El pasado 6 de marzo, más de 70 diputados dieron su apoyo a un proyecto de ley para despenalizar el aborto en Argentina. Dicho proyecto de ley reconoce a las mujeres el derecho a acceder a un aborto legal en las primeras 14 semanas de embarazo, por cualquier razón, sin enfrentar acciones penales.

En los últimos 13 años, se han presentado al Congreso de la Nación, con muy poco éxito, 6 proyectos de ley sobre esta cuestión. La ley argentina vigente solo permite el aborto cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro, o en caso de violación. Pero el proyecto de ley que ahora debe considerar el Congreso ha renovado las esperanzas de las activistas, sobre todo porque el rol de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuitoha sido crucial para darle forma. En un país donde la religión juega un papel importante, Católicas por el Derecho a Decidir – Argentina (CDD-Argentina), organización asociada a la Coalición Internacional de Salud de la Mujer (IWHC, por sus siglas en inglés), ha sido una de las organizadoras de la Campaña Nacional.

 El gobierno debe reconocer y dar respuesta a la realidad de las restricciones actuales al aborto, que obligan a mujeres y niñas a acudir a proveedores clandestinos.

El proyecto de ley de ampliación del acceso al aborto es la culminación de un movimiento de base a favor del derecho a decidir. En febrero, miles de mujeres salieron a la calle en Argentina para exigir un mayor acceso a un aborto seguro y legal. Un mar de manifestantes con pañuelos verdes – el emblema distintivo de la Campaña Nacional -, se reunió frente al Congreso de la Nación, a la vez que el hashtag #AbortoLegalYa se convertía en trending topic en las redes sociales.

El mensaje fue claro: el gobierno debe reconocer y dar respuesta a la realidad de las restricciones actuales al aborto, que obligan a mujeres y niñas a acudir a proveedores clandestinos para poner fin a embarazos no deseados o de riesgo.

El 2 de marzo, el presidente Mauricio Macri solicitó al Congreso que abriera el debate sobre el aborto, aunque se mantuvo a prudente distancia del tema. Reiterando su postura antiabortista, estableció sin embargo los parámetros para un debate «responsable», en el que es preciso escuchar un amplio espectro de opiniones y perspectivas. La postura de Macri parece obedecer a una constatación tardía de que, a pesar de su propia opinión sobre el tema, el país está clamando por un cambio y que la demanda del derecho al aborto es tan fuerte que ya no puede ignorarse.

El proyecto de ley es producto del trabajo e incansable activismo del poderoso y estratégico movimiento feminista argentino. Nuestra organización asociada, CDD-Argentina, lleva años promoviendo una mayor consciencia por parte de los medios de los problemas del aborto, y ayudando a los periodistas a cubrir el tema con precisión, reflejando la realidad de las mujeres que tienen embarazos no deseados. CDD-Argentina ha trabajado también para crear estado de opinión acerca del desastroso impacto que tiene la criminalización del aborto en la vida de las mujeres argentinas. Un buen ejemplo es el caso de Belén, condenada a 8 años de prisión por «doble homicidio agravado» tras sufrir un aborto involuntario y buscar atención médica.

El compromiso con el aborto seguro, legal y gratuito está en el corazón mismo del movimiento feminista. Fui testigo de primera mano de ello en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2017, que reunió un asombroso número de participantes, 70.000, con voluntad de aprender unas de otras, crear estrategias e intercambiar energía. Trabajadoras sexuales, mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres de clase trabajadora, mujeres discapacitadas y mujeres trans se reunieron para debatir sobre una amplia gama de cuestiones que afectan a las mujeres y a las personas de género no convencional – entre otras, la violencia, la ampliación del derecho al aborto y el cambio climático Ese mismo compromiso con el aborto se manifestó a principios de este mes, cuando las organizaciones feministas y asociadas celebraron el Día Internacional de la Mujer en Argentina con una huelga de mujeres en la que los derechos reproductivos figuraban en lugar destacado en la relación de demandas.

No pudiendo negar la creciente demanda de ampliación del derecho al aborto, el Congreso ha acordado, por primera vez en la historia, llevar adelante un debate sobre el nuevo proyecto de ley (los proyectos de ley de despenalización anteriores no reunieron suficientes firmas para alcanzar el quórum que posibilitara un debate). Aunque el proyecto de ley tiene un largo camino por delante – debe pasar por 4 comisiones antes de debatirse en la cámara -, hay fundadas razones para creer que esta vez las cosas serán distintas.

 Según datos del Ministerio de Salud, se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos cada año, muchos de ellos en condiciones precarias e inseguras.

A diferencia de Brasil y Perú, donde los evangélicos de línea dura han consolidado su control en las cámaras legislativas a nivel local y nacional, no hay en el Congreso argentino ningún bloque fundamentalista organizado en contra de los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQ y los derechos reproductivos. Por otra parte, el apoyo público para la despenalización del aborto va en aumento. Una encuesta reciente – realizada por Amnistía Internacional y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), asociado a la IWHC, con la colaboración de Quiddity – señala que más de la mitad de la población apoya total o parcialmente la despenalización. Está además el hecho de que el aborto, a pesar de las restricciones actuales, sigue siendo muy común en Argentina. Según datos del Ministerio de Salud, se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos cada año, muchos de ellos en condiciones precarias e inseguras.

Considerando estas estadísticas, las activistas han centrado sus energías en garantizar que mientras la ley no se modifique, tantas mujeres como sea posible puedan acceder a un aborto legal. CEDES, por ejemplo, trabaja con proveedores de servicios de salud en aras a desarrollar su capacidad de ofrecer servicios de aborto de calidad y sin prejuicios, entendiendo que la excepción de salud contemplada en la ley vigente incluye la salud mental y el bienestar social. Con esta tarea, CEDES no solo ha ayudado a ampliar el acceso al aborto a pesar de las excepciones actuales, sino que también ha ayudado a capacitar a una serie de proveedores de salud que son, a la vez, defensores del derecho al aborto.

El nuevo proyecto de ley es una victoria para el movimiento feminista, pero su impulso es fruto de muchos años de trabajo incansable por parte de activistas, ONGs, la Campaña Nacional, periodistas comprometidos con el derecho a decidir, proveedores de servicios de salud, abogados, y otros.

La promesa de un debate en el Congreso argentino sobre la despenalización del aborto tiene, por añadidura, alcance regional. Algunas de las leyes de aborto más restrictivas del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe – aunque hay indicios de que los puntos de vista sobre el aborto se están suavizando. En 2012, Uruguay lo despenalizó, en gran parte gracias a la tenaz persistencia del movimiento feminista uruguayo. El verano pasado, Chile dio un paso histórico para ampliar el acceso al aborto. Si la tendencia se mantiene, Argentina puede ser el próximo país de América Latina en mover ficha en relación al derecho al aborto.

Pase lo que pase, sabemos que Argentina se está acercando cada vez más a la ampliación del derecho al aborto como resultado de muchos años de duro trabajo y dedicación por parte de las activistas de los derechos de las mujeres en todo el país.

Publicado originalmente en openDemocracy