(2 de agosto de 2014).- Este año diversas entidades federativas han iniciado procesos legislativos con iniciativas de leyque resultan un riesgo para el derecho a la libertad de expresión y reunión en contextos de protesta social. Balas enPuebla, garrotes en Chiapas, iniciativas de Ley contra las manifestaciones públicas en los estados de San Luis Potosí, Distrito Federal, Jalisco y Quintana Roo. Nunca se pensó que estos actos de autoritarismo traspasarían el límite, y es que a esto se le suma la Ley Mordaza aprobada ayer en el Congreso de Sinaloa; un golpe más para la libertad de expresión.

Los Gobernadores vuelven a ser el centro de atención, esta vez dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido de Acción Nacional (PAN), ellos han violado los derechos fundamentales como la libertad de expresión llegando a la represión, incluso a la muerte. Sin embargo, diversos organismos civiles, activistas y líderes sociales ya tienen en la mira estos actos represivos que le han quitado la vida a más de uno.

Balas en Puebla

Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de Puebla; aprobada y publicada el 19 de mayo de 2014.

Artículo 10.- “Se considera legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física.”

“La ley prevé mecanismos para hacer prevalecer el orden colectivo privilegiando el diálogo, la persuasión o la advertencia, y no descarta el uso de armas no-letales por parte de los policías, como última medida para defenderse a sí mismos o a terceros de agresiones. La ley indica que las armas incapacitantes no letales son las que no ocasionan lesiones que puedan poner en riesgo la vida de las personas, pero no ejemplifica qué tipo de artefactos pueden ser utilizados por la fuerza pública”.

Esto ocasionó que los pobladores de la entidad se manifestaran el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, estos protestaron contra la desaparición de las oficinas del Registro Civil en las Juntas Auxiliares, autoridades comunitarias desconcentradas de los municipios poblanos. Ante la protesta, el gobierno desalojó un bloqueo en la autopista Puebla-Atlixco, desatando un enfrentamiento entre elementos locales e inconformes; los policías dispararon latas de gas lacrimógeno, y los participantes en la protesta, utilizaron palos, piedras y cohetones.

Entre los disturbios, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años, resultó herido con un proyectil que le perforó el cráneo; otro civil fue golpeado por una lata de gas lacrimógeno, uno más por una roca y 48 policías salieron lesionados, según la versión de la procuraduría local. El menor fallecería 10 días más tarde por complicaciones con las heridas enel cráneo.

Tras la muerte del niño, el Gobernador propuso abrogar la Ley, misma que se encuentra en la congeladora debido a que el Congreso está controlado por Moreno Valle. Sin embargo, el mandatario argumentó que pese a que la legislación cumple con los requerimientos internacionales, solicitó su abrogación debido a que fue estigmatizada y se crearon falsas posturas en torno al ordenamiento legal.

Garrote en Chiapas

El pasado 16 de mayo, el Congreso chiapaneco aprobó la iniciativa enviada el pasado 23 de abril por el Gobernador Manuel Velasco Coello y que se denomina: “Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas”, en contra de movimientos, disturbios y protestas sociales, así como el uso de armas no letales en estas concentraciones por parte de los cuerpos policiacos estatales.

El nuevo Código considera que una manifestación es violenta cuando un grupo de personas se encuentra armado, o bien en la petición que se hace ante la autoridad se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que se deseen, o se incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana.

En el Artículo 8 establecen los distintos tipos o niveles en el uso legítimo de la fuerza:

– Persuasión o disuasión verbal

– Reducción Física de Movimientos

– Utilización de armas incapacitantes no letales

– Utilización de armas de fuego o letales

Después de una situación parecida a la Ley aplicada en Puebla, muchos no querían que pasara lo mismo. Ante esto la Comisión Permanente del Congreso de Chiapas recibió la propuesta del gobernador Manuel Velasco Coello para abrogar el Código de Uso de la Fuerza Legítima de Chiapas, conocida como la Ley Bala chiapaneca o Ley del Garrote, luego de que fuera aprobada el 15 de mayo y publicada en el Periódico Oficial el pasado 4 de junio, y después de queen Puebla el gobernador Rafael Moreno Valle abrogara una disposición local en el mismo sentido.

Reprimir es un delito

Marchar para exigir justicia también viola los derechos humanos, en diversos estados se ha aplicado diferentes situaciones, en San Luis Potosí en una publicación de mayo de 2014 dicta que está presentada, pero sin aprobar, lo mismo sucede con Jalisco, en donde establece que debe darse aviso para celebrar manifestaciones y menciona que representan un peligro para la integridad de las personas.

En Jalisco, establece los días y horarios posibles para manifestarse, menciona las sanciones administrativas, prohíbe cubrirse los rostros; a pesar de que todavía no está aprobada se espera que este año ya estén listas.

Mientras tanto en Quintana Roo la Ley de Ordenamiento Cívico, aprobada y publicada el 2 de mayo de 2014, faculta la autoridad para tomar las medidas necesarias, se limita el espacio público al sólo permitir utilizar la mitad de los carriles, también prohíbe los bloqueos. En el DF la Ley de Movilidad ya está aprobada por la ALDF, igualmente prohíbe las manifestaciones en vías primarias de circulación y con la intención de que si esto se sale de control, genera la posibilidad de que las autoridades actuen de manera arbitraria.

“La falta de actuación de la CNDH sucede a pesar de que distintas voces de la sociedad civil organizada anunciaron que esta Ley anti marchas de Quintana Roo, como iniciativas en el estado de Puebla, Chiapas y San Luis Potosí, atentan contra el derecho a la protesta y a la libertad de expresión en México”, menciona la página de Article 19.

La prensa calla

El titular del Ejecutivo estatal sinaloense, Mario López Váldez, propuso reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones, entre ellas el artículo 51 Bis que establece que los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones, sólo a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública.

“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, indica.

La denominada Ley Mordaza es contraria al derecho a la información de la población sinaloense y la de todo el país, al obligarlas a someterse a la versión oficial, al tiempo que abre márgenes de posibilidad para la criminalización del ejercicio periodístico. Las asociaciones de periodistas con mayor presencia y reconocimiento en Sinaloa rechazaron la“Ley Mordaza” y dijeron que buscarán que no sea publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, ya que atenta contra la libertad de expresión.

Explicaron que el prohibir tomar fotografías y video en el lugar de los hechos implica que no puedan realizar su trabajo adecuadamente, y que los policías tendrían derecho a detener a los reporteros que hagan caso omiso a esta disposición.

Un grupo de comunicadores se reunió esta mañana con el fin de exigir que se dé marcha atrás al dictamen. Mientras tanto El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Enrique Hernández Chávez, anunció hoy que la derogación se dará regresando de vacaciones.