La organización internacional reconoció el uso del lenguaje con la intención de estigmatizar y una normativa que podría llevar a la ejecución de desalojos forzados.

El Informe Una receta para criminalizar elaborado por Amnistía Internacional da cuenta de la situación de hostigamiento en la que se encuentran lideresas y líderes defensores del medio ambiente, derechos humanos y de territorio.

De acuerdo con el documento, la organización internacional logró identificar “una receta para criminalizar” a los defensores. Por ejemplo, Amnistía Internacional reconoció el uso del lenguaje con la intención de estigmatizar y una normativa que podría llevar a la ejecución de desalojos forzados.

Asimismo, logró establecer como otra “receta”, la apertura de expedientes judiciales en contra de los defensores por la labor que desempeñaban.

Caso Máxima Acuña

Máxima Acuña, ganadora del Premio Goldman, uno de los más prestigiosos en materia ambiental, fue denunciada por el delito de usurpación en agosto del 2011. Lo mismo ocurrió con su esposo Jaime Chaupe Lozano, su hija mayor Isidora Chaupe Acuña y su yerno Elías Rodríguez Chaupe.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Máxima Acuña y su familia habrían despojado “por violencia” de la posesión del terreno conocido como Tragadero Grande en la región de Cajamarca, a la empresa Minera Yanacocha.

Sin embargo, cuando Amnistía Internacional accedió al expediente judicial descubrió que la Fiscalía no presentó ninguna prueba que sustente la acusación de que ingresaron al terreno en cuestión mediante el uso de la violencia o amenazas.

En este caso, la organización sostiene que “este proceso implicó una forma de hostigamiento e intimidación en contra de la defensora, mediante el cual se usó de forma indebida el sistema de justicia para obstaculizar y silenciar su trabajo en defensa de los derechos humanos”.

Caso César Estrada

César Estrada, comunicador social indígena, rondero y defensor de derechos humanos, fue acusado por la Fiscalía por los delitos de secuestro y hurto agravado en el 2013.

Sin embargo, el 11 de julio del 2017, tres años y medio después de iniciado el proceso, durante el debate oral y público, el juzgado informó sobre la posibilidad de que ciertos hechos fueran tipificados como delito de extorsión y no como secuestro y hurto agravado, como se planteó inicialmente.

Comunicador social indígena César Estrada / FOTO: Amnistía Internacional

A pesar de que la Fiscalía señaló a los acusados como los responsables del delito de extorsión “pero no vinculó esta esta conclusión con las pruebas ni otorgó elementos probatorios de que pudiera haberse cometido tal delito” y no pudo demostrar que Estrada haya cometido un delito.

A pesar de ello, el 25 de julio del 2017, el Juzgado Colegiado Supraprovincial de Cajamarca sentenció al comunicador social y a otro de los ronderos a una pena efectiva de 10 años de prisión por el delito de extorsión y al pago de 8 mil soles por el concepto de reparación.

“Este proceso penal ha sido una forma de hostigar e intimidar a César Estrada por su labor en la defensa de derechos humanos y enviar además un mensaje a otros miembros de la comunidad para que no continúen con esta labor”, sostiene Amnistía Internacional.

Acusados sin pruebas

La organización internacional recoge también el caso de 16 líderes y lideresas comunitarias que fueron acusadas por los delitos de secuestro agravado, y en forma subsidiaria, el delito de coacción. Ellos reivindican los derechos al medio ambiente en el contexto del proyecto minero Conga en el departamento de Cajamarca.

Entre los acusados se encuentran los defensores del medio ambiente Milton Sánchez Cubas y Ramón Abanto Bernal, presidente y subsecretario general de la Plataforma Institucional de Celendín (PIC) que se fundó en el 2009 para la defensa del agua y el medio ambiente.

Publicado originalmente en Servindi