El Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad (LIDECS) alerta sobre el proyecto de construcción, en la zona metropolitana de Cuernavaca, de una planta productora de combustible derivado de residuos. De concretarse, representaría uno de los casos de injusticia ambiental más importantes del país, aseguran.

Desde el año pasado, representantes de la empresa Sociedad Cooperativa Cruz Azul entraron en negociaciones con el gobierno de Morelos para la construcción de dicha planta, desde donde se enviarían más de mil toneladas diarias de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y otro tipo de residuos a una planta en Tula, Hidalgo, para su incineración y posterior empleo como combustible alterno.

El proyecto, que no cuenta con la aprobación de las comunidades en riesgo, es contrario a las leyes hidalguenses de manejo de residuos y protección ecológica; deja fuera a los pepenadores, con el impacto socio-económico que ello implica; aumenta los riesgo de contaminación atmosférica y de daños a la salud ambiental y humana de las comunidades, mientras que empresarios y gobernantes captan las ganancias económicas; amenaza los planes nacionales y estatales de adaptación y mitigación al cambio climático; desincentiva el manejo sustentable y sostenible de los RSU; y crea una deuda ecológica, económica y social entre dos entidades federativas.

Por todas estas razones, el LIDECS cuestiona el plan de construcción de una planta productora de combustible derivado de residuos en la capital de Morelos, que en caso de ser aprobado sería “un proyecto piloto para muchas otras empresas cementeras”.

En un documento, quienes integran este laboratorio cometan que en los últimos años la industria cementera ha expandido su búsqueda de alternativas respecto del combustible que utilizan para la producción del cemento. Así, han incluido a los RSU (la basura que se produce en casa) en su listado, situación que aumenta los riesgos de contaminación y de daños a la salud ambiental y humana, e implica un retroceso en el manejo de los RSU pues limitan su reciclaje y reutilización.

El hecho de emplear los RSU tiene un doble beneficio para la industria cementera, que además de producir el combustible que necesita, cobra a los municipios cantidades que van desde los 130 hasta los 350 pesos por el procesamiento térmico de cada tonelada de residuos.

“Más allá del claro nivel de corrupción que se observa en este proyecto, que tiene muchas similitudes con convenio firmado por el Gobierno del Distrito Federal y la empresa CEMEX para el uso de más de siete mil toneladas de RSU diarios, lo que pretende el gobierno de Morelos, que se ha convertido en el principal promotor del proyecto, es crear un modelo de servicios desde los propios gobiernos, para que la iniciativa privada tenga una mayor ganancia y un mayor control de los servicios básicos que requiere cualquier municipio”.