Ciudad de México I Desinformémonos I Como improvisado, incompleto e insuficiente calificaron organizaciones civiles al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar anunciado el lunes 9 de enero por la Presidencia y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se negó a firmarlo argumentando que el texto final se los entregaron dos horas antes y que es un documento sin el consenso necesario, excluyente.
En medio de la indignación de los mexicanos, marchas en todo el país, bloqueos en carreteras y “saqueos” de extraña procedencia por el aumento en los precios de los combustibles, el Presidente Enrique Peña Nieto insistió en que la gasolina es más barata en México que en el mundo y presentó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el cual pretende fortalecer el mercado interno y contener la escalada en los precios de la canasta básica. No hubo ni una sola mención al combate a la corrupción y sí, muchos elogios al presidente.
El Acuerdo, firmado por el gobierno mexicano, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las viejas estructuras priístas como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC) incluye un decreto para la repatriación de capitales desde el extranjero, sin embargo, el documento no fue firmado por la Coparmex y por la Conago, organismo que aglutina a los gobernadores. No tuvo tampoco un mínimo de consenso con organizaciones sociales.
El Acuerdo, que se parece mucho a pactos firmados en sexenios anteriores, tiene como ejes fundamentales la promoción del regreso de capitales mexicanos que están invirtiendo en otros países, emprender acciones para mantener estabilidad en los precios, la modernización del transporte público para facilitar la movilidad urbana, mejorar las condiciones del crédito a través de la Banca de Desarrollo, la expansión de servicios sociales como las guarderías del IMSS y la mejora de prestaciones sociales.
En materia de inversión y empleo plantea la reactivación y fortalecimiento de los programas de apoyo al diésel agropecuario y marino así como impulsar el fomento a la empresa mediana y pequeña.
Se propone detonar la inversión en esquemas de asociación público-privadas para construir hospitales, carreteras y escuelas y acelerar el desarrollo en las llamadas Zonas Económicas Especiales impulsando 81 proyectos de infraestructura.
Horas más tarde, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que la propuesta inicial del documento “buscaba culpar a los empresarios de las equivocaciones de la administración federal y lo consideró un acuerdo “polarizante” porque ponía al sector sindical y a organizaciones campesinas a estar pendientes de los precios al consumidor.
En este contexto, la Coparmex planteó la necesidad de un acuerdo que sea incluyente a todos los partidos políticos y organizaciones sociales “para que haya un consenso amplio” y se pueda firmar un documento el 5 de febrero próximo.
Entre las propuestas del empresariado que no firmó destacó eliminar programas sociales que, a juicio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), están duplicados. Además de disminuir el impuesto especial a productos y servicios (IEPS), que en las gasolinas suponen el 40 por ciento del costo al consumidor final.
Con información de Proceso y Animal Político
