Foto: Comités de Cuenca Río Sonora

Ciudad de México | Desinformémonos. “Le exigimos a los accionistas de Grupo México que tomen cartas en el asunto y que vean dónde están poniendo sus recursos: en una empresa criminal”, dice José Manuel López, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, al referirse a la contaminación ocasionada por el derrame de la mina “Buenavista del Cobre” en el Río Sonora.

A casi siete años del que ha sido calificado por distintas organizaciones sociales como “uno de los peores desastres ambientales en México”, las comunidades continúan a la espera de una remediación integral, explica López. Además, dice, hasta el momento los accionistas no se han pronunciado.

“Las comunidades afectadas no sabemos cómo está la calidad del agua, hay mucha gente que todavía toma la de la llave porque no tiene para comprar un garrafón”, dice el integrante de los Comités, y denuncia que siguen en la incertidumbre sobre la salud de miles de personas. Después del derrame, el gobierno federal se comprometió a construir un hospital, pero, explica, éste quedó en obra negra y no llegó a funcionar.

Los agricultores exigen también la reactivación económica de la región, pues, dice, perdieron todo, ya que nadie quería comprar las marcas del Río Sonora. “Antes sembrábamos mucha hortaliza, cacahuate, chile verde, maíz, calabaza, pepino, chile, y ahora casi todo se volvió de forraje, sembramos avena, trigo, alfalfa, porque lo que producíamos estaba contaminado y no lo querían”, explica el campesino.

Buenavista del Cobre, una mina de Grupo México y la tercera productora de cobre en el mundo, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi, el seis de agosto de 2014. El derrame de tóxicos se extendió por más de 250 km y afectó a los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures, lo que provocó daños sustanciales a la salud, el medio ambiente y la economía local, de acuerdo con el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

En septiembre del 2014 se creó el Fideicomiso Río Sonora a raíz de un convenio entre Grupo México y las autoridades federales, para el cual, la empresa prometió asignar 2 mil millones de pesos para atender las afectaciones ocasionadas por el derrame, pero éste, denuncia el defensor, “no tuvo intenciones de remediar los daños y no fue lo que esperábamos”.

El Fideicomiso dejó de funcionar en 2017 sin informar a las comunidades y sin gastar más de 800 mdp del presupuesto asignado, señaló PODER, quien acompaña a las comunidades afectadas. Los Comités de Cuenca Río Sonora interpusieron un amparo contra la extinción del fideicomiso, el cual fue otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero del 2020.

En el 2017, después de la creación del Fideicomiso, narra López, las autoridades dieron a los agricultores diez mil pesos para la siembra, pero eso no compensó el daño, pues cuando ocurrió el derrame estaban a punto de cosechar, asegura López, y añade, «ese dinero no equivale a una siembra, no alcanza ni para labrar la tierra», aún así, encontraron el modo de salir adelante.

Las comunidades pidieron la instalación de 36 plantas potabilizadoras, de las cuales se pusieron siete y sólo una funciona en el municipio de Banámichi, asegura López, y precisa que ésta no separa metales pesados, lo que fue una de sus exigencias para poder tomar agua limpia.

Autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconocieron en noviembre de 2020, que tras muestreos realizados, el agua de consumo humano en los siete municipios del Río Sonora sigue contaminada masivamente con metales pesados –principalmente arsénico y plomo–, lo que “representa un riesgo a la salud de la población”, señalaron los Comités de la Cuenca Río Sonora.

En el 2015, el gobierno aprobó una nueva presa de jales a la filial de Grupo México, la cual tiene la capacidad de almacenar 51 mil veces más lo derramado en 2014, narra López, y advierte que “las comunidades del Río Sonora estamos en una bomba de tiempo y las autoridades no nos toman en cuenta”.

Muchas personas han tenido afectaciones directas a la salud, narra López, “hemos visto muchas enfermedades, manchas en la piel, caída de cabello, comezón al bañarse, y ha aumentado la cantidad de personas que mueren por cáncer”.

López considera que si las autoridades quisieran remediar el daño habrían parado la mina, pero ésta nunca dejó de trabajar. “No nos tomaron en cuenta, ni consultaron a las comunidades afectadas”, señala, y agrega que cuando se reabra el caso del fideicomiso espera que los escuchen y que exista transparencia, además de que se cumpla el contrato de remediación.