Comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes son las más afectadas por los conflictos en Colombia, que con violencia e intimidación obligan al desplazamiento forzado de sus habitantes y la demarcación y apropiación de tierras, de las cuales por lo menos 8 millones de hectáreas de tierra fueron abandonadas o adquiridas ilegalmente.

Alrededor de 70 mil personas del total de desplazados por el conflicto interno son indígenas, confirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y desde 1985 se desplazaron más de 6 millones de personas.

«Cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan, tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio”, señaló la directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

La organización resaltó que desde el año 2000 se otorgaron varios títulos de minería en territorios indígenas y afrodescendientes, al mismo tiempo que crecía la actividad minera ilegal. Quienes se oponen a los intereses de la minería o reclaman el derecho a la explotación artesanal son amenazadas, despojados, forzados a desplazarse o incluso, asesinados.

Para la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la búsqueda de control territorial entre las fuerzas armadas legales e ilegales es el detonante para muchas de las violaciones a derechos humanos que hoy son cometidas contra los pueblos.

Con información de Adital