Una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea la responsabilidad jurídica de Canadá por las violaciones de derechos humanos vinculadas a sus empresas mineras en el extranjero.
Al no encontrar vías de justicia en Canadá, la familia del defensor del medio ambiente mexicano Mariano Abarca, asesinado en el 2009, ha presentado una innovadora denuncia contra Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la denuncia se alega que Canadá incumplió sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al presionar a las autoridades mexicanas para que impulsaran un proyecto minero canadiense a pesar de tener conocimiento de las amenazas que pesaban sobre la vida de Mariano. Desde entonces, Canadá no ha investigado ninguna irregularidad cometida por funcionarios de la embajada canadiense que, con su apoyo inquebrantable y su persistente presión en favor de la empresa minera canadiense, podrían haber puesto en mayor peligro la vida de Mariano. La denuncia marca la primera vez que una embajada canadiense es señalada ante la CIDH por sus actuaciones en otro país.
El líder comunitario Mariano Abarca participó activamente en el movimiento para proteger los derechos de la comunidad en relación con el proyecto minero «Payback», una mina de barita propiedad de Blackfire Exploration Ltd («Blackfire») que operó en su ciudad natal de Chicomuselo, Chiapas, entre 2007 y 2009. Tras recibir quejas de Blackfire sobre la oposición de la comunidad en torno a la mina, una delegación de alto nivel de la Embajada de Canadá acudió a la oficina del Gobernador de Chiapas para «abogar» por Blackfire en octubre de 2009. Siete semanas después, el 27 de noviembre de 2009, Mariano fue asesinado a plena luz del día frente al restaurante de su familia. Casi 14 años después, no se ha llevado a cabo ninguna investigación creíble sobre su asesinato.
La denuncia ante la CIDH, presentada el 2 de junio por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP), se basa en más de 1.000 páginas de informes internos y correos electrónicos de la Embajada de Canadá en México que muestran que la Embajada desempeñó un papel crucial en la puesta en marcha de la mina, pero no realizó ninguna debida diligencia en materia de derechos humanos antes de involucrarse.
«El personal de la embajada trabajó tras bastidores para promover los intereses mineros de Blackfire, sabiendo al mismo tiempo que Mariano era un defensor de los derechos humanos amenazado y que sus acciones u omisiones podrían aumentar el riesgo real para su vida», afirma Leah Gardner, abogada del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP). «Esta combinación de influencia y previsibilidad de daños graves creó una obligación legal para Canadá de hacer lo que estuviera razonablemente a su alcance para evitar aumentar el riesgo para su vida y ayudar a protegerlo.»
En 2018, la familia y los partidarios de Mariano Abarca presentaron una queja ante el Comisionado de Integridad del Sector Público (PSIC) en un esfuerzo por iniciar una investigación sobre si las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá pusieron a Mariano en mayor riesgo. El Comisionado se negó a investigar la conducta de la embajada en este caso, y la Corte Federal de Apelación de Canadá confirmó la decisión. En enero de 2023, la Corte Suprema de Canadá desestimó el recurso de apelación de la decisión de la Corte Federal de Apelación, cerrando así la puerta a cualquier investigación por parte de Canadá. La denuncia presentada ante la CIDH pretende cambiar esta situación.
José Luis Abarca -hijo de Mariano- ha venido esta semana a Ottawa con Esperanza Salazar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) para presentar la denuncia contra Canadá en una visita respaldada por 15 organizaciones y coaliciones de la sociedad civil canadiense. «Canadá se ha negado a investigar si los funcionarios canadienses tienen alguna responsabilidad en el asesinato de mi padre», afirma José Luis Abarca. «Este caso es importante, no sólo para mi familia, sino para todos los demás defensores de los derechos humanos y del medio ambiente de todo el mundo que tienen la desgracia de llamar la atención de los intereses mineros canadienses».
Las inversiones mineras canadienses en México van en aumento. «A medida que más dinero de la minería canadiense llega a México, aumenta sustancialmente el riesgo de violencia contra los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que se oponen a estos proyectos», afirma Esperanza Salazar. «Los funcionarios canadienses deben tener esto muy presente».
Canadá anunció recientemente su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2028-2030 y en su lista de prioridades figura «buscar justicia y rendición de cuentas para quienes están en primera línea defendiendo los derechos humanos.» Para Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá, Canadá tiene un largo camino por recorrer para tomar en serio la rendición de cuentas. «Las embajadas canadienses siguen desempeñando un papel fundamental en la promoción de las inversiones mineras canadienses en todo el mundo», afirma. «Sin embargo, se lavan las manos ante la responsabilidad de proteger a las personas que se ven perjudicadas por esas inversiones canadienses. Esperamos que la CIDH tome este caso finalmente en serio, porque Canadá no lo ha hecho hasta ahora».
Documentos:
- Resumen de la petición (disponible en español, inglés, y francés)
- Petición completa (disponible en inglés)
- Para más información en inglés: Justice4Mariano.net
Contactos:
- Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina, MiningWatch Canada, viviana@miningwatch.ca, tel. 438-993-1264
- Leah Gardner, Abogada, Justice and Corporate Accountability Project (JCAP), lgardner@justice-project.org
Para coordinar entrevistas con José Luis Abarca, Esperanza Salazar u otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, póngase en contacto con Viviana Herrera.
Publicado originalmente en Mining Watch
