México DF. Siguen las agresiones de paramilitares del grupo Paz y Justicia, bajo las siglas UCIAF, contra la comunidad zapatista Comandante Abel, cuyos pobladores han debido huir al monte para protegerse de los disparos. La junta de buen gobierno (JBG) Nueva semilla que va a producir, del caracol Roberto Barrios, en la zona norte, calificó como “grave” la situación de las bases de apoyo de dicha comunidad y de Unión Hidalgo, en el municipio autónomo La Dignidad.

La violenta invasión al poblado comenzó el pasado día 6, y pesar de las denuncias, las autoridades no han intervenido para detener los ataques. El día 8 “continuaron los disparos de armas de gruesos calibres en dirección de la comunidad”. Niños, mujeres y ancianos “se escondieron bajo los árboles, troncos, piedras y se dispersaron en el monte por el miedo de ser alcanzados por las balas”. Así pasaron una noche “bajo lluvia y frío, hasta los dos días se supo su paradero que salieron en algunas comunidades”.

La JBG reporta como desaparecidos a dos mujeres desplazadas y dos niños con fiebre, vómito, diarrea y tos. “Tenemos 70 entre compañeros y compañeras, niños y ancianos. Quedaron algunos para defender la tierra”.

Ese día, “los invasores construyeron dos trincheras y tres casas”, mientras las bases zapatistas de la vecina Unión Hidalgo también se desplazaron por “las fuertes amenazas de ser masacrados por paramilitares de la misma comunidad”. Las familias “se fueron en la montaña durante tres días”. Son “diez desplazados y un recién nacido; sólo quedaron los jóvenes para cuidar sus casas y pertenencias”.

El día 9 los agresores ampliaron “el lugar donde tienen tomado”. A las 16 horas hicieron dos disparos. A las 21:30 horas, otros 25 “de diferentes calibres”. A medianoche, cuatro más. El día 10 “entraron tres hombres armados para reforzar a los invasores; son de Saquijá, municipio de Sabanilla”. El día 11 edificaron cinco viviendas.

La JBG acusa al ex candidato priísta Carlos Cleber González Cabello de financiar “la compra de armas de los invasores”. De “todo lo que está pasando y de lo que va a pasar”, la JBG responsabiliza “a los tres niveles del mal gobierno” como “autor intelectual que organiza, financia, prepara, arma y ordena a estos grupos paramilitares y delincuentes a través de sus instituciones armadas”. Viendo que las bases zapatistas “no caen en la gran mentira” de las “limosnas”, aquéllos “siguen su plan de ser dueños de las riquezas de nuestro país”.

Entonces “nos mandan matar, desalojar y destruir nuestras tierras”. El gobierno habla “de paz, de defender garantías, de que se hace justicia en México (y) pide apoyo económico a la ONU según para combatir la pobreza”, pero ese dinero “sólo se está utilizando para financiar a grupos armados”.

La junta zapatista cuestiona: “¿Es paz organizar grupos para matar a su propio hermano? ¿Cuál es el grave delito que han cometido estos compañeros: poseer un pedazo de tierra para vivir y mantener la familia?”

El gobierno “es una vergüenza ante el mundo”, que dice combatir la delincuencia “cuando en verdad está protegiendo grupos y dirigentes que actúan públicamente contra los pueblos en resistencia; sabe bien el mal gobierno quiénes son, dónde están, no hace nada porque son ellos sus máximos líderes”, y los actos que cometen “no son delitos, al contrario, los protegen”.

La JBG declara: “No estamos en contra de los que no están con nosotros; al contrario, al grupo oficialista que vive en San Patricio le entregamos una parte de la tierra que nos correspondía porque también ellos tienen derecho a la vida, y para eso nuestros bases se reubicaron en el predio La Lámpara para construir su nueva comunidad en honor a nuestro compañero finado comandante Abel”.