Foto: Tijuana, frontera entre México y Estados Unidos. (Álvaro Minguito)
Es mediados de julio, en la Convención Nacional Republicana, apasionado, sudoroso, Donald Trump habla a sus seguidores. Llega el momento de repetir lo que lleva meses anunciando: “Os prometo la mayor deportación de la historia”, pronuncia, y una ovación excitada de los presentes le responde. La cámara enfoca a un hombre blanco, también él sudoroso, con una gorra en la que se lee “Make America Great Again”.
Del mismo modo que la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera con México se convirtió en el núcleo de las promesas que llevaron a Donald Trump al poder en 2016, ocho años después, el polémico candidato recurre de nuevo a la hipérbole para cautivar a sus seguidores: del gran muro a la deportación masiva —más grande aún que la de Eisenhower en 1954, explica con afán competitivo—. Trump se pone así a la cabeza en la carrera global que se da entre tantos países receptores de migración: la de imposibilitar la llegada de personas migrantes o facilitar su expulsión.
Si bien la agenda es compartida en distintas escalas, no todo el mundo enarbola estas políticas con el mismo orgullo. A finales de agosto, la agenda del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, tiene un compromiso, el de visitar Mauritania, Senegal y Gambia para reforzar el control migratorio con las llegadas por la ruta Canaria en el centro del debate político. Hace solo unas semanas, el gobierno renovaba también los contratos con las compañías aéreas, Air Nostrum e Iberojet para seguir operando vuelos de deportación, con un presupuesto de casi 15 millones de euros hasta 2026, según el colectivo #Stopdeportacion.
De la impermeabilización de las fronteras a la promesa de acelerar la máquina deportadora, las respuestas de los países del Norte Global en un panorama en el que el número de las personas en movimiento no para de crecer —aunque, según señala la Organización Internacional de las Migraciones en su último informe, la mayoría de las migraciones se producen dentro de la legalidad y a nivel regional— apuntan todas hacia un control cada vez más costoso en vidas humanas. Desde 2014 se calcula que 4.000 personas han muerto anualmente en las rutas migratorias, siendo 2023 el año más mortífero, con 8.000 víctimas. Se recuerda, sin embargo, que el número real está muy por encima de esta estimación.
Europa: el discurso anti migración entre los gobiernos y las calles
En su primer día como primer ministro de Reino Unido, tras el regreso después de 14 años de los laboristas al poder, Keir Starmer daba por “muerto y enterrado”, el que fuera uno de los proyectos estrella del gobierno anterior: el plan de deportación de solicitantes de asilo a Rwanda, “el sueño” de la ex ministra de interior y figura prominente de la derecha, Suella Braverman, por el que el gobierno mantuvo el pulso con los movimientos de defensa de los derechos de las personas migrantes y con la misma justicia, incluso después de la expulsión de la ministra del gobierno, y por el que Rishi Sunak estaba dispuesto a cuestionar un sistema de protección de derechos, el europeo, que, en su opinión, no se adaptaba a los intereses nacionales.
El del anterior gobierno Torie era uno de los planes bandera en un continente en el que cada tanto emergen esquemas radicales de deportación. Rwanda ya sonaba como principal destino para deportar a solicitantes de asilo en Dinamarca, mientras que en las potentes extremas derechas austriaca y alemana se acaricia el proyecto de una “gran remigración”. Proyectos que, si bien aún son muy controvertidos —la revelación de que la ultraderecha alemana había organizado un encuentro sobre este tema, provocó fuertes protestar en el país— alimentan las miradas más radicales mientras se normaliza la deportación o la externalización como principales pilares de las políticas europeas migratorias enunciadas en el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo aprobado este año.
Aunque se haya suspendido el plan Rwanda para alivio de las personas migrantes y los defensores de los derechos humanos, los años de campaña a favor del Brexit —centrados en gran medida en el señalamiento a la migración como problema— o la repetición constante del lema Stop the Boats, contra la llegada de personas migrantes por el canal de la Mancha, han hecho mella en la sociedad británica, cuyos elementos más ultras estallaban hace unas semanas en una ola de violencia contra las personas migrantes después del asesinato de tres niñas en la ciudad Southport, en Reino Unido.
