaliza a las mujeres, dice, pues en muchos casos son juzgadas, no por el delito de aborto, sino por homicidio en relación de parentesco.

Domínguez señala que han detectado que los casos de mujeres que sufren abortos espontáneos generalmente se dan en contextos de empobrecimiento, donde no tienen acceso a servicios de salud. Las autoridades no han hecho público un diagnóstico en cuanto a casos que existen, pero es un tema previsto en la declaratoria de alerta.

El abogado asegura que en el caso de Diana Patricia, joven que actualmente se encuentra en prisión después de sufrir un aborto espontáneo en un centro comercial en Veracruz el pasado 22 de mayo, evidencia la falta de debida diligencia en investigaciones y un sistema de justicia que criminaliza a las mujeres. Explica que esta nueva ley busca generar mayores candados y claridad en cuanto a las sanciones que se buscan prevenir.

Esta nueva ley ayudará a dejar de ver el aborto como un delito, y poder verlo como un problema de salud, explica Domínguez, y agrega que la declaratoria de alerta funciona como un mecanismo para evidenciar leyes o políticas públicas discriminatorias, además del incumplimiento de las autoridades.

“Está pendiente la solución de la Corte y el papel del Estado mexicano, de cumplir con una serie de obligaciones internacionales, sigue siendo una deuda pendiente”, dice el abogado.