Ciudad de México | Desinformémonos. Ante el creciente dominio de los grupos del crimen organizado a lo largo y ancho de Chiapas, la Diócesis de San Cristóbal criticó “el silencio de las autoridades” que demuestra “un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales”, cuya presencia y disputas territoriales someten a la población a un clima general de violencia en la que predominan el reclutamiento forzado, secuestros, amenazas y despojo.

“Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narcobloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, denunció la Diócesis en un comunicado difundido el pasado 23 de septiembre, en el que señala la omisión de “los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”.

El periodista Hermann Bellinghausen, enviado en Chiapas, resume la situación de violencia generada en gran parte por las disputas territoriales en busca de nuevas rutas hacia el norte de la entidad por parte de los cárteles, especialmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero también por la presencia de grupos civiles armados en municipios como Pantelhó y Chenalhó, los denominados “motonetos” en San Cristóbal de las Casas, los cobros de piso en mercados públicos y los “añejos” conflictos territoriales.

“El alarmante coctel viene aparejado a la inmensa oleada de migrantes centro y sudamericanos que inunda la franja fronteriza terrestre y busca internarse en el país a toda costa. Constituyen una mercancía más para los delincuentes”, destaca Bellinghausen.

El control por parte de los grupos del crimen organizado recorre desde la capital hasta los municipios y carreteras de todo el estado. Tan sólo hoy fue difundido un video en el que se observa una caravana de hombres armados del Cártel de Sinaloa en la carretera entre los municipios de Frontera Comalapa y San Gregorio Chamic, en medio de vítores y aplausos de la población civil a los costados de la vía.

De acuerdo con la Diócesis de San Cristóbal, el crimen organizado no sólo mantiene bajo amenaza, hostigamiento, persecución y desabasto a la población de Chiapas, sino que además ejerce “presión y control social, político y psicológico de diferentes grupos para que el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal”.

Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración tajante sobre la intervención del gobierno para proteger a los chiapanecos y hace frente a la crisis de violencia que atraviesa la entidad. Ya en 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) había adelantado el panorama violento en su comunicado “Chiapas al borde la guerra de civil”, donde denunció los ataques armados y paramilitares a las comunidades indígenas del estado, el robo por parte de los funcionarios “de todo lo que pueden del presupuesto estatal”, así como las alianzas de los servidores públicos con el narcotráfico. “El gobierno de Chiapas no sólo solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares”, dijo entonces el Subcomandante Galeano.