El martes pasado, a más de dos años del asesinato del líder lenca Tomás García, se dictó la resolución del caso en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, por lo que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se manifestó fuera de las instalaciones judiciales para denunciar la impunidad que goza el ejército hondureño, responsable de la represión frente a la defensa pacífica del Río Gualcarque contra la empresa DESA y el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en Río Blanco.
La luchadora del pueblo Lenca, Berta Caceres, y el abogado y acompañante del COPINH, Víctor Fernández, rindieron declaraciones frente a los asistentes de la congregación que repudió el despojo, la discriminación, la violencia y el racismo contra las comunidades indígenas de Honduras, elementos que han desencadenado los asesinatos de cientos de líderes y defensores en el país, como el caso de García.
El COPINH hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se castigue a los culpables del asesinato del líder indígena y se realicen acciones a favor de justicia para que los miembros del ejército y el gobierno no gocen de libertad e impunidad.
Por otra parte, denunciaron las constantes amenazas de los propietarios de la empresa DESA que adquirieron de forma ilegal las tierras para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
El 14 de julio del 2013, Tomás García Domínguez fue asesinado mientras la comunidad lenca se trasladaba a hacer una guardia pacífica por la protección de su territorio, en una jornada de 100 días de protestas contra el megaproyecto.
