Regina Martínez fue asesinada la madrugada del 28 de abril de 2012, en su casa, en la ciudad de Xalapa. Además de ser corresponsal de la agencia de Proceso (Apro), Regina Martínez fue reportera del diario local Política de 1987 a 2010 o 2011.

“Nadie está seguro” era el mensaje de los asesinos a los periodistas. Por primera vez mataban a una reportera que no escribía nota roja, sino diarismo político, además a quien tenía la trayectoria más importante del periodismo en el estado. Otros asesinatos, ocurridos semanas después en Xalapa y en Veracruz- Boca el Río, confirmaron el signo amenazante que dejó la muerte violenta de Regina Martínez.

El crimen desencadenó una oleada de exilios de periodistas del estado de Veracruz. El asesinato de Regina Martínez era la señal de que la libertad de expresión en ese estado quedaba suspendida de facto. No solamente por el alto índice de asesinatos y agresiones a periodistas en Veracruz, sino por la impunidad en que dejan los crímenes la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República, así como a la obstinada negación del problema por parte del gobierno estatal.

Las dudosas “resoluciones” judiciales de varios casos (incluido el de la corresponsal de Proceso) presentadas por las autoridades estatales no solamente parecen inducidas y forzadas para negar todo vínculo entre los crímenes y la profesión periodística de las víctimas sino que pretenden criminalizarlas.

Los asesinatos han alcanzado incluso a quienes ejercen el periodismo de opinión de manera colateral a su labor académica, como el profesor de la Universidad Veracruzana José Luis Blanco, quien escribía textos críticos en un portal digital y hacía comentarios como invitado en un programa en Radio Universidad Veracruzana. Proceso informó de su muerte, menos de un mes después de la de Regina Martínez, como la de alguien cercano a su corresponsal. El gobierno estatal lo “resolvió” como un caso de delincuencia común cuyo móvil fue el robo. Al igual que el asesinato de Regina, según el poder, este crimen no tiene nada que ver con el hecho de ser periodistas y voces públicas en medios.

El semanario Proceso informó que su insistencia en pedir el esclarecimiento del crimen contra su corresponsal en Veracruz está presente en el informe anual 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. Sigue habiendo una suerte de esquizofrenia jurídica, como pasa con los derechos humanos en México, pues lo que a nivel internacional aparece como un claro caso de violación a derechos humanos, al menos por la falta de una adecuada investigación y, por ello, denegación de acceso a la justicia en Veracruz y, por la inmovilidad de la PGR, en el país, para los gobernantes se tiene por caso cerrado.

La impunidad ha alentado la repetición de los crímenes. El caso emblemático es el de Gregorio Jiménez, reportero secuestrado y desaparecido por un comando armado el 5 de febrero de 2014, cuyo cadáver apareció en una fosa común el 11 de ese mismo mes. La gran solidaridad que su desaparición y asesinato generó en periodistas de todo el país e incluso a nivel internacional es una nueva nota distintiva. Incluso la solidaridad se ha seguido expresando hacia la familia del reportero asesinado.

Sin embargo, el crecimiento de la conciencia y la articulación entre el gremio periodístico y la sociedad no tiene ninguna correspondencia en la respuesta de la justicia y del Estado. Esa impunidad mantiene al estado de Veracruz como uno de los más peligrosos para las y los comunicadores en el país, en un contexto en que México es quizá el país más peligroso del mundo para la prensa, es decir, uno de los más atrasados en el ejercicio de la libre información y la libre expresión.

Al cumplirse dos años del asesinato de la periodista Regina Martínez, la exigencia de justicia sigue viva en la sociedad veracruzana y en el gremio periodístico y organizaciones sociales y de derechos humanos en México: Justicia para Regina, es el reclamo.