Si bien las acciones de los fascistas se precipitaron cuando se divulgó el rumor de que el asesino era musulmán, su ira no se desató exclusivamente contra las personas practicantes del Islam, sino frente a las personas migrantes en general. La ofensiva, aún confrontada por un amplio frente antifascista en los barrios, mostró que las personas migrantes y solicitantes de asilo, están en el punto de mira. Semanas antes, en la vecina Irlanda, cientos ultraderechistas se manifestaban contra un centro destinado a albergar a 500 refugiados en Coolock, al Norte de Dublín. Allí acabaron enfrentándose con la policía, mientras algunos portaban carteles con el lema “las vidas irlandesas importan”. Horas después, un grupo de individuos atacaban con cuchillos a varios solicitantes de asilo somalíes y palestinos que acampaban en el centro de Dublín. Durante los años de endurecimiento migratorio post-Brexit, Irlanda ha registrado un incremento importante de los solicitantes de asilo que acuden a su territorio.
El pasado 8 de agosto, quienes protestaban en Amsterdam lo hacían a favor de los derechos de las personas migrantes. Cientos de personas se manifestaban contra la deportación de Mikael, un niño de once años nacido y criado en los Países Bajos al que el gobierno quiere expulsar junto a su madre, quien llegó al país tres años antes de tenerle. “No voy a darle esperanzas”, había dicho horas antes la ministra de migraciones Marjolein Faber, “no podemos hacer excepciones”. Faber, quien tomara posesión de su cargo el pasado 2 de julio, pertenece al Partido de la Libertad, la ultraderechista formación del primer ministro Geert Wilders.
Defensora hasta hace poco de la tesis conspiracionista del Gran Reemplazo —de la que ha tenido que renegar una vez en el poder— la flamante nueva responsable de la cartera de Migración y Asilo se suma a la carrera contra la entrada de personas migrantes en el país declarando su intención de “restringir” al máximo el asilo.
Aunque aún no se vea respetable institucionalmente hablar de Gran Reemplazo, la “preocupación demográfica” como calificaba Faber a su propia inquietud ante la llegada de personas extranjeras, concurre con los discursos de victimización promovidos por la extrema derecha. Carteles en los que se puede leer al modo de los escritos en Dublín: “European Lives Matter”, llegaban a ciudades francesas al tiempo que la extrema derecha británica desataba su furia contra las personas migrantes tras el asesinato de Southport.
Semanas antes, el verano en Europa empezaba con una nueva muestra de que las vidas migrantes no importarían tanto: la muerte de Satnam Singh el temporero abandonado tras un accidente laboral que le amputó un brazo, y que se desangró hasta la muerte sin que su empleador buscara una ayuda médica que podría haberle salvado. El caso puso una vez más sobre la mesa cómo el caporalato — sistema de subcontratación ilegal por el que se estima que 230.000 trabajadores son explotados en el campo— es una figura central en la agricultura italiana.
Sin embargo, no es la lucha contra la explotación laboral de las personas migrantes, sino la criminalización de la migración y de las redes de solidaridad, lo que se prioriza en la agenda migratoria europea. Así lo denunciaba un comunicado del PICUM, el pasado 15 de julio que mostraba un borrador que profundizaría en ambas tendencias realizado durante la presidencia belga de la Unión Europea y filtrado por Statewatch. Se trata de una propuesta de reforma de la Directiva de Facilitación —que data de 2003 y ha permitido, según denuncian las organizaciones, la criminalización de la solidaridad— que deberá ser discutida durante la presidencia húngara.
El PICUM alertaba que la propuesta a debatir endurece la directiva ya existente: pues constatan que la mayoría de estados están contra la inclusión de la búsqueda de beneficio en la definición del delito de “facilitación”, criminalizando así la ayuda desinteresada a las personas que migran. Según explicaban en su comunicado: el delito se dividiría en dos partes. De un lado sería penada la facilitación de entrada o tránsito, independientemente de que haya o no lucro —siendo la obtención de un beneficio solo un agravante— por otro lado, en lo que respecta a la facilitación de la instancia irregular, como ya sucede en directiva actual, solo habría delito en el caso de haber beneficio. A la Plataforma le preocupa que si bien el borrador incluye una excepción humanitaria, esta solo cubriría a los actores humanitarios que ayuden a “la satisfacción de necesidades básicas” ampliando los supuestos en los que la ayuda a las personas migrantes y solicitantes de asilo se podría penar.
América: externalización de fronteras y nuevas rutas
Del otro lado del Atlántico Norte, la promesa de Trump de llevar a cabo una deportación histórica maneja números que ni siquiera se corresponden con la realidad: como han señalado numerosos medios, el candidato a volver a la Casa Blanca promete deportar a 15 millones de migrantes irregulares, cuando las últimas aproximaciones revelan que serían once millones de personas las que se encuentran en esta situación. También se ha puesto sobre la mesa la inviabilidad económica, legal y logística de llevar a cabo esta empresa en cuatro años. Sin embargo, la carta de la deportación masiva es eficaz más allá de su factibilidad, incluso entre muchos votantes latinos se ve con simpatía una medida de este tipo.
Y es que la carrera por jugar la baza del miedo a la migración siempre tiene que apostar un poco más alto. Ya Joe Biden, ante la proximidad de la contienda electoral con Trump dio sus propios pasos siguiendo esa estela, antes de apartarse de la carrera electoral. En su haber está batir el récord de deportaciones, con 742.000 en el último año, 1,1 millones desde 2021.
También trabajó junto a Andrés Manuel López Obrador para frenar la migración en su frontera sue, siendo AMLO un buen aliado en esta empresa: en 2024, también el presidente de México alcanzó una cifra récord de personas migrantes detenidas. Pero sobre todo Biden se va dejando como legado un punto de inflexión que ha hecho disminuir el número de personas llegadas de la frontera sur como nunca: la prohibición de solicitar asilo político una vez se entra de manera irregular al país, una vez superados determinados topes, una medida que recuerda al reglamento de crisis del PEMA, que suspende derechos a las personas que desea solicitar asilo, en razón a coyunturas migratorias que nada tienen que ver con ellas.
Mientras, del mismo modo que Europa dedica millones de euros a externalizar su frontera, Estados Unidos utiliza su influencia para ampliar los obstáculos al paso de personas migrantes desde Sudamérica hacia el Norte: primero con la colaboración de México, con la detención de medio millón de personas migrantes solo en cinco meses en 2024 —mientras el tráfico de personas se afianza como uno de los principales negocios del crimen organizado— y más al Sur con Panamá, país cuyo nuevo presidente, el derechista Jose Raúl Mulino, asumía el cargo el 1 de julio con la promesa de cerrar el tapón del Darién , en colaboración con Estados Unidos, y facilitar la deportación de personas migrantes.
El pasado mayo, Donald Trump compartía en otro de sus discursos de alarma frente a las migraciones, su preocupación por la llegada de hombres chinos en edad militar, insinuando que estaban construyendo un ejército dentro del territorio estadounidense. El político señalaba así, a su manera, una tendencia cada vez más visible en los últimos años, la entrada de migrantes procedentes de China —pero también de otros puntos de Asia como India o Nepal, o desde países africanos, a través de la frontera Sur, tras volar a Sudamérica.
Se tratan de flujos migratorios que marcan una tendencia que se ha puesto de relieve en los últimos años: junto a venezolanos, colombianos, ecuatorianos o haitianos que suponen la gran mayoría de migrantes que llegan por tierra a Estados Unidos, cada vez son más los migrantes extracontinentales que prueban suerte con la vía terrestre para llegar a territorio estadounidense. Para quienes pasan años viajando, poniendo su vida en peligro, la agenda migratoria en la superpotencia marca un horizonte sombrío: muros y deportación.
